Estamos viviendo uno de los varios efectos de la democracia a la mexicana en esta etapa de pluralidad política y diversidad ideológica, en la que ningún partido alcanza, y tiene, electoral y políticamente, ni la mayoría natural, ni el peso político, en los órganos de la representación del poder soberano que delega el pueblo, ni mucho menos el hombre y/o el equipo para construir esa mayoría necesaria; vivimos una tercerización del poder; ésta es, en esencia, la razón del inmovilismo político, no sólo en el poder legislativo, sino también en el Ejecutivo.
Ante la debilidad política para proponer y realizar los cambios que el Estado, que el grupo en el poder, desean, se ve obligado a pactar con los otros dos grupos políticos y se construye y se propone el Pacto por México, que es aceptado por las fuerzas opositoras, pues ¿a quién le dan pan que llore? Aquí se negocia para avanzar, cediendo para ganar. Es visible que sí se avanza en los acuerdos político-partidistas, pero se avanzaría más, y más rápido y mejor, y se tendrían más y mejores resultados, si el partido en el poder fuera la fuerza política con la mayoría natural en el poder Legislativo, partiendo del principio político de que los cambios se hacen cuando se está con poder hegemónico; en el fondo para eso es la reforma política: para ser la fuerza mayoritaria, no la minoría más fuerte y así, realizar la verdadera reforma, la deseada. Ahora se tiene, pero es artificial, por eso será la reforma posible.
En la instalación de la Mesa para la Gran Reforma Electoral de 2013 del Consejo Rector del Pacto Por México, el secretario de Gobernación expresó: “El reto de la Mesas es pasar de una democracia que gobierna a una que transforma, así como pasar de una democracia electoral a una en donde la participación activa de los ciudadanos sea, cada vez más, la base para la toma de decisiones públicas; el reto es impulsar mecanismos que nos lleven a alcanzar un balance apropiado entre equidad y libertad. Se trata de crear los instrumentos adecuados y correctos que nos permitan mejorar las condiciones de competencia electoral, sin caer en una sobrerregulación que genere ineficiencias. Consolidar un sistema de partidos con mayor participación ciudadana, así como revisar la forma de gobierno, son las tareas de esta Mesa”.
Planteadas así las tareas, los temas que tienen que regularse y formarán parte de lo que podría ser la Madre de todas las Reformas Electorales son 1°:-La Reglamentación Secundaria de la Consulta Popular, las Candidaturas Independientes y las Iniciativas Ciudadanas y en la Ley de Partidos, la Transparencia, Penas, Impugnaciones, Rendición de Cuentas y Topes Para los Nuevos Partidos.
Es indudable que todas estas propuestas de reforma-reglamentación son valiosas y más que eso, indispensables en el actual momento de nuestra realidad política electoral: Los partidos políticos ya le encontraron la vuelta y la salida al encaje legal electoral y, adicionalmente, es muy sensible y evidente que la partidocracia está en su apogeo en el monopolio del poder y que, además, se ha construido un mayor distanciamiento=alejamiento entre partidos, clases sociales y sociedad a la que sirven. Y todo esto ha consolidado la inmovilidad política que es indispensable terminar.
Para cambiar y dinamizar las estructuras político-partidistas electorales necesariamente deben ejercerse las candidaturas independientes y las figuras políticas paralelas a ésta: el Referéndum, el Plebiscito, la Revocación de Mandato, la Segunda Vuelta, transparencia de, y en, gastos de campaña y los tiempos en los juicios de impugnación, revisión, nulidad e inconstitucionalidad en los resultados electorales, así como las penalidades en cada delito electoral, hasta llegar a la anulación de la votación y su resultado y la disminución de la cantidad del representaciones en el poder Legislativo; urgen mucho más que la figura de reelección de representantes populares.
Si bien es cierto todos los puestos de elección popular son un mandato de confianza y no se tiene horario, también es cierto que no deben ser, y no son, inamovibles; es el pueblo quien conserva el poder soberano para evaluar, ratificar o revocar el mandato que concede en las urnas; con el mismo formato de acudir a las urnas sería el mecanismo para revocar el mandato, si se tiene insatisfacciones o incumplimientos del espíritu y letra del artículo 87° Constitucional: “Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. El colofón del mismo artículo establece la base jurídica: Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.
Esta reforma sería la Madre de Todas las Reformas porque 1°.-Los ciudadanos electos tendrían que ejercer su mandato sujeto a una evaluación electoral del pueblo y, en su caso, o la ratificación o a la revocación. 2°.-Le regresaría el poder al pueblo, abriéndole un espacio, fuera de los actuales monopolizadores, para llegar al poder representativo. 3°.-Concedería seguridad y confiabilidad al resultado electoral y a la representación, al establecer la Segunda Vuelta – No únicamente para la elección de titular del Ejecutivo Federal; establecerla a las elecciones de Ejecutivos estatales y municipales. Acaso sería poco más costosa, pero su beneficio y producto sería seguridad, certidumbre, confiabilidad, legalidad, credibilidad, legitimidad y estabilidad sociales. (No sucedería lo que pasó en la elección de 2000, con Ernesto Zedillo Ponce de León, quien entregó el mandato a Vicente Fox sin tener los fríos números; ni lo que sucedió entre Luis Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador. Se repitió artificial alternancia y se esperó una transición desconocida por todos: nadie sabía a dónde, cómo y con qué llegar. Ambas condujeron a la nación a tan invisible como manifiesta sensación de ilegitimidad). Los 2 candidatos que recibieran las votaciones más altas, en el caso de que ninguno hubiera superado la mitad más uno de los votos recibidos, realizarían una cortísima campaña electoral. 4°.- Se reduciría el peso y costo – no la productividad ni la calidad de la misma, ya que se vota en bloque – del poder Legislativo, bien sea o por la vía de la reducción del total de su número – de 128 a 96 Senadores y de 500 a 400 diputados -, o por la vía de la eliminación de las listas de representación proporcional -en la práctica no representan a las fuerzas políticas minoritarias -.
