El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha ayer el programa Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas, en el corazón del zapatismo del estado de Chiapas. De acuerdo con la presentación del mismo, a cargo de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, este programa, como su nombre lo señala, estará encaminado a garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a una alimentación suficiente para acabar con el hambre y la desnutrición en los grupos de la población que viven en niveles de pobreza extrema.
El programa iniciará en los 400 municipios identificados como los más pobres del país, tanto rurales como urbanos, y en los que habitan la mayor parte de los más de 7.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y padecen carencia de acceso a la alimentación, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social.
De acuerdo con Robles Berlanga, el programa buscará alinear más de 70 programas sociales que opera el gobierno federal, un presupuesto multimillonario y la conformación de un sistema de coordinación concurrente en el que participarán las diferentes dependencias que tienen relación con la política social y productiva del país.
El anuncio de este nuevo programa forma parte de los buenos propósitos que el aún flamante gobierno de Enrique Peña Nieto está asumiendo frente a la población. El reto ahora es que cumpla con sus objetivos y no se quede en buenos deseos, como ha sucedido a lo largo de los últimos gobiernos con los compromisos de erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad que padece la sociedad mexicana.
Pareciera que el fondo del problema no es exclusivamente de insuficiencia de recursos presupuestales, sino de la manera en que se han venido utilizando, cuestión que ha evitado que los mismos tengan el efecto de incidir eficientemente en la reducción de los niveles de pobreza y la atención de las necesidades alimentarias de quienes más los necesitan.
Parte del error ha radicado en que los programas de lucha contra la pobreza no han identificado de manera precisa las necesidades específicas de los grupos en situación de pobreza extrema, han tenido un enfoque totalmente asistencialista y no han potencializado las capacidades productivas de los sujetos atendidos por los mismos. Todo lo anterior, además del manejo poco transparente y clientelar del que han sido objeto en diversos momentos y contextos, principalmente de carácter electoral, cuestión que se da por descontado, habrá de ser atendida prioritariamente.
Los recursos canalizados a través de programas como Oportunidades han sido fundamentalmente asistencialistas. Se han entregado a los beneficiarios literalmente como un apoyo; una dádiva de papá gobierno, emanado de tal o cual partido. Debieran en su lugar estar diseñados para que los beneficiarios desarrollen necesariamente alguna actividad productiva. Que la entrega del apoyo se entienda como el pago por un esfuerzo laboral y/o productivo.
Los componentes de la Cruzada Nacional contra el Hambre debieran, desde el punto de vista de este comentarista, identificar diversas categorías de beneficiarios: los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños en edad de lactancia y menores de cinco años, las personas discapacitadas para desempeñar un empleo y actividades productivas, y la población en general que padezca de extrema pobreza e insuficiencia alimentaria. En el caso de las primeras cuatro categorías se hace necesario el diseño de programas específicos, tales como la beca mensual y las canastas básicas para aquellos adultos mayores que no reciben una pensión de ley; la garantía de una alimentación adecuada durante el embarazo para las mujeres en estado de gravidez, y la entrega de leche enriquecida con los nutrientes necesarios para los niños en edad de lactancia y en sus etapas primarias de desarrollo, en ambos casos para evitar la desnutrición del producto en gestación y durante sus primeros años de vida. La población discapacitada para el desempeño de actividades productivas requiere también de programas de apoyo específicos dada su absoluta dependencia económica de otros miembros de la familia, cuestión que muchas veces no es debidamente considerada.
Finalmente, la entrega de los apoyos al resto de la población en pobreza extrema o sin acceso a una alimentación suficiente debiera operarse con un enfoque no asistencialista, sino productivo. Induciendo a los beneficiarios al trabajo en equipo, a la integración de cadenas productivas, y al aprovechamiento racional de los recursos renovables, como los bosques, el agua, la pesca, y no renovables como la minería y el aprovechamiento de materiales pétreos.
De la misma manera, se hace necesario que los programas de apoyo al campo y a las actividades productivas lleguen a quienes verdaderamente los necesitan y no a quienes tienen la capacidad de otorgar un paripaso, inaccesible para los más pobres.
El anuncio del programa Cruzada Nacional contra el Hambre genera dudas para los escépticos que hemos visto cómo programas vienen y programas van para combatir la probreza extrema y el hambre, fenómenos que lejos de disminuir siguen creciendo, colocando al país en una situación de crisis máxima, si la expresión es válida. Por ello, a pesar del escepticismo, es indispensable al gobierno que inicia el beneficio de la duda y esperar que tenga éxito, porque el mismo redundaría en una mejoría en el nivel de vida de los mexicanos.
