La reciente alza al transporte público urbano en el estado es muestra de que los órganos del Estado están contra el pueblo y contra la realidad económica. Únicamente en un Estado antidemocrático se actúa en contra del pueblo y de la realidad económica: en una sociedad nacional en donde la base de la economía es el salario mínimo y éste es rígido, inflexible durante todo un año y a este le fue autorizado un incremento anual para 2013 que no fue superior al 5%, ¿por qué se autorizó un incremento al costo del pasaje urbano del monto del 17%?
Por un lado se dijo que este aumento había sido otorgado en base a un estudio técnico realizado por XYZ instituciones o empresa. La pregunta es ¿Por qué no se hizo público? Además, y por el otro lado, tiene mayor prevalencia la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque es una instancia Federal y si esta comisión no ha otorgado incremento salarial de emergencia, no tiene que darse un incremento en un sector de la vida económica de la sociedad michoacana tan sensible como esto, pues significa, en base a un salario mínimo, que el trabajador destine el 20% para su transporte.
Agreguemos a lo anterior el creciente costo de los alimentos de origen vegetal, del huevo y pollo – que en menos de un año subieron más del 150% -, carne roja, pescado y frutas, que todos tiene precios prohibitivos y que los aumentos en el pago de los servicios públicos superaron la barrera del incremento salarial 2013, aun así no se ha otorgado salario nacional de emergencia.
Si toda la sociedad nacional se está apretando el cinturón, ¿Por qué un sector de la economía no debe hacerlo si toda la sociedad lo hace?
Es cierto que la política energética Federal de los microaumentos mensuales a combustibles está enfocada a desaparecer los subsidios y las gasolinas están por las nubes y encarecen los costos, que son para todos, no únicamente para los transportistas y cumbieros, ¿por qué ellos no deben apretarse el cinturón?
En las actuales circunstancias económicas TODOS Y TODAS LAS CLASES SOCIALES Y TODAS LAS PROFESIONES Y OCUPACIONES debemos jalar parejo, tener el mismo sacrificio, no únicamente el pueblo amolado.
Ese incremento al transporte es, a todas luces y véase por donde se le quiera ver, una decisión de política económica contraria al pueblo michoacano.
Surge la pregunta ¿El gobernador no debe, CUMPLIR lo que establece el artículo 59 de nuestra Constitución Política: “MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE MICHOACÁN”?, y ese decreto no tiene esa finalidad.
Ahora si la decisión de incrementar el transporte en casi un 17% tiene como objetivo el bien y la prosperidad de Michoacán, que diga, demuestre y exponga cómo será eso, pues ese decreto está en contra de más del 98% de la población michoacana.
