El presidente Enrique Peña Nieto, dio a conocer su propuesta de reforma energética. Automáticamente el país entró en efervescencia y los llamados partidos de Izquierda – el PRD y el PT – recibieron una inesperada re carga de oxígeno y en eso está el país, su sociedad y la opinión pública. La propuesta de reforma energética pretende reformar dos artículos constitucionales con el objeto de permitir la inversión privada en el sector energético.
Si bien es una propuesta trascendente para el país, fuera de todos los signos, augurios y oráculos, su éxito dependerá de dos grandes factores: mismos que escapan al control del Congreso: 1°.-El grado de confianza y aceptación del proyecto por parte de los inversionistas de la iniciativa privada y 2°.-La fuerza que logren los partidos de oposición y como se desenvuelva la negociación y su término.
En términos generales, el proyecto de reforma energética abarca dos grandes temas: Los mecanismos para la apertura de la industria a la participación de la iniciativa privada teniendo en cuenta que el objeto del Estado mexicano, como principal propietario de los hidrocarburos, es maximizar la renta petrolera, y el cambio de régimen fiscal de PEMEX. La apertura del sector energético – CFE – a la participación de la iniciativa privada se dará de acuerdo a diferentes modalidades dependiendo del sector de que se trate: Se permitirá la participación de particulares en la generación de energía eléctrica – lo que ya sucede, se hace – mediante contratos en los que el Estado mantendrá el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución.
En el caso de la exploración y producción de hidrocarburos ésta se dará mediante los llamados contratos de utilidad compartida , en los que el inversionista privado asume los riesgos del proyecto y tiene el derecho de participar en las utilidades, entendiéndose que en el caso de un proyecto exitoso el gobierno mexicano – PEMEX – se compromete a compensar los costos en que incurre el inversionista privado y a compartir con él las utilidades de acuerdo a un esquema pre acordado, de tal forma que las reservas de petróleo y gas seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Este esquema para compartir utilidades será de tipo progresivo, pues la proporción correspondiente al gobierno irá aumentando en relación directa a la rentabilidad del proyecto: A MÁS RENTABILIDAD, MENOR PROPORCIÓN COMPARTIDA CON EL INVERSIONISTA PRIVADO.
En el caso de la petroquímica, refinerías y transporte y almacenamiento de hidrocarburos la participación de la inversión privada se dará a través de permisos que otorgue el gobierno o PEMEX y podrá ser de hasta de 100% de la inversión.
En relación al cambio de régimen fiscal de PEMEX, se pretende evitar tratar a PEMEX como una dependencia pública y sí más como una empresa., por lo que aparte de mantener los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital, estará sujeto a un esquema de regalías y derechos y deberá pagar el impuesto sobre la renta. Los beneficios que obtendrá, como es de esperar, podrán reinvertirse o repartirse al dueño, que es el Estado mexicano. Se espera que este cambio se dé gradualmente.
Esquemas fiscales-administrativos más y esquemas fiscales-administrativos menos, en el fondo es exactamente lo mismo lo que sucede en PEMEX: Las utilidades se irán al Estado, llámenle regalías, derechos e impuesto sobre la renta.
Efecto de lo todo lo anterior, el Estado mexicano – Lolita, Hacienda – deberá afrontar, también gradualmente, una disminución de los recursos que provenían de PEMEX – casi el 50% del total de los ingresos fiscales – la economía mexicana, los presupuestos de ingresos, están petrolizados -, los que deberán ser sustituidos por el aumento de la base fiscal, el aumento de impuestos, la disminución del gasto o el incremento de los precios y tarifas de servicios al público consumidor.
Son dos los puntos que generaron más inquietud: El primero es el esquema de participación del sector priva do a través del contrato de utilidad compartida, ya que al parecer los inversionistas querían toda la enchilada completa, no compartirla con otro comensal: el Estado; querían como el formato de concesiones. En este esquema, aparte de que el inversionista asume todos los riesgos, estarán sujetos no sólo al pago de impuestos, sino también a la fiscalización de los costos y obviamente a la negociación de la proporción de utilidades con que podrían quedarse. En tal sentido, los inversionistas se verán incentivados a participar siempre y cuando sea alta la proporción de las utilidades con las que podrían quedarse y mientras menos control se tenga sobre sus costos. Por otro lado, la proporción de las utilidades variará de proyecto a proyecto, por lo que es probable que se tenga un sin número de esquemas que el gobierno tendría que estar controlando permanentemente, lo cual hace suponer la creación de más burocracia. Todo esto no es muy del agrado del inversionista privado, por lo que su participación dependerá de si le son favorables las condiciones de negociación.
El segundo, tiene que ver con la fuerza de la oposición al proyecto de reforma energética. Desde el inicio la Izquierda mexicana ha señalado que esta reforma es privatizadora, por lo que no están dispuestos a aceptarla y mucho menos permitir el cambio de la Constitución. Políticamente, el gobierno ha intentado incluir todos los puntos de vista en su proyecto de reforma energética.
Un elemento distorsionador que avivará la oposición, aparte de la visión nacionalista del petróleo, será el incremento de impuestos que podría contener una muy probable reforma fiscal, que si bien “per se” tiene razón de ser, se puede pensar que parte de ella tiene qué ver con el cambio del régimen fiscal de PEMEX.
Vaya a ser y hacer de unas formas u de otra, lo cierto es que la batalla está anunciada y el resultado parece ser previsible: va la reforma energética, pues esquemáticamente se tiene los números necesarios para sacarla, para que vaya y sea, pero será con altísimo costo político y habrá aceptación, pero NO convencimiento…
Como agregado, en este momento se está teniendo un panorama más cercano a la realidad de los futuros pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE y el panorama es frío, cruel y desolador y ni el Estado, ni el trabajador, ni el sector privado tienen, ni tendrán, con qué enfrentar el futuro que está anunciado, luego entonces, ¿por qué no se usa la experiencia de Noruega de canalizar al IMSS-ISSSTE, un peso, UN PESO DE CADA BARRIL QUE SE EXTRAE-EXPLOTA-REFINA-VENDE PARA PAGO DE PENSIONES? Difícilmente los aun trabajadores ahorrarán quincenalmente: Se gastan más del 90% en gastos de manutención y servicios de educación, pago de renta-hipotecas y servicios…es ahora o jamás, y es cierto.
