Lorena Cortés
Durante décadas se sostuvo que los grupos criminales disputaban las rutas de la droga. Hace bastante rato que esa explicación resulta insuficiente. En distintas regiones de Michoacán ya no buscan únicamente trasladar mercancías ilícitas. Buscan administrar territorios, intervenir mercados legales, fijar precios, cobrar impuestos clandestinos y decidir quién puede producir, vender, transportar o trabajar. Es un portafolio criminal que se diversificó al amparo de la corrupción, la impunidad y, en algunos casos, de la complicidad institucional.
La extorsión generalizada no es solamente un delito patrimonial. Se ha convertido en una apropiación criminal de la actividad económica. Por eso no basta con denunciar sino se entiende el fenómeno tal cual.
En algunas zonas, de acuerdo con denuncias públicas, testimonios de sectores productivos e investigaciones periodísticas, el territorio ha dejado de ser únicamente un espacio geográfico para convertirse en un activo económicamente explotable por organizaciones criminales.
Desde una perspectiva criminológica, es una lógica de arrendamiento criminal del territorio, mediante la cual determinadas demarcaciones son tratadas como fuentes permanentes de extracción de rentas ilícitas. Quienes ejercen ese control de facto buscan decidir qué se produce, quién puede comercializar, cuánto debe pagarse por operar y cuáles son las consecuencias de incumplir las reglas impuestas al margen de la ley. Sino te sometes te matan.
Eso es lo que México debe comprender. En algunas localidades de Michoacán, la disputa ya no consiste solamente en controlar el narcomenudeo, la extorsión o cualquier otra economía ilícita. La verdadera disputa consiste en controlar el territorio como una fuente permanente de extracción de riqueza.
En los hechos, algunas demarcaciones comienzan a ser tratadas como verdaderas franquicias criminales, donde el objetivo no es únicamente dominar el espacio, sino rentabilizar sistemáticamente toda actividad económica que ahí se desarrolla. Para preservar ese modelo de control, estas estructuras recurren de manera estratégica a la intimidación, el desplazamiento forzado y, en los casos más extremos, al uso selectivo de la violencia extrema, no como un fin en sí mismo, sino como un mecanismo de sometimiento que inhibe la denuncia, desalienta la resistencia y garantiza el flujo permanente de recursos ilícitamente obtenidos.
Si el problema evolucionó hasta convertirse en un modelo de apropiación criminal de la actividad económica, también debe evolucionar la respuesta del Estado.
El Gobierno de México anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025 y, dos días después, Apatzingán fue el primer gran escenario operativo. Un año más tarde, el 28 de julio de 2026, el Gobierno de Michoacán presentó en Morelia un nuevo despliegue con el mismo propósito. Los operativos son necesarios; falta demostrar que bastan para recuperar el control económico de los territorios.
La historia reciente obliga a ser prudentes. Entre los casos que alcanzaron mayor visibilidad pública se encuentran el de José Luis Aguiñaga Escalera, empresario limonero asesinado en Buenavista el 12 de septiembre de 2024, tras denunciar las extorsiones que padecía el sector; y el de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, asesinado el 20 de octubre de 2025, apenas tres meses después del inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Ambos representan una realidad mucho más amplia que ha cobrado numerosas víctimas, muchas de ellas sin la misma atención pública.
El crimen organizado ya no necesita asesinar todos los días para conservar el control. Le basta con ejercer violencia extrema de manera selectiva contra quien desafía el sistema de rentas ilícitas. El resto lo hace el miedo. Así, la violencia deja de ser indiscriminada para convertirse en un instrumento de control territorial.
Por esa razón, la reducción del homicidio doloso, aun siendo una noticia positiva, no demuestra por sí misma que haya mejorado la seguridad ni que el Estado haya recuperado el control territorial.
Puede disminuir el número de asesinatos y mantenerse intacta la extorsión.
Puede reducirse la violencia visible y aumentar la subordinación económica.
Puede disminuir la confrontación entre organizaciones criminales porque una de ellas ya consolidó su dominio.
Y puede haber menos homicidios simplemente porque comunidades enteras aprendieron que resistirse cuesta la vida.
La verdadera medida de la seguridad no será cuántos homicidios disminuyeron.
Será el día en que un productor pueda sembrar, cosechar, transportar y vender sin pagar una renta criminal; cuando un empresario pueda denunciar sin convertirse en objetivo; y cuando el Estado vuelva a ser la única autoridad que cobre contribuciones, dicte las reglas y ejerza legítimamente el control sobre el territorio.
