Para nadie es un secreto que los partidos políticos, con base en la ley, en el encaje electoral legal, tiene el monopolio del acceso al poder y por consecuencia, el monopolio del poder y los partidos políticos son la herramienta, el azadón en manos de sus cúpulas para tomar las determinaciones que más convengan a los intereses de sus nomenclaturas partidistas.
Nuestra sociedad ha realizado – por la buena voluntad de los grupos en el poder político o por necesidades-obligaciones – impuestas por las circunstancias sociales – varias reformas político-partidistas electorales: la apertura política de Echeverría – posterior al 68 -, la de Don Jesús Reyes Heroles, la Gran Reforma que creo el IFE – la llamada Reforma Electoral de Primera Generación, la llamada Reforma electoral de Segunda Generación, que ciudadaniza al IFE y/o la reforma de la Tercera Generación que totalmente independiza al IFE.
Por los hechos resultantes de la elección del 2006 y del pasado 2012, en donde se evidenció el alejamiento entre partidos políticos y sociedad, así como la inutilidad de los llamados representantes de partido, la ineficacia-inutilidad-costo-beneficio del universo del poder Legislativo-del H. Congreso de la Unión, incluso mucho antes de estos procesos electorales ya se discutía la conveniencia de realizar otra Gran Reforma que arrancaría el llamado monopolio político de acceso al poder a los partidos políticos, que junto a las figuras de la llamada democracia participativa – Ratificación de Mandato, Plebiscito, Iniciativa Ciudadana, la Segunda Vuelta, la desaparición de los representaciones plurinominales o representantes de partido y disminución del peso del H. Poder Legislativo y demás – serían el gran parte aguas – otro más – de nuestra formas y prácticas político –electorales.
Finalmente, todo parece indicar que esta Reforma Electoral viene: A más de un año de aprobada la reforma política integral, el poder Legislativo de la Unión, el pasado jueves diecinueve de este mes, concluyó el proceso legislativo que reforma los artículos constitucionales 116 y 122 de nuestra Constitución Política para hacer posible el registro oficial de candidaturas independientes en todo el país – incluyendo al Distrito Federal – y se pueda competir en todos los cargos de elección popular, quedando establecida así la seguridad de ejercer este derecho, tanto a nivel Federal como estatal, completando así la reforma que en agosto de 2012 sólo lo consideró para el caso de las Representaciones Federales.
Por tal motivo, “todo ciudadano mexicano, al margen de cualquier partido político, podrá postularse para competir por cualquier puesto de elección popular: diputados locales, diputado federal, senador de la República, presidente de la República, gobernador y presidente municipal”.
Ahora únicamente falta que se complemente esta reforma con la preparación, discusión y votación de la ley secundaria: el Reglamento correspondiente, con lo que esta reforma queda inoperante, hasta que cada estado, y el Distrito Federal, redacten las respectivas legislaciones secundarias.
Ahora únicamente falta conocer lo que, defensivamente, harán los partidos para retener el monopolio del poder. Y falta la Segunda Vuelta…Lo que viene estará muy interesante.
