La discusión sobre la reforma electoral en México sigue abierta. Primero fueron planteamientos generales, después una propuesta que no terminó de consolidarse y ahora la posibilidad de un “plan B” que tampoco genera consenso. Mientras tanto, el calendario no se detiene. Y en un sistema donde las reglas tienen fecha límite, el tiempo empieza a convertirse en un factor político por sí mismo.
Hay algo que no siempre se explica con claridad: en México las reglas electorales no se pueden cambiar en cualquier momento. Existe un plazo constitucional que obliga a que cualquier reforma se apruebe al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral, que comienza en septiembre del año previo a la elección. En términos prácticos, esto significa que hay una ventana limitada para modificar las reglas del juego. No estamos todavía en el límite, pero tampoco estamos en un punto cómodo. Porque ese tiempo no solo sirve para aprobar una reforma, sino para discutirla a fondo. Y ahí es donde aparece el problema: la discusión no ha alcanzado ese nivel.
Lo que hemos visto hasta ahora no es una reforma cerrada, sino un proceso en movimiento. Primero se presentaron líneas generales, después intentos de darles forma más concreta y, más tarde, ajustes, matices y posibles rutas alternas. El contenido mismo genera debate. Propuestas como una eventual elección intermedia para evaluar la continuidad del Ejecutivo han sido interpretadas de formas muy distintas: como un mecanismo de participación para algunos, como una estrategia de reposicionamiento político para otros. A esto se suma el tamaño del proceso electoral que viene, gubernaturas, legisladores, jueces y magistrados, lo que vuelve todavía más relevante la discusión. Sin embargo, en lugar de profundizar en el fondo, buena parte del debate se ha desplazado hacia las intenciones políticas de la reforma.
Aquí aparece una tensión poco visible, pero decisiva. El sistema electoral está diseñado para que las reglas se definan con claridad antes de la competencia. Sin embargo, el proceso político que intenta modificarlas avanza de forma fragmentada, sin una definición completa y sin una discusión profunda. No es raro que las reformas se aprueben rápido; lo que resulta problemático es que, al mismo tiempo, no se esté discutiendo lo esencial. Y mientras eso ocurre, el reloj sigue avanzando. Cada día que pasa sin una discusión de fondo reduce la posibilidad de incorporar temas que ni siquiera han entrado realmente en la conversación.
En los artículos anteriores de esta serie hemos abordado el tema desde distintos ángulos, pero con un patrón constante: la discusión se mantiene centrada en la organización del sistema electoral, sin embargo, en cada análisis hemos señalado la misma ausencia: la falta de atención a fenómenos que ya están transformando la competencia política, como la inteligencia artificial, la microsegmentación y, ahora, la forma en que se construye la equidad en el entorno donde hoy se disputa esa competencia.
Durante años, la equidad se construyó bajo reglas visibles. En radio y televisión, la presencia de los partidos no era arbitraria, existía una distribución precisa de los tiempos oficiales, definida a partir de criterios claros como el porcentaje de votación obtenido en elecciones anteriores. Esto implicaba que cada partido sabía con anticipación cuándo iba a aparecer y cuánto tiempo tendría. La visibilidad no era igual para todos, pero sí estaba regulada. Había reglas explícitas que organizaban la exposición de los mensajes y que permitían construir condiciones de competencia relativamente equitativas.
Ese modelo no se traslada al entorno digital. Hoy cualquier actor político puede emitir un mensaje, pero no todos los mensajes tienen la misma posibilidad de sostenerse en la conversación pública. La diferencia ya no está en el acceso al medio, sino en la capacidad de posicionar, mantener y repetir un mensaje en el tiempo. En ese entorno, la visibilidad no depende de reglas públicas equivalentes, sino de dinámicas donde la presencia se construye activamente.
Esto empieza a reflejarse en los propios datos. Al observar el comportamiento de la publicidad digital, aparecen situaciones donde actores con menor peso electoral logran una presencia más intensa que otros con mayor representación politica. No porque el sistema así lo haya determinado, sino porque en ese espacio la visibilidad depende de decisiones estratégicas, de inversión y de la forma en que cada actor decide competir.
En el entorno digital, la visibilidad no solo depende de las reglas, sino de cuánto está dispuesto cada actor a invertir, y de cómo decide hacerlo. Algunos apuestan por campañas pagadas, otros por estrategias más intensivas de posicionamiento, y otros por formas de amplificación menos visibles, cuya operación no siempre es transparente. En ese contexto, la equidad deja de estar garantizada por el diseño del sistema y pasa a depender de quién logra sostener su presencia.
Esto no significa que el sistema electoral haya dejado de funcionar, sino que ya no es un único espacio donde se define la equidad en la competencia. Durante años, dentro del propio sistema se consolidó una idea: el mejor árbitro es el que no se ve. Su función no era intervenir constantemente, sino garantizar condiciones de equilibrio sin convertirse en protagonista. Esa lógica funcionaba porque el terreno de juego era visible y porque la equidad podía organizarse a partir de reglas claras.
Incluso cuando el entorno digital ha llegado a los tribunales, las decisiones han seguido esa misma lógica. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha resuelto casos relacionados con propaganda en redes sociales, uso de influencers o contratación de publicidad digital, pero lo ha hecho revisando los mismos elementos que históricamente han definido la equidad: quién pagó, qué se difundió y si esos recursos fueron reportados conforme a las reglas.
El problema es que en el entorno digital la equidad ya no se juega únicamente en esos términos. No basta con saber quién pagó o qué mensaje se difundió. La diferencia está en cómo ese mensaje logra posicionarse, cuánto tiempo permanece visible y bajo qué condiciones logra sostener su presencia.
Hoy el árbitro sigue sin verse, pero por una razón distinta: una parte del terreno donde se construye esa equidad dejó de estar bajo su alcance. Se vigila el dinero, se vigila la organización, pero no la forma en que la visibilidad se distribuye ni cómo algunos actores logran ocupar de manera más constante el espacio de la conversación.
Lo que empieza a configurarse es una diferencia de fondo entre dos formas de entender la competencia política. Por un lado, el sistema electoral sigue operando bajo una lógica de equidad regulada, donde se distribuyen tiempos y se establecen límites. Por otro, en el entorno digital, la competencia se define por la capacidad de cada actor para posicionar y sostener su presencia. No se trata de sustituir un modelo por otro, sino de reconocer que ambos coexisten, aunque no bajo las mismas reglas.
La reforma electoral sigue discutiendo cómo deben organizarse las reglas del sistema. Pero una parte cada vez más relevante de la competencia ya no depende únicamente de esas reglas. Depende de quién logra posicionar sus mensajes, sostener su presencia y ocupar el espacio de la conversación. Y ahí aparece una diferencia que apenas comienza a asomarse: no todos los actores compiten de la misma manera en el entorno digital. Algunos apuestan por la visibilidad pagada. Otros por formas más complejas de amplificación.
Mientras esa dimensión siga fuera de la discusión, el problema no será solo cómo se compite, sino bajo qué condiciones algunos logran ser mucho más visibles que otros.
