El jueves 28 de abril pasado, precisamente en la recta final del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores, estos aprobaron con 82 votos a favor, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, organismo público creado con el fin de apoyar a las personas físicas y morales en asesoría, representación y defensa ante actos arbitrarios de la autoridad, específicamente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria. La Procuraduría es un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

 

Bernal Ladrón de Guevara fue propuesta por el presidente Felipe Calderón en una terna que envió al Senado conformada por Gabriela Ríos Granados, quien sólo obtuvo 11 votos, y José Miguel Domínguez Camacho, quien de una manera increíble no obtuvo votos.

Cabe mencionar que el día de hoy dicha Procuraduría, carece de una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, situación que la hace inoperante, independientemente que ya se cuente con su titular.

A pesar de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue contemplada en el Código Fiscal de la Federación desde el año 2004, su legislación se crea hasta el año 2006, y no fue sino hasta este 2011 cuando el Jefe del Ejecutivo envió la terna para que la Cámara de Senadores pudiera elegir a su titular, con lo cual quedó cubierto un vacío que técnicamente se tenía desde hace más de 5 años en esta materia, después de pasar por una serie de impugnaciones por parte del Presidente de la República mediante una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad.

Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, se ha desempeñado como diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, fue además delegada en Iztacalco y Directora General Jurídica y de Gobierno en la Delegación Iztapalapa, hasta hace unos días se desempeñaba como Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, anteriormente fue Magistrada de un Tribunal Colegiado de Circuito, además de haber sido Juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Su designación por lo que podemos observar, obedece más a intereses políticos, aunque jurídicamente puedo considerar que es una persona con experiencia en la materia, era obvio que en la terna, la oposición le insertó al Presidente de la República a esta mujer con filiación notoriamente perredista.

Era obvio que no le iban a permitir la designación de una persona afín al mismo Presidente, ya que la Procuraduría estará defendiendo a contribuyentes de los actos del propio Poder Ejecutivo Federal.

Hace ya 16 años esta figura existe en España, a través de un Consejo, en nuestro es patente una vez más, que los legisladores carecen de interés verdadero para representar a los gobernados, es el tema de siempre: las negociaciones políticas, antes de velar por el bien común.