ESCRITORIO DEL EDITOR.

La buena noticia es que la ley y la Constitución se han convertido en temas de discusión entre todos los mexicanos. La mala, es que la ley esté sujeta a discusión.

La aparente paradoja resume mucho de lo que se ha estado viviendo en los tiempos que corren. Por supuesto que la ley, en cualquier país, está sujeta a interpretación, pero la diversidad de enfoques, artículos contradictorios y leyes ambiguas, ponen en evidencia las enormes lagunas que enfrenta el país para consolidar un Estado de derecho.

Todo esto también ha exhibido la fragilidad del régimen y lo absurdo (e increíble) del proceso de toma de decisiones dentro del gobierno. Lo menos que puede decirse es que existe una base legal bastante peculiar. Las opiniones encontradas, las múltiples interpretaciones, las distintas versiones, reflejan, por el lado del optimismo, un inusitado interés por los temas legales.

Durante décadas, incluso siglos, la ley era lo que el señor Presidente (y sus predecesores, el huey tlatoani o el virrey y los espurios emperadores de la época independiente) decía que era. Si existía un vacío legal, el Presidente instrumentaba una reforma, así fuera constitucional; si existía una contradicción, como muchas de las que ahora comienzan a surgir, la interpretación del señor Presidente era infalible.

El mandato supremo de la Presidencia imperial resolvía toda contradicción y solventaba cualquier deficiencia. Sin embargo, con los nuevos tiempos aparecieron paulatinamente en el horizonte nacional, tanto la discusión cada vez más enconada, que hizo claras y evidentes las lagunas del Estado de derecho; como las oportunidades ofrecidas por la democracia, así se encuentre en vías de ampliación y consolidación.

Nada de esto hubiera ocurrido en un Estado de derecho plenamente vigente y consolidado. La razón es simple: tan pronto se hubiera evidenciado una flagrante ausencia o contradicción, cualquiera –un quejoso, una parte interesada o, simplemente, alguien con una postura o interpretación distinta– hubiera iniciado un proceso legal para que el Poder Judicial resolviera. Pero en un país dominado por un Ejecutivo todopoderoso y con una Suprema Corte inaccesible al ciudadano común, la posibilidad de avanzar en este proceso era nula.

Todo esto ha cambiado. Seguramente tomará tiempo allanar el camino, pero la necesidad de avanzar en tal dirección es obvia. Lo malo fue que, mientras tanto, la disputa no sólo amenazaba la estabilidad del país, sino revelaba la imposibilidad de la certidumbre y la credibilidad de las instituciones, ya denostadas o, a veces, aplaudidas por los mismos, conforme se plegaran a determinados intereses o no lo hicieran.

La buena nueva de esto es que ha desnudado los problemas que debe enfrentar el país, incluida la capacidad del Presidente para torcer la ley o hacer caso omiso de ella. La mala, es que no parece claro que, dada la por momentos extrema imposibilidad de diálogo entre dos de los tres poderes de la Unión, pueda limpiarse el frente legal a mediano o corto plazo, a fin de sedimentar la base de una nueva legalidad.

El caso español es ilustrativo en esta materia. Aunque su problema no era de incompatibilidades y contradicciones caprichosas como el mexicano, los españoles enfrentaron un paradigma conceptualmente similar a la muerte de Francisco Franco. La legalidad que había construido el caudillo no era compatible con una democracia (aquí ha ocurrido algo similar con Andrés Manuel López, que, tras las huellas del dictador gallego, quiere su propia legalidad); sin embargo, el dilema para los nuevos demócratas era cómo hacer la transición legal.

Luego de muchas discusiones, se decidió dar continuidad al sistema legal y las leyes emanadas de la era franquista a fin de que no hubiera un quebranto en el Estado de derecho, pero procediendo a partir de esa plataforma hacia una nueva estructura. Un par de años más tarde, España aprobó una nueva y ejemplar constitución, a partir de la cual no sólo surgió la cabal legalidad democrática, sino que sentó las bases para la consolidación de su democracia y su pujante economía.
Aunque las dinámicas sean distintas, hay claras razones para pensar que ese precedente es directamente aplicable a México. Si la legalidad es un problema, la conducción del proceso político y legal, desde el inicio de la alternancia, con el desastroso desgobierno de Vicente Fox y el gobierno fallido de Felipe Calderón, se han desperdiciado oportunidades promisorias para negociar un pacto de legalidad, justo cuando el PRI se encontraba desgarrado y el PRD dispuesto a hablar de opciones.

Calderón decidió privilegiar una visión fundamentalista de la seguridad pública y la seguridad nacional, evidentemente sin haber meditado las posibles consecuencias. Así que un gobierno que no se ha distinguido por su consistencia, perseverancia o capacidad de negociación, se embarcó en un proceso por demás complejo, saturado de hoyos negros y riesgos. El resultado es desastroso. Muerte, destrucción, inseguridad. Tamaulipas, a merced del narcopoder; Nuevo León, con su capital sitiada y el gobernador, amenazado, que de hecho vive en Estados Unidos.

Parte del conflicto deriva lisa y llanamente de proyectos políticos encontrados que nadie ha intentado conciliar, aunque no deja de ser patético que, en un mundo globalizado en que no las opciones reales son las del realpolitik, sin claudicar en los principios de fondo (como lo ilustra notablemente el caso de Brasil y, en lo personal, de Luiz Inácio Lula da Silva), se siga discutiendo qué hacer y no cómo hacerlo.

Aparentemente aguerridos y absolutamente convencidos de su verdad y de su estrategia, tanto el Presidente como sus allegados –ninguno de ellos en razón de su capacidad o su experiencia, sino de lazos personales mezquinos– se enfrascaron en un proceso según ellos convenía a sus objetivos, aunque no a los de la nación. Calderón nunca entendió que su peor escenario es el conflicto.

El desproporcionada, absurda, enconada guerra que el Estado no puede ganar en los términos y las condiciones actuales, ha dividido al país, pero las motivaciones de quienes la han apoyado o quienes se han opuesto a ella, no son las mismas. Los panistas actuaron contra toda lógica, pues el conflicto exacerbado sólo podía perjudicarlos. Los priístas se han dejado arrastrar en alguna medida, aunque muchos, comenzando por Beatriz Paredes, están convencidos de que ese no es el camino.

Quizá las motivaciones más complejas en todo este proceso hayan sido las del propio Calderón. Preocupado por la legalidad, ha avanzado un planteamiento ambicioso y, al menos en la retórica, convincente. A pesar de lo anterior, esa retórica no es compatible con el actuar del propio Presidente y su gobierno a lo largo de estos años, lo que abre un flanco evidentemente vulnerable.

Parecería que, por diversas razones y circunstancias, a Calderón le ocurre lo que a Fox: el ejercicio del poder no es lo suyo, pero el país no puede vivir de los vaivenes de las encuestas o los humores de cada mañana; mucho menos cuando le cuestan vidas, temor, angustia, desesperación. Optó por la peor de las salidas, la que ha destruido lo que pudo haber tenido alguna vez en términos de autoridad y credibilidad. Y les da nuevos ímpetus a los caudillos de toda laya y a sus hordas protofascistas…

Periodista y escritor. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jal. Ha sido reportero, jefe de sección, jefe de información, jefe de redacción, subdirector y director de diarios y revistas, así como colaborador y conductor de programas en radio y televisión, guionista, productor y director de videodocumentales. Enviado especial y corresponsal de guerra en más de 30 países. Editorialista de Excélsior. Presidente del Círculo Latinoamericanos de Estudios Internacionales (CLAEI). Más información: http://claei.org.mx

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