La reciente liberación de Florence Cassez por medio de un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia, ha desatado un alud de opiniones y declaraciones, unas a favor, muchas en contra, algunas con argumentos más o menos razonables y otras que revelan la monumental ignorancia de quien las emite. Obviamente los mas irritados con el fallo son los directamente afectados por los supuestos delitos cometidos por la ciudadana francesa; pero no faltan esos que, sin conectar dos neuronas, se dedican a aullar envueltos en un nacionalismo de pacotilla
El reciente dictamen de la Suprema Corte pone nuevamente en primer plano algo muy conocido: La enorme desconfianza que se tiene en el aparato de justicia; estructura singularizada por su prepotencia, majadería, cerrazón y torpeza.
El asunto Cassez, por donde se le vea, es un monumento a la estupidez jurídica y al pésimo actuar de policías y jueces. Sin afirmar su inocencia o culpabilidad, que es como concluye la Suprema Corte, se puede sostener que el juicio de Florence fue manejado muy mal y viciado por todos los lados que se pudieran viciar. La detención fue un montaje para complacer el ego de García Luna en su afán de complacer a otro individuo de no menos monumental ego, el expresidente Calderón. El montaje, no lo olvidemos, fue realizado conjuntamente con uno de los poderes fácticos de México, Televisa.
Las víctimas de la banda El Zodiaco, grupo criminal al que supuestamente pertenecía Cassez, en las declaraciones iniciales ni de lejos ni de cerca reconocieron a Florence, ni físicamente ni por la voz. Afirmaron, y así quedó asentado que “a esa señora ni la conocían”. Citados semanas después por el MP y convenientemente “convencidos”, vaya uno a saber como, se les aclara la memoria y recuerdan a la señora y hasta su dificultad para pronunciar la doble erre. Maravillas del MP y su poder persuasivo.
Ciertamente la señora Cristina Ríos y su hijo Christian la señalaron como parte de la banda de sus secuestradores, pero lo hicieron contradiciendo sus primeras declaraciones. Más aún, Christian aseveró que quien le sacó sangre fue un hombre al que conocía como “Hilario”, al que más tarde identificó como Israel Vallarta. Dos meses modificaron sus declaraciones, entonces “Hilario” cambió de sexo y se convirtió en Florence Cassez. Ninguna de ellos aclara el porqué de la variación de su testimonio. No hace falta haber cursado derecho para comprender que un testigo que primero dice una cosa y después exactamente la contraria, sin dar explicación plausible que explique la contradicción, sencillamente no es creíble.
La tercera víctima, Ezequiel Elizalde, nunca dijo que había visto el rostro de Florence, sino un mechón que se escapaba de su pasamontañas, y que fue ella quien lo pinchó en una mano para anestesiarlo. Mostró la supuesta cicatriz del pinchazo, pero pericialmente quedó acreditado que se trataba de una mancha de nacimiento. En palabras llanas, mintió.
La justicia en México sigue siendo una asignatura pendiente; la fabricación de delitos es una práctica común de nuestras autoridades. A manera de recordatorio repasemos algunos casos. Una indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial, vendedora de “aguas frescas” pasó tres años en la cárcel por secuestrar a seis fornidos agentes de la AFI; la acusación, con testigos “de oídas” era disparatada, pero los tres años que pasó encerrada fueron muy reales. Casos como el asesinato de Colosio, el de Digna Ochoa, el asunto de Zongolica, el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, el inocente acusado en “Presunto culpable”, la “investigación” del caso Martí, el caso Paulette mas un largo etcétera nos muestran la realidad de la justicia mexicana
El doctor Rafael Márquez Piñero, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma: “Para nuestros policías es más simple tomar a un inocente y obligarlo a confesar un delito que realizar una efectiva investigación científica con un buen protocolo de indagación, con buenas herramientas de peritaje, tomando todo el tiempo que requiere un proceso de policía científica para poder llegar a un culpable”.
Si la resolución de los asuntos judiciales se basa en la palabra de uno u otro, entonces se convierte en asunto de fe. En el caso Cassez, si la única prueba son los dichos, la única persona que a lo largo de estos años nunca cambió su versión es ella; todos los demás han dicho cosas diferentes de una declaración a otra, de una entrevista a otra, incluidas las autoridades.
La votación de la Suprema Corte de Justicia fue una votación a favor del debido proceso, a favor de un sistema que nos permita saber, con certidumbre razonable, si una persona es inocente o culpable. El mensaje es claro, no se deben tolerar las arbitrariedades de la autoridad. Por lo tanto urge que se investigue a los responsables que construyeron un montaje y enturbiaron la investigación.
Se va Cassez, pero se quedan las estructuras y la cultura que permitieron que un asunto como el suyo ocurriera.
Para finalizar, me quedo con las palabras de Roberto Hernández, productor del documental “Presunto culpable”. “En México, la injusticia esta legalizada, es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez”.
