Etelberto Cruz Loeza.
¡Y NO ME DIGAN QUE LO DICE LA LEY!… ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL
A través de estas líneas pido permiso e informo al autor este término, gobierno Dialogante – para utilizarlo; en su artículo solicitó que el gobierno fuera dialogante.
Su argumentación se publicó en un diario de circulación nacional y me sirve para desarrollar mis ideas.
Entiendo que sus palabras se refieren a un gobierno, a una autoridad, en este caso, federal, nacional, dispuesto a dialogar, a escuchar, a intercambiar ideas, a comunicarse con la o las otras partes y dispuesto a llegar a acuerdos, en el marco de la ley existente.
Supongo que todos los gobiernos, incluso los no democráticos, están o deben estar dispuestos a esta condición: dialogar, conversar, escuchar, intercambiar ideas y llegar a acuerdos, en el marco de la ley, específica o constitucional.
Esa es la característica general: dialogar para escuchar, acordar y cumplir la ley.
Extraña que se tenga, casi cotidianos, universos, escenarios tan paradójicos, extraños, por expresar lo menos: manifestaciones, marchas, bloqueos que evolucionan para pasar al vandalismo y hasta actos más allá, atemorizantes, pavorosos, ya no tan inéditos, que pueden calificarse de delictivos y hasta de terroristas y, lo más grave, es que no haya detenidos y que, además, en la mayoría de los casos, se traten o de justifiquen o lo minimicen o no les hagan caso, que resulta lo mismo: no son atendidos.
Llama la atención que lo anterior sea únicamente para un lado, porque para el otro lado, el de los ciudadanos, se entra a un camino burocrático con obstáculos o con si no objeciones, sí con bastantes limitantes…es algo así como se dice que es el estilo de la política juarista: Plata para los amigos o la ley a secas. Plomo para los enemigos. Palo para los inconformes.
La política de las P.
Porque está otra: Encierro, destierro o entierro.
Más lo que se busca y se necesita es gobierno dialogante para todos, pues, partiendo del origen, la ley constitucional, todos somos iguales ante la ley.
¿Esto será posible?
¿Es posible?
¿Es real?
¿O es un ideal
Regis Debray, en su libro, La República Enseñada a mi Hija, afirma, entre otras ideas, que lo que más daña a una República es que sus autoridades tengan miedo de aplicar la ley, porque se pueden molestar los inconformes. Ese incivismo de las autoridades es lo que más daña a los gobiernos democráticos y lo acerca más a las tiranías, a las dictaduras.
Somos una nación, una República con un gobierno democrático en la que deben funcionar la ley de los contrapesos y los equilibrios entre los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Judicial y Legislativo y, en teoría, deben corregirse los excesos, los abusos de un poder o de los poderes,
Mas, curiosamente, “el presidente Andrés Manuel López Obrador ha violado la
Constitución y cuando no ha podido violarla, ha reformado su texto. En su actuación desde presidente electo ha quedado claro que, si la ley le ayuda, la respeta; si no, la cambia. Si le obstaculiza, la ignora. Si considera que lo que hay no le basta, entonces cambia la Constitución”, así escribió Elisur Arteaga Nava, en PROCESO. 2248, del 01.12.2019
El 22 de octubre de 2020 en su discurso, el Gral. Carlos Gaytán Ochoa, (en condición de retiro), en desayuno en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó: … Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento.
Hoy tenemos un gobierno que representa, aproximadamente a 30 (treinta) millones de mexicanos cuya esperanza es el cambio. Un cambio que les permita subsanar lo que ellos consideran un déficit del Estado para dicho sector poblacional.
No podemos soslayar que el hoy titular del Ejecutivo, ha sido empoderado legal y legítimamente…sin embargo, es también una verdad inocultable que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, por decirlo con suavidad.
Esta concentración de poder hace que el titular del Ejecutivo Federal abuse del ejercicio del poder y se hace omiso de sus responsabilidades constitucionales, que juró respetar y hacer que se respetara.
Andrés Manuel López Obrador intervino de todas las formas posibles en la reciente finalizada elección presidencial y no hubo poder político, jurídico y/o Constitucional que lo obligara a no intervenir. Las medidas cautelares le hacían lo que el aire a Juárez. Como la Constitución no prevé castigos para estos hechos, hace lo que quiere… ¡Quién lo obligaría? ¿Qué pena le impondría? ¿Y quién se la impondría?
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolutivo, colocó al Senado de la República en desacato porque no ha nombrado a los miembros faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información…Y la presidenta del Senado respondió…”la actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es totalmente Confrontadora, en pleno proceso electoral” … Consideró a la cabeza del poder Judicial de la Federación como florero
No le importa estar en desacato, porque, también, ¿qué, ¿quién y qué castigo se le impondría?
¡Eso es poder y desprecio!
La ley establece como pena el cese, Es la pena- castigo, sino se cumple el mandato del poder Judicial. La ley es la ley.
Somos un gobierno republicano con una condición de crisis de poderes de la Unión.
