La siguiente reflexión no constituye una apología al movimiento social protagonizado por : maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, y por estudiantes normalistas de esta última entidad, sino un intento de entender los motivos que subyacen detrás las movilizaciones que protagonizan. Como lo he señalado en este espacio, no coincido con las estrategias de lucha que han adoptado, ya que afectan los derechos e intereses de otros sectores de la sociedad y significan duros golpes a la economía de las entidades donde se desarrollan. Cabe preguntarse sin embargo, si a los ojos de los demandantes ¿existe otra vía de negociación?
Considero, en consecuencia, que los conflictos sociales derivados de la aprobación de la llamada Reforma Educativa a nadie deben sorprender. A los ojos de una parte importante de los maestros, los mecanismos de evaluación que se proponen, y la amenaza de separar de su actividad laboral a quienes no acrediten los exámenes de evaluación, diseñados por la propia autoridad, además de sospechosos, atentan en contra de beneficios contractuales, escritos y a valores entendidos, ganados en la lucha sindical durante muchos años.
Para los maestros afiliados al ala institucional del SNTE , y para quienes militan en la CNTE, contar con una plaza de base significa, además del desempeño de una profesión digna y en la mayoría de los casos el cumplimiento de una función social, la seguridad económica presente y futura, así como el acceso a beneficios colaterales que la Constitución consigna como derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la seguridad social, y la expectativa de una pensión suficiente para la vejez.
De manera coincidente, la demanda de los estudiantes normalistas del Estado de Michoacán de que se les garantice una plaza magisterial al terminar sus estudios, como ha venido sucediendo durante varios años, conlleva la expectativa de un futuro laboral estable y un retiro digno para la vejez, asegurados desde ahora.
Para los maestros y los estudiantes normalistas, la defensa de los “derechos ganados” constituye la llave hacia un futuro mejor para ellos y sus familias. Significa la esperanza de movilidad ascendentemente en la escala socio económica del país; la llamada movilidad social.
No se debe olvidar que el fenómeno de la movilidad social experimentada en el país durante el llamado periodo de desarrollo estabilizador (entre 1934 y 1982) dio acceso a gran parte de la población mexicana a niveles de bienestar hasta entonces inalcanzables para muchos en materia de: salud, educación, vivienda y alimentación, a través de un empleo remunerado y el acceso a la seguridad social. Ciertamente, esas expectativas parecieran de nueva cuenta lejanas en momentos actuales, dada la triste condición en la que está sumida la economía nacional, pero de ello no son responsables los maestros ni los jóvenes normalistas que buscan asegurar su futuro, echando mano de logros obtenidos mediante la lucha sindical, o gestionados por las generaciones de los egresados normalistas que los antecedieron, según el caso.
Por ello, la búsqueda de una solución al conflicto social en el que ha desembocado la aprobación de la llamada Reforma Educativa, deberá pasar irremediablemente por una negociación entre el gobierno que la diseñó y las partes que ven amenazados logros que consideran irrenunciables. Una negociación que debió iniciarse antes de que la iniciativa de la Reforma Educativa llegara al Congreso y en cuyo contenido debieron haber participado, no sólo las autoridades y los especialistas, sino también los actores de la educación: maestros, padres de familia y estudiantes. Una negociación que además debe de establecerse ya, y de manera incluyente. Con el riesgo de que de seguir aplazándose pueda resultar en el escalamiento del conflicto a sectores del magisterio, y regiones del país, que se han mantenido hasta ahora ajenos al mismo.
Lo que maestros y normalistas demandan es el respeto a derechos ganados por la vía de la negociación a través de los años y la participación en la definición de las reformas del sector al que dedican su existencia. ¿No es acaso una demanda legítima?
