Está de moda en el país hablar, comentar y declarar sobre el inédito caso  – aunque no tanto – de las autodefensas comunitarias; al respecto, transcribo columna de Jaime Castrejón Diez, publicada en EL FINANCIERO, en su edición del 11 del presente.

LA AUTODEFENSA.


Ante el aumento de la inseguridad han surgido movimientos de autodefensa. El más visible es el de la Costa Chica del estado de Guerrero, que abarca 11 municipios. La aparición del movimiento de autodefensa y de las policías comunitarias fue producto de la indiferencia de ciertas autoridades a la escalada de violencia en sus comunidades. El aislamiento en que se encuentran estas comunidades y la falta de un sistema de seguridad y de justicia, son los factores que llevaron a que se formara este movimiento.  

El movimiento de autodefensa ha capturado a 54 personas y en sus operativos los integrantes de esos grupos de autodefensa iban encapuchados. Esto tiene importancia, porque bien pudiera ser que por protección personal o por pertenecer a grupos que están al margen de la ley. En sus primeras actuaciones aprehendieron a supuestos malhechores que estaban amenazando a delinquiendo en esas regiones y decidieron que estos fueran sujetos a un juicio comunitario. Es más, pusieron la fecha, 22 de febrero para que  un tribunal popular decida si son culpables o no y la pena que se les aplique.

Naturalmente que esto es algo muy esto, porque estas comunidades asumen posiciones que no deben ser comunitarias, ya que el uso de la violencia legítima es solamente atribución del Estado. Si se lleva este proceso a sus últimas consecuencias, estamos ante la realidad de un Estado fallido. Las implicaciones son obvias, si la seguridad en sus territorios no es respetada, entonces las autoridades no están cumpliendo con su deber, lo que representa un vacío de poder.

Este movimiento empezó el 6 de enero en Ayutla, varias comunidades afectadas por la violencia y por cierta falta de acción de las autoridades, tomaron la decisión de formar sus cuerpos policiacos comunitarios. Ante los hechos, autoridades del gobierno del estado de Guerrero se reunieron con los dirigentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. El representante de los pueblos informó que hay diferencias de opiniones en las asambleas de las comunidades sobre si entregan a los detenidos al gobierno estatal o si continúan con la idea de juzgarlos en los tribunales comunitarios.

Si los juicios comunitarios se llegan a   dar y las condenas se aplican, estamos en el caso de una anarquía muy clara, y por otro lado si las autoridades lo permiten, no hay duda de que estamos ante un Estado fallido. La anarquía se da por  falta de acción de los gobiernos legítimos o por su falta de credibilidad. No es el primer caso que se da en este sentido, recordemos lo que anteriormente pasó en Michoacán. El caso de Cherán fue por proteger sus bosques, pero también fue un caso de vigilantismo, es decir que por falta de credibilidad en las autoridades, recurrieron a darse protección por sus propios medios. En el mismo estado el caso de la Nueva Jerusalén fue establecer sus propias reglas ignorando el gobierno establecido.

Al no tener credibilidad en las instituciones se utilizan argumentos justificatorios que tratan de dar al vigilantismo una justificación. El líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pablo Guzmán, dijo:

“Somos legítimos, porque nos eligieron los pueblos; somos legítimos, desde los policías que son nombrados en una gran asamblea de su comunidad y son ciudadanos de buena conducta; somos legítimos porque están los comandantes regionales y coordinadores.”

Para ser claros, la legitimidad en un Estado nacional está en los distintos niveles de gobierno establecidos en la Constitución y en las instituciones que de ella se derivan. Si se manifiestan nuevas “legitimidades” es porque las autoridades han fallado y hay que conminarlas a que cumplan con sus gobernados. Pero hay que ser realistas, el vigilantismo puede acabar con el Estado de derecho. Al anunciar que los detenidos serán entregados al gobierno del estado y que las policías de autodefensa ya no  utilizarán capuchas, es posible retomar el camino a la normalidad”.