ESCRITORIO DEL EDITOR.
Mientras no exista un planteamiento estratégico que oriente a la hacienda pública a objetivos compartidos y consensuados, continuará habiendo presupuestos del gobierno federal que serán más de lo mismo.
Un pequeño margen en los ingresos por más precio de petróleo que peleen los legisladores, recortes marginales por aquà y por acá para mostrar el compromiso de cliché “menos gasto corrienteâ€, y parches en las leyes tributarias que no van al fondo, pero que sà incomodan y generan ruido inútil en los medios de comunicación.
Por ello lo más probable es que la próxima discusión sobre el paquete económico para el 2011 será estéril. Los Criterios de PolÃtica Económica para el 2011, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos y la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que envÃe el Presidente al Congreso a más tardar el 8 de septiembre, mostrarán que los márgenes de maniobra continuarán estrechos. Más aún, la escasez extrema hará de las suyas si los legisladores y el Presidente no se ponen de acuerdo en un fin superior, que es elevar de sostenidamente el nivel de vida de la población.
Se podrá salir de la trampa con un planteamiento estratégico donde el objetivo de consenso es elevar la tasa de crecimiento económico, sujeto a tres condiciones: erradicar la pobreza extrema, mejorar la distribución del ingreso, y conservar la estabilidad económica. También se requiere partir de ciertos principios o acuerdos mÃnimos. Por el lado de la polÃtica tributaria, que todos pagarán impuestos de forma proporcional y equitativa. La legislación tributaria será primordialmente para recaudar y no para repartir subsidios o crear gastos fiscales que se manifiestan como tasas diferenciadas, exenciones y estÃmulos.
Por parte de los egresos, convertir al gasto público en instrumento que permita dotar al paÃs con un capital humano que pueda acceder a mejores puestos de trabajo, y que por los servicios de salud pública se le conserve sano y vigoroso. Que la seguridad que le corresponde proporcionar al Estado procure la tranquilidad y proteja la integridad fÃsica y patrimonial de las personas. Que la inversión pública sea evaluada minuciosamente para asegurar una rentabilidad social que detone la inversión de los particulares, que son el principal motor económico, y a su vez cierre las brechas de desarrollo entre las regiones.
Un tercer principio, que resulta fundamental y no puede soslayarse, que de hecho implica un golpe de timón en la conducción de la hacienda pública, es que el patrimonio nacional no se dilapide. Esto incluye los recursos naturales renovables y no renovables. No puede permitirse el deterioro del medio ambiente del paÃs, es condenarlo a su destrucción. De forma similar es indebido seguir usando a los ingresos petroleros, estrictamente hablando a los derechos sobre hidrocarburos, para cubrir el gasto de operación gubernamental, como tampoco para cubrir el costo de la educación, salud y seguridad social que debe sostenerse mediante la contribución de todos, aunque a estas contribuciones se les llame impuestos y tenga que generalizarse el gravamen al consumo. Tiene que ponerse un alto al desperdicio de ingresos que pertenecen también a las próximas generaciones. Es inaudito que en el último auge petrolero registrado de 2004 a 2008 se generaran 262 mil millones de dólares (a precios constantes de 2009) por concepto de derechos sobre hidrocarburos. Esta aproximación de la renta económica obtenida por el petróleo se usó primordialmente para compensar lo que no se recaudó vÃa impuestos.
Un cuarto principio es que los tres órdenes de gobierno son responsables de la hacienda pública. Es insostenible que la mayor parte de la recaudación se genere a nivel federal, donde el Congreso aprueba la gran mayorÃa de los gravámenes que generan más del 95% de los ingresos tributarios en el paÃs, con el Ejecutivo federal actuando como gran recaudador. En efecto, los gobiernos estatales no tienen potestades tributarias relevantes para financiar polÃticas públicas propias, pues entonces asÃgnenseles para que junto con la población de la región diseñen la oferta de bienes públicos acorde a sus necesidades. Los municipios sà tienen una potestad tributaria conocida mejor como el impuesto predial. Pero no la están utilizando, ni de manera eficaz ni eficiente.
Un quinto principio es el de la estricta rendición de cuentas, la cual habrÃa que empezar por definir y precisar para el ámbito y el quehacer gubernamental de los tres poderes, el Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los tres órdenes de gobierno.
Este juego perverso de hacer más de lo mismo va a continuar hasta que la clase polÃtica del paÃs asuma un liderazgo que quite el énfasis en lo electoral y se ponga las pilas para dar pie a un cÃrculo virtuoso en el que cada generación deja un mejor paÃs a la que le sigue.
Consultor especializado en temas de finanzas públicas, presupuesto y energÃa. Fue secretario general de la Fundación Colosio
