Lorena Cortés
La paradoja punitiva comienza cuando un regimen de izquierda, amplía cada vez más su capacidad para detener, vigilar y castigar, mientras reduce las defensas del ciudadano frente a ese poder. Ahí aparece el riesgo del derecho penal del enemigo (Günther Jakobs), dejar de tratar al acusado como sujeto de derechos para empezar a tratarlo, desde la sospecha, como una amenaza que debe ser neutralizada.
Paradoja que debería incomodar especialmente a un gobierno que se reivindica de izquierda. México ha ampliado durante los últimos años el poder punitivo del Estado y, al mismo tiempo, descubre que sus cárceles comienzan a quedarle chicas.
Por eso el gobierno federal trabaja ya en alternativas para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria, entre ellas ampliar espacios y aplicar mecanismos de liberación anticipada. Pero el problema no es solamente de infraestructura. La discusión de fondo es mucho más seria, qué clase de Estado está construyendo el régimen.
El INEGI registró en 2025 – 231,436 – personas privadas de la libertad (PPL) – sin incorporar a la población adulta de los centros penitenciarios de la Ciudad de México y 97,722 (PPL) todavía sin sentencia, el 42.2 % del total registrado.
El grueso de la población está en prisiones estatales y los delitos de ingreso más frecuentes son robo y narcomenudeo – venta de drogas al menudeo – Mientras tanto, decenas de miles permanecen encarcelados sin sentencia. Por eso la discusión no puede reducirse a construir más cárceles.
El dato adquiere otra dimensión frente a la actual estrategia de seguridad. De octubre de 2024 a julio de 2026, el gobierno federal reporta 63,564 personas detenidas por diversos delitos de alto impacto. A ese paso, el sexenio podría cerrar con alrededor de 208 mil detenciones acumuladas.
Por lo que la pregunta verdaderamente importante no es cuántas personas puede detener el Estado, sino qué capacidad tendrá para investigarlas, procesarlas y resolver su situación jurídica con rapidez. México no sólo necesita investigaciones sólidas y juicios claros y cortos; necesita también y sobre todo crear condiciones para prevenir las violencias y el crimen.
De poco sirve llenar las cárceles si, al mismo tiempo, siguen reproduciéndose las condiciones que permiten que nuevas organizaciones recluten, extorsionen, controlen comunidades y sustituyan funciones del Estado.
EL regimen busca cómo despresurizar las prisiones, mientras su propio diseño constitucional mantiene y amplía figuras como la prisión preventiva oficiosa, que permite perder la libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. Primero se encarcela. Después se demuestra la inocencia. Desde prisión.
Que quede claro, donde hay crimen organizado, el Estado debe combatirlo con toda la fuerza de la ley. Pero precisamente porque debe ser fuerte, también debe estar limitado. La fuerza sin controles al paso del timepo se convierte en arbitrariedad.
Y es justamente en este punto donde cobra sentido la advertencia de Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte. Las reformas del regimen han otorgado al Estado capacidades extraordinarias casi superpoderes frente al ciudadano desde la elección popular de jueces, ampliación de la prisión preventiva, modificaciones al amparo, mayores facultades de vigilancia digital y herramientas administrativas (SAT) para afectar el patrimonio ante “indicios” de operaciones ilícitas. Bajo esa lógica el Estado dispone ya del armazón legal para dar vida a un Estado policial, mientras los mecanismos de defensa y los contrapesos institucionales se vuelven más debiles.
Ahí aparece también el riesgo del derecho penal del enemigo. En un país hiper polarizado, el Estado deja de mirar a una persona como ciudadano sujeto a derechos, al “adversario” comienza a tratarlo principalmente como una amenaza que debe neutralizarse. Hoy puede ser el narcotraficante, mañana, el empresario incómodo, el periodista, el opositor o simplemente quien cuestione al poder o aquel que convenga por calculo político.
El caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel resume bien esta tensión. Que se investigue a fondo y, si hay pruebas, que se le condene. Pero una acusación, por grave que sea, no puede sustituir a una sentencia. La culpabilidad se demuestra en juicio; no se presume desde el poder.
Ésa es quizá la paradoja mayor, un gobierno que se proclama de izquierda ha fortalecido instrumentos punitivos mientras debilita algunos de los límites que históricamente el pensamiento progresista defendió frente al poder.
Un gobierno que llegó al poder enarbolando el mandato del pueblo termina construyendo un Estado frente al cual ese mismo pueblo dispone cada vez de menos contrapesos, menos defensas y menos margen de protección frente al poder.
