¿Qué culpa tenemos?

SIN MAQUILLAJE…Etelberto Cruz Loeza.

Todos los Medios de Comunicación Social – impresos, radiales, electrónicos (televisión y las redes sociales) – están llenos de letras e ideas sobre el llamado Michoacanazo y cada palabra y fotografía inflaman más los ánimos y estimula el músculo y las secreciones  digestivas; las posiciones están definidas. El caldo está muy gordo y está por desbordarse: u hoy o mañana.

La verdad es que es negativo lo que sucede y será mucho más  lo que está por acontecer. Pero es mucho más lamentable que a los actores principales  les falte cordura, interés por conciliar,  ecuanimidad y prudencia, pero más que otra cosa: estatura y visión de Estado.

Este caso, y  los pronosticados pasos siguientes – continuidad del proceso de desafuero y detención de algunos o todos de  los liberados – son muestra sensible y evidente de que la justicia se manipuló. Cualquiera de las dos posiciones así lo muestran: Bien haya sido por la parte actora o por la defensora. Ante estos hechos se llega a la conclusión de que la justicia está partidizada y con eso extravió  su autonomía, su soberanía y su independencia.

Si bien el Consejero de la Judicatura Federal, Jorge Moreno Collado afirmó que “no puede haber, entre los juzgadores que tienen  a su cargo resguardar el orden jurídico supremo del país, actitudes vergonzantes frente esta noción de la política. Los jueces no son instrumentos dóciles del poder. No podemos ignorar que vivimos tiempos difíciles, circunstancias que pretenden amenazar nuestro Estado de Derecho, vulnerar la seguridad pública y trastocar la paz social. Los magistrados  y jueces federales juegan un papel de suma importancia para la protección de ese Estado de derecho, la tranquilidad de todos los mexicanos y la defensa de nuestras instituciones públicas, democráticas y republicanas” y la ministra Margarita Luna Ramos sostuvo  que los jueces pueden cometer errores en sus resoluciones, pero no pueden ni dejarse seducir por la soberbia y la inmoralidad, ni mucho menos dejarse amedrentarse por delincuentes”, lo cierto es que algo está pasando, porque los escenarios de la procuración de la justicia no son nada positivos para la sociedad nacional: se trastoca el Estado de derecho, es sensible, y más que evidente, que  está extraviada la tranquilidad de todos los mexicanos y que las instituciones están más que desgastadas y  la sociedad ya no está creyendo en ellas.
Particularmente en el caso del Michoacanazo, los que salen ganando con este morbo y polvareda es la administración Federal porque lo usa como distracción  y evita que la sociedad nacional piense en lo que realmente está sucediendo: endeudamiento del país – ahora hasta por 1000 millones de dólares -  hasta por cien años (Y otro por 30 mil millones de dólares  a firmarse en lo que resta del trimestre, a diez años) y el  agravamiento del deterioro de la convivencia  social y  la condición y calidad de vida, que  o se ha estancado – en el menos peor de los casos – o se ha desplomado. 
La administración estatal también sale  triunfadora: también la usa como distractor. Así la sociedad michoacana no se detiene en pensar en las negativas  circunstancias en las que convive y en la linchazón a unos y elevación de otro, se puede continuar con  el desbarajuste, y encubierto despojo, en la administración.
¿Quiénes pierden?
1ª.- La institución  de la  justicia, la concepción de la justicia mexicana que queda  vulnerada, sucia y sin la venda en sus ojos, ni la espada en la mano, ni la balanza equilibrada.
2º.- El Estado de derecho. El más fuerte, el que puede desestabilizar, presionar y negociar y listo. ¡Tiene a la ley de su lado!
3º.- La sociedad, nosotros, ¿qué culpa tenemos de estos malos gobiernos? ¿Por qué tenemos qué pagar todo esto?
En el caso de Michoacán, nosotros los michoacanos salimos perjudicados: fuera del estado nos creen, a todos,  unos delincuentes, unos mafiosos,  nos miran con recelo, por un lado y por el otro, ¡imagínese cómo nos va a ir! La máxima autoridad michoacana, su representante, está peleado con el del dinero y el poder: ¿Qué culpa tenemos?
En los dos, si efectivamente es cierta la confrontación, debe prevalecer la visión de Estado de derecho e imperio de las leyes: dejar que sean las instituciones las que prevalezcan, actúen y resuelvan. El estado y las instituciones de la República no pueden detenerse por este pleito entre encaprichados e irreflexivos contendientes, a quienes les importa un bledo la nación,  el estado, las instituciones y la sociedad.

Si en la Federación el secretario de Hacienda,  Ernesto  Cordero, afirma que el préstamo por 1000 millones de dólares, contratado a 100 años con 113 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica, y que está acordado ya, …”de ninguna manera es deuda, porque solo se trata de una sustitución, porque estamos cambiando  hacia deuda de mejor calidad. La que en el pasado contrajimos a  un menor plazo y a mayor tasa, ahora la vamos a pagar en un plazo mucho  mayor y a una tasa menor”, aquí Humberto Suárez López, para defender lo insostenible de la renegociación de la deuda soberana del estado – de 13 mil millones de pesos, pasará a más de 20 mil millones de pesos, a pagarse en 30 años-,  sostiene lo mismo, bateando sentencias y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la  deuda es deuda sea de donde sea y se pague de donde se pague, y como se pague.

Están tres cosas ciertas, y un rumor: 1ª.- En caso de que los señores diputados locales  den su voto a favor de la reestructuración, nuestro estado será el cuarto estado del país más endeudado, debajo del Distrito Federal, estado de México y Nuevo León, que tienen más desarrollo urbano  e inversión en el hombre, más inversión financiera, más economía y mayor participación en el PIB nacional. 2ª.-En este caso, nuestro estado tendría casi el 10% del total de la deuda nacional – que ligeramente supera los 260 mil millones de pesos -. 3ª.- Se estaría hipotecando el presupuesto  estatal y evitando la posibilidad de presupuestar desarrollo e inversión sociales, porque se pagaría con cargo a las participaciones federales y al 2% de nómina y, se sabe que, el 90% del presupuesto estatal  lo constituyen los recurso federales. Como atinadamente se afirmó: Antes, los niños al nacer, traían una torta bajo el brazo; ahora, traerán una deuda. El rumor: rueda que cada diputado que dé el sí  a esta reestructuración, y levante la mano, recibirá un cañonazo de 5 millones de pesos. 

¿Qué culpa tenemos, y tendrán nuestros hijos y nuestros nietos, por la mala administración?  ¡Queremos sentirnos orgullosos de ser michoacanos y no   con miedo por serlo!