La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo vive un momento de tensión que no se explica únicamente por el curso legal de un juicio de amparo. El Dr. Sergio Carmelo Domínguez Damota, quien obtuvo una suspensión provisional con efectos restitutivos para regresar a la dirección, muestra una urgencia que va más allá de lo jurídico: lo que se documenta en registros internos y testimonios apunta a prácticas administrativas que desde ya se antojan irregulares y que ameritan una auditoría inmediata por parte de la Rectora Dra. Yarabí Ávila González.
El caso más revelador es el del profesor Adrián Cira González, identificado con el número de empleado 17001978, quien aparece en registros con cargas académicas que desafían toda lógica. En distintos semestres se le asignaron 25, 38 y hasta 44 materias diferentes. Si esto fuera real, estaríamos ante un sabio del derecho capaz de impartir simultáneamente decenas de cursos de disciplinas diversas, un fenómeno digno de un Nobel académico.
Pero la realidad apunta a otra explicación: las materias se asignaron, se cobraron, pero no se impartieron. Cada materia representa un pago aproximado de 2,850 pesos por quincena. Multiplicado por 25, 38 o 44 materias, los ingresos se disparan a cifras que ningún otro profesor registra. En una sola materia se inscribieron 197 alumnos, todos con calificaciones homogéneas de 8, 9 o 10. La uniformidad en las notas sugiere que las evaluaciones no se realizaron, sino que fueron cargadas directamente en el sistema.
Los testimonios de estudiantes coinciden: hubo quejas por falta de clases, lo que refuerza la hipótesis de clases fantasma. La implicación es grave: fraude académico y administrativo, complicidad en la gestión, impacto directo en los estudiantes y una urgencia de Carmelo por reinstalarse en la dirección para tapar o corregir estas prácticas antes de que una auditoría las exponga.
Las evidencias recopiladas muestran un patrón consistente: multiplicidad de actas en las mismas materias, homogeneidad sospechosa en calificaciones, asignación desproporcionada de cargas académicas y acumulación masiva de registros que excede cualquier lógica administrativa. No se trata de errores aislados, sino de un esquema que amerita una revisión profunda. La reinstalación de Carmelo Domínguez no puede ser vista únicamente como un asunto judicial.
Lo que está en juego es la transparencia y credibilidad de la Universidad Michoacana. La comunidad universitaria merece claridad: ¿se trata de un error administrativo monumental o de un esquema deliberado de simulación académica y cobro indebido? La Rectora Yarabí Ávila González tiene la responsabilidad de ordenar una auditoría exhaustiva que esclarezca si estas prácticas constituyen irregularidades administrativas y, en su caso, deslindar responsabilidades.
