SIN MAQUILLAJE Por. Etelberto Cruz Loeza.
Como se sabe, el pasado domingo 4 del presente se realizaron elecciones locales en 14 estados para que los ciudadanos empadronados eligieran a sus autoridades polÃticas – 12,lpara gobernador, diputados a su H. Congreso local y presidentes de sus H. Ayuntamientos y 2 para sus autoridades municipales y representantes populares al H. Congreso del estado respectivo.
 Se sabe, por las informaciones extraoficiales, en su tiempo y por las dadas por los órganos electorales respetivos, que el PRI obtuvo la victoria en 12 de ellos – aunque perdió 3, ganó otras tres que estaban en poder de sus contrincantes polÃticos ( Uno, Zacatecas (en manos del PRD) y dos (Tlaxcala y Aguascalientes, en manos del PAN), mas también se saben dos cosas; una, que no se ha difundido: El PRI es, o aplastante mayorÃa o mayorÃa natural en los H. Congresos locales, por lo que en ambos casos, tendrá la gobernabilidad de los H. Congresos locales y la mayorÃa de las presidencias de los H. Ayuntamientos municipales en los 14 estados. Y eso no lo quieren ver ni tratar.
 El otro hecho es que la mayorÃa de los procesos electorales deberán ser resueltos por la justicia electoral Federal: lo que indica que los procesos electorales están rebasados. El desenlace de los comicios del 4 de julio mostró, además de interesantes cambios en la geografÃa polÃtico electoral del paÃs, que el marco jurÃdico electoral aun no es suficientemente claro como para general y/o consolidar confianza en los resultados de las votaciones. Pareciera que las prácticas viejas fueron revividas y se aplicaron otras nuevas, digamos, de cuellos blanco, por darle un nombre determinado por la sofisticación financiera y administrativa aplicada; como sea los procesos se han judicializado.
 La judicialización de los procesos electorales ya no es una excepción; más bien es la norma y es la normas recurrente, aunque la diferencia sea abrumadora, lo que muestra que el conteo de votos queda expuesto a la duda, con todo y que las casillas están completas con los representantes de los partidos y estos son protagonistas en la vida electoral de la casilla.
Los gobiernos – en sus diferentes niveles -, y los partidos, persisten en prácticas poco ortodoxas antes, durante y después de las votaciones, lo que debilita el arbitraje y cuestiona a la autoridad.
 Por todo esto, para que no se repitan los casos de la elección del 2006 y para que disminuya la judicialización de los procesos electorales, es valioso e importante emprender cambios en el marco regulatorio para que las elecciones federales del 2012 no sean una réplica de las de 2006, cuando las instituciones electorales administrativas y las instituciones electorales federales estuvieron aprueba y en serio riesgo de ser y quedar rebasadas.
 Mas, ¿querrán los partidos de oposición y lo consentirán los partido en el poder, Federal y estatal?






















