Tratando de detener la ola de matanzas en centros escolares, comerciales y sociales de los Estados Unidos y controlar-rigidizar un poco, la compra venta de armas de asalto, el presidente norteamericano Barack Obama, utilizando sus poderes presidenciales y emitió 23 órdenes que nno necesitan la aprobación del Congreso – en poder de los Republicanos -, acción realmente imposible dado que está vigente la libertad=derecho “constitucional” de todos y cada uno de los norteamericanos de comprar y tener en su domicilio todo tipo de armas de fuego y, curiosamente, son las armas de asalto los que más se demandan y, también curiosamente, las acciones de fabricantes de pistolas y rifles – Smith & Wesson y Sturm, Ruger and Co., avanzaron 5.69 y 5.06%, respectivamente, tras la decisión presidencial de entregar al Congreso su plan para regular la venta y posesión de armamento – y, otra curiosidad, la Asociación Nacional del Rifle no respalda estas acciones, y señala que “atacar las armas de fuego e ignorar a los niños no es la solución”.
Lo que sí es cierto que, SON LAS PERSONAS LAS QUE MATAN Y NO LAS PISTOLAS” y lo que está sucediendo en nuestro vecino del norte es un pequeño botón, de la descomposición social, familiar que, aunque incipiente – llamativa y sangrienta es evidente, visible y sensible.
Algunas de las órdenes ejecutivas presidenciales son las siguientes: Emitir un memorándum presidencial para que las agencias federales aporten informes al sistema de revisión de antecedentes criminales, eliminar barreras legales sobre la ley de responsabilidad y portación del seguro médico, a fin de facilitar que los estados aporten datos al sistema de revisión de antecedentes, mejorar incentivos a los estados para compartir datos con el sistema de revisión de antecedentes, la procuraduría general revisará las categorías de individuos que no deben poseer armas, proponer iniciativa de ley que permita a la policía la revisión completa de antecedentes de una persona antes de devolverle una arma incautada, difundir la guía de revisión de antecedentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y explosivos – ATF – para vendedores con licencia federal, lanzar campaña nacional de posesión responsable, revisar los seguros y otros dispositivos de armas, las agencias policiales federales rastrearán armas recuperadas en investigaciones criminales, emitir reporte de la procuraduría general sobre armas perdidas y robadas, entrenar adecuadamente a las policías, servicios de emergencia y funcionarios escolares ante posibles tiroteos, aumentar esfuerzos para prevenir la violencia con armas y procesar crímenes con armas, los centros de control de enfermedades analizarán las causas de la violencia armada y las formas de prevenirla, lanzar un diálogo nacional de salud mental con los secretarios del ramo, finalizar las regulaciones sobre atención de la salud mental, aclarar los beneficios de salud mental dentro de los programas de intercambio ACA, dar incentivos a escuelas para contratar vigilantes, desarrollar planes de emergencia para escuelas, templos y universidades, aclarar al sector privado de salud que la ley federal no prohíbe reportar amenazas de violencia, aclarar a funcionarios estatales de salud el alcance de los servicios de atención mental que cubre medicare y aclarar que la Ley de Atención Médica Asequible no prohíbe a facultativos preguntar a sus pacientes sobre la posesión de armas, etc.
Por los intereses que están en juego, envueltas en el abanico de libertades y derechos constitucionales, estas disposiciones se perderán en el burocratismo, sin embargo, deseamos al gobierno, y sociedad, norteamericanos, la mejor de las suertes y éxito en esta delicada empresa.
