Hace unos días el Senador Mario Delgado (PRD) acusó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de tener una base desordenada de los créditos contratados por estados y municipios con la banca, al grado de registrar que la deuda subnacional es por 923,690 millones 269,786 pesos, es decir, más del doble de la cifra oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que al primer trimestre del año reportó un monto por 436,242 millones.
En conferencia de prensa, el legislador advirtió que si se toma en cuenta esta información oficial, los pasivos locales serían de 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y no de 3%, como lo pregona la dependencia federal, por lo que puso en duda la base de datos de la CNBV.
El Senador Delgado manifestó que:
“Si se comprobara que ése es el monto de endeudamiento (923,690 millones de pesos) y lo comparamos con las participaciones que se tienen, (la cifra) rebasa en 186% el monto de dicha partida (cuando la SHCP reporta 81.5%), lo cual implicaría una clara situación de insolvencia para muchos estados y municipios”. Explicó que la CNBV le proporcionó los datos a través de la solicitud de información con el número de folio 061000001213.
Considero que es importante que las autoridades hacendarias aclaren este asunto y que la ciudadanía pueda conocer en realidad a cuanto asciende la deuda pública de los estados y ojala exista la voluntad de informar de todos los pasivos y no solo los que registra la Banca comercial.
Otro tema que debe preocuparnos es el referente a que la ciudadanía debería estar enterada de las condiciones en que se contrata deuda en las entidades y que trato le da la banca comercial a cada estado. Se conoce que en muchos casos, los estados suelen pagar los intereses por adelantado, por lo que en un solo año podría apreciarse que la amortización de la deuda es nula.
Para la banca comercial resulta muy ventajoso prestar a los estados y municipios con tasas exageradas en perjuicio de los programas destinados a la inversión pública, se genera una reducción de la capacidad de inversión social, de infraestructura y productiva, porque la mayoría de los créditos que tienen están garantizados con alguna participación federal, lo cual reduce su riesgo. Por lo que es muy importante conocer las condiciones con las que se contrato una deuda y analizar si no se convino créditos con tasas de interés muy elevadas, que aún se estén pagando y que se vuelven eternas.
Además, este recorte importante de recursos a los estados, puede significar, como sucede frecuentemente, que cuando un gobierno ha caído en problemas de endeudamiento, al contratar nueva deuda para pagar compromisos anteriores, le resulta cada vez más difícil acceder a créditos con tasas convenientes.
Esperemos que con la nueva legislación en materia de combate a la corrupción, transparencia y control en los endeudamientos estatales, la ciudadanía conozca con mayor exactitud las condiciones de endeudamiento y se acabe con el libertinaje de la banca privada, que siempre resuelven los esquemas de préstamos deduciendo que los estados van pagar y que si existiera alguna dificultad, la Federación va a intervenir.
