ESCRITORIO DEL EDITOR.
El Consejo de Especialistas para la Educación (CEPE) fue creado este año por la SecretarÃa de Educación Pública (SEP). Se trata de un organismo técnico —similar al que existe en Chile— cuya función es producir reflexiones y estudios especÃficos con el fin de mejorar las polÃticas educativas de México. La SEP concede a este organismo total libertad para su trabajo. El primer producto del CEPE mexicano es un “libro blanco†cuyo tÃtulo es Los retos de México en el futuro de la educación, presentado hace unas semanas.
La oportunidad de dicho volumen es obvia: se trata de hacer llegar un mensaje a la próxima administración federal. No se ofrece un diagnóstico exhaustivo, se parte de consideraciones generales e informaciones compartidas, pero se pretende mostrar que la educación nacional sigue siendo una empresa inacabada que reclama esfuerzos mayores, significativos, de parte de los polÃticos —y de todos los ciudadanos— si se aspira honestamente a que la nación supere sus rezagos sociales, económicos y polÃticos.
El CEPE no pone en entredicho los conceptos consagrados en el artÃculo tercero de la Constitución, reafirma la necesidad de desarrollar una educación laica y pública, y tampoco argumenta que la nueva reforma educativa deba empezar de cero. La idea es que hay que partir de lo que se ha hecho, que no es poco. Pero es importante comenzar por subrayar los propósitos centrales de la educación, no como un ejercicio metafÃsico sino como una vÃa para ordenar los medios que han de activar. Y esos propósitos no son otros que:
1) una educación para la justicia y la equidad;
2) una educación para la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana;
3) una educación para la productividad, la competitividad y el desarrollo.
El orden de estos propósitos no es arbitrario sino simbólico. Lo que más nos apura es dar la cara a la injusticia social y a la inequidad. Pero no es posible separar ese empeño de la educación ciudadana para la democracia. Los ciudadanos ilustrados, virtuosos, conocedores de sus derechos y de las leyes, han de ser a la postre los redentores de sà mismos. Construir una democracia de ciudadanos es el mejor camino para llegar a la justicia. Pero ¿cómo concebir la redención de los pobres sin el progreso productivo? La economÃa reclama competencias y, sin ellas, no podrá haber futuro nacional viable.
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¿Cómo olvidar los rezagos históricos de México? ¿Cómo dejar de lado la pobreza, la desigualdad, el retraso de la cultura polÃtica, los conflictos que desbordan la legalidad, las migraciones, los problemas de identidad, la escasez de recursos y la contaminación del ambiente? Todo esto configura un cuadro preocupante al que se debe hacer frente desde la educación. Pero hay un abanico de retos que provienen del cambio cultural y de la nueva economÃa del conocimiento.
La educación debe ser relevante. Es preciso educar para la vida. Si esto es verdad, debemos captar los cambios sutiles que se están dando en las formas de percibir, valorar, juzgar, actuar, convivir y representar la realidad y que, en conjunto, suman una revolución cultural sin precedente. ¿Y qué decir del tumulto de mutaciones que han traÃdo consigo la economÃa del conocimiento y la globalización?
El mundo de la producción y del trabajo han cambiado radicalmente, lo cual exige un esfuerzo de readaptación importante. Las viejas calificaciones son obsoletas o están en proceso de redefinirse. La innovación lo invade todo y a toda prisa: la organización de las empresas, el concepto de espacio y tiempo productivos, el saber tecnológico, los lenguajes, los valores, el trabajo, el tiempo libre, etcétera. Los retos que surgen de estas evoluciones reclaman nuevas competencias y, sobre todo, nuevas polÃticas de educación. No se trata sólo de competencias productivas, en abstracto, sino de competencias de manipulación simbólica que se hallan en permanente redefinición, lo cual reclama una nueva idea del quehacer educativo.
La nueva realidad exige un concepto nuevo de alfabetización: ya no basta con el alfabeto, se requieren nuevas “alfabetizaciones†que encierran el desarrollo en todos los ciudadanos de dimensiones de la personalidad humana que harán posible la convivencia futura: alfabetizaciones en ética, civismo, diálogo intercultural, tecnologÃa, etcétera. Una ciudadanÃa más relevante y más rica en disposiciones y aptitudes, que no puede emerger de una escuela estancada en el tradicionalismo.
La escuela mexicana está sometida a este mundo de tensiones y no todo en ella es negativo. Su mayor riqueza: los recursos humanos con que cuenta. 33 millones de alumnos, 1.5 millones de docentes. Pero sus posibilidades potenciales o actuales no deben impedir nuestra mirada crÃtica. El diagnóstico educativo exige sinceridad: más de 30 millones de mexicanos mayores de 15 años no han completado su educación básica. La escolaridad promedio de México es de 8.2 grados. Dominan las formas memorÃsticas y librescas en la enseñanza. Los resultados de aprendizaje son bajos. De acuerdo a las pruebas del Programme for International Student Assessment (PISA) de la OCDE en matemáticas, comprensión de lectura y comprensión de conceptos cientÃficos, entre el 30% y 40% de los alumnos mexicanos de 15 años no alcanzaron la categorÃa mÃnima de calificación estipulada por el organismo.
Hay otros desafÃos. Aunque nuestro paÃs está entre los paÃses que más alta proporción del PIB invierten en educación (casi el doble del promedio de la OCDE), el gasto por estudiante en primaria y secundaria, medido en dólares ajustados a la paridad del poder de compra, representa apenas una cuarta parte de lo que ejerce en el promedio de los paÃses de la OCDE. Y otro problema más en México es que el 97% del presupuesto público de educación básica se concentra en gasto corriente (el promedio OCDE es de 91%).
La educación media superior (EMS) es un cuello de botella crucial. Aunque absorbe al 59.5% del grupo entre 15 y 17 años de edad, su eficiencia terminal es de 58%. Pero no sólo eso, es un nivel de estudios disperso en sus contenidos y en su estatuto institucional (como se sabe, una buena parte de los centros de enseñanza media superior forman parte de las universidades públicas, otra parte es privada y otra depende directamente de los gobiernos estatales). La EMS está más vinculada a la educación superior que a la educación básica, lo cual es absurdo.
La educación superior (ES), por su parte, es un conglomerado heteróclito de instituciones públicas y privadas. En ella estudia aproximadamente el 25% de la población entre 18 y 23 años de edad. Aunque el documento omite este dato, su eficiencia terminal es baja (se estima en 50%). En la ES se registra un problema crónico con la estructura de la matrÃcula, que se carga hacia las profesiones tradicionales cuando el paÃs requiere que se incrementen el número de cientÃficos y tecnólogos, asà como que se atiendan áreas especÃficas de la producción (petróleo, agua, alimentos, fuentes alternativas de energÃa, etcétera).
En Los retos de México en el futuro de la educación se ofrecen un conjunto de recomendaciones organizadas conforme a cada uno de los propósitos contemplados. Se plantea, asimismo, que la calidad debe ser un criterio general que debe reflejarse en el conjunto de la polÃtica educativa propuesta. Y se concluye con la formulación de tres estrategias de acción:
1) profesionalización de docentes y directivos;
 2) gobernabilidad del sistema educativo, y
3) financiamiento de la educación.
La descripción analÃtica de cada una de estas estrategias es breve, pero se incluyen enseguida recomendaciones especÃficas. En el caso de la formación de profesores directivos, se enfatiza la importancia de planear adecuadamente el número de docentes que se forman por nivel escolar y zona geográfica; la necesidad de acomodar la formación y capacitación permanente con las reformas que se han dado en educación básica (por ejemplo, Enciclomedia, la RES, entre otras); la flexibilización de la normatividad en la materia; la necesidad de revisar crÃticamente la carrera magisterial.
En materia de gobernabilidad del sistema, el documento menciona varios problemas, entre otros las relaciones entre la organización sindical, el SNTE, y la autoridad educativa que a veces se reducen a la mera confrontación en torno a salarios y que persiste la tendencia del sindicato a invadir áreas que son propias de la autoridad. Es necesario continuar con la federalización del sistema escolar. El documento, sin embargo, no se extiende mucho sobre las fuerzas que actúan dentro del sistema escolar alterando de forma recurrente su funcionamiento (caso de la CNTE y de la sección 22 de Oaxaca) y de la necesidad de adoptar el principio de autonomÃa para la educación. En otro punto se habla de la participación social como una tarea todavÃa incumplida: mientras la sociedad no se haga cargo de la educación (o, dicho de otro modo, mientras las burocracias no den participación a los ciudadanos en asuntos educativos) es difÃcil pensar que se superen los vicios estructurales de este sistema.
El gobierno federal aporta el 80% del gasto educativo nacional. Las entidades federativas expresan con frecuencia quejas en cuanto a las reglas de asignación que se siguen en la distribución de este monto, pero los recursos que dedican los estados a la educación tampoco cumplen con ninguna normatividad predeterminada (como podrÃan ser un porcentaje del PIB estatal o un Ãndice de desigualdad). El caso más notable es el del Distrito Federal que gasta en uniformes y útiles escolares, mientras que la operación del sistema escolar es financiada en un 100% por el gobierno federal. La OCDE sugiere que no es necesario aumentar más el gasto nacional en educación, el monto global es suficiente (7.2 del PIB), lo que urge en cambio es elevar la eficiencia de ese gasto, hacerlo más racional y someterlo al filtro del rendimiento público de cuentas.
