“Impartir bien la Justicia es signo de buen gobierno”: Cicerón

SIN MAQUILLAJE Por Eteleberto Cruz Loeza

Se acerca la fecha en que se cumplirán 13 meses del llamado  Michoacanazo, que, por lo inédito, por un instante colapsó a la sociedad estatal, a políticos y a sus partidos y llamó la atención de la opinión pública nacional, que ya no se asombra de nada, porque los operativos de detención fueron realizados en pleno proceso electoral   y con ese tacto militar que es legendario. Sobre este suceso se ha  escrito demasiado y levantado tormentas de polvo. El polvo impide ver el piso y el piso es resbaladizo.

Vayamos por partes: (No soy abogado, por lo que cometeré errores jurídicos; de favor, discúlpenme) En relación con ese hecho, haciendo a  una lado si son culpables o inocentes, se supone que una solicitud de orden de detención debe estar bien consolidada, firme en sus requisitos para que, irrevocable, inobjetablemente,  el juez obsequie-autorice lo solicitado por el ministerio público. Estas solicitudes y sus correspondientes órdenes  o se presentan individual o pluralmente; es más común que sea singular, individualmente; salvo casos excepcionales, se dejan acumular para librar, u obsequiar, una orden  de detención colectiva. ¿Esta excepción quién la determina? También se supone que las denuncias-querellas, su averiguación, y procuración de la verdad, suceden en un tiempo específico, pero pueden acumularse las de todos los indiciados para realizar la misma acción con el mismo equipo en determinado tiempo. Esto, también, ¿quién lo determina?    Entonces, ¿quién determinó que fuera específicamente tal día de mayo?
Detenidos y recluidos en prisiones de máxima seguridad se inició el proceso en el cual, se dijo, que no existían consistentes pruebas y tomó fuerza la hipótesis de operativo con fines político electorales; se posicionaron los grupos y se inició lucha mediática, partidista y en tribunales y, en el transcurso del tiempo, pasado  e irreversiblemente definido el proceso electoral, la mayoría fue trasladado a prisión federal del estado y, con las reservas de ley,  fueron saliendo,  o individual o grupalmente. Se llegó al colmo de canonizarlos  civilmente, por su martirio, y  de clamar  disculpa del gobierno federal por el operativo y hasta hubo su controvertida  anécdota entre el titular del Ejecutivo estatal y el secretario de gobernación Federal, Gómez Mont. Y la ola de las exageraciones rompió la altura de las de Cuyutlán, Colima.  Casi todos, siguiendo el procedimiento legal,  fueron o reinstalados o reubicados en sus puestos y cargos y todo, parece, olvidado. Así las cosas, los liberados o son culpables o son inocentes.
Si son culpables, ¿por qué no están detenidos y sujetos a proceso? ¿Por qué se les dejó libres, sea como haya sido, libres? ¿Por qué se les reinstaló en sus cargos de elección popular y puestos como servidores públicos? ¿Estos hechos son muestra de la partidización de la justicia o ejemplo de lucha de los partidos por la prevalencia de la ley y del Estado de Derecho? Si es lo primero, partidización de la justicia (como está sucediendo en muchísimos casos de impartición de justicia civil, penal, administrativa, etc.),   estamos peor, porque la justicia perdió sus valores y atributos: imparcial, independiente, soberana, libre y expedita. Si es lo segundo, sería una excepción, algo verdaderamente insólito, increíble, pero, también muestra de selectividad, porque podría preguntarse ¿y los batallones de inocentes que están detenidos por ser pobres y, además, no tener palancudos padrinos políticos o partido político que los defiendan? Si son culpables y se les reinstaló, ¿ellos carecen de escrúpulos, de principios, de percepción de la ley y de su misma imagen y personalidad? Es muestra, también,  que se tiene gobierno delincuencial que vive con nosotros  y estamos muy a gusto. ¡Hasta les aplaudimos!
Si son inocentes, ¿por qué se les detuvo? Es inaceptable que un juez obsequie, libre, una orden de detención-presentación si no está sólidamente respaldada la solicitud; eso es jugar con el Estado de Derecho; es un Estado  manipulador de la ley y del Derecho, que muestra que solo él y nadie más que él maneja las leyes a su antojo y de acuerdo a intereses de grupo o  facción o partido. No es un Estado Democrático y sí autocrático: el Estado del Gran Hermano, que todo ve, espía, conoce, sabe  todo, de todos, y reescribe los hechos y la Historia. (Ejemplos, sin ir muy lejos: la denuncia  de César Nava que muestra el espionaje telefónico a personalidades políticas opositoras a su partido. ¿Quién, si no el Estado, tiene recursos de todo tipo,  elementos, medios pues, y fines para espiar, investigar e instalar y operar  esta tecnología electrónica? En el mismo tiempo que el Michoacanazo, el ex procurador  Medina Mora rechazó usar todo el poder disuasivo y ofensivo de la PGR, contra los gobernadores priístas  de Veracruz y Tamaulipas, opuestos al PAN, en gobierno Federal – y se dijo, y se rumorea, que esa fue la razón de su  cese.
En aras de la tranquilidad y seguridad sociales se han perdido libertades, derechos y garantías constitucionales; más bien nos han quitado libertades, derechos y garantías y la ganancia, si la hay, es mínima, pírrica. A la inversa el clima social se ha enrarecido. Ahora, en este aciago tiempo  que vivimos  cualquier persona, empezando por el Estado – si así conviene a sus intereses de grupo, de partido y de facción – le puede acusar al teléfono de denuncia anónima, le fabrica pruebas o lo que sea, al estilo de los gobiernos autoritarios, autócratas, policíacos (de Fouché) y derechito a la prisión y, como  es denuncia anónima, usted perdió  la presunción de inocencia – “eso” que reza que todos somos inocentes hasta que se demuestra la culpabilidad – y se revierte: usted es culpable hasta que redemuestre su inocencia. Como el Estado vela por su seguridad …¡estará cañón para que salga!
El señor presidente de la República  a inicios de este mes expresó: El sistema de justicia facilita la corrupción y la impunidad. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación – intérprete del  espíritu del Constituyente – ha dado sobradas muestras  de  ser instrumento del Estado-gobierno-grupo en el Poder: ya no es la última esperanza ante la terrible condición y escenarios de la procuración e impartición de la justicia en nuestro país. Ejemplos: la oculta confabulación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para restringir libertades, derechos y garantías en “aras de la seguridad pública”, el resolutivo sobre la guardería ABC, en donde reconoce que hubo violaciones pero no hay culpables. Así posibilita fortalecer un sistema corrupto que beneficia a quienes violan las garantías constitucionales, pero están en el grupo de Poder-gobierno-Estado. 
¿Qué prefiere, o inocencia o culpabilidad? Por el lado que decida estamos mal.