Prejuicios del rector en contra de la carrera policial. Por Francisco Morelos Borja

No, no, no estoy hablando de nuestro estimado rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino del Dr. José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
La semana pasada  se suscitó una “discreta” polémica entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el director de la máxima casa de estudios del país. El motivo de la diferencia fue la convocatoria que lanzó la dependencia federal para reclutar entre los jóvenes mexicanos, que cursan la enseñanza media-superior, aspirantes a la carrera policial.  Resulta que el Dr. Narro se negó a firmar un convenio de colaboración con tal fin, bajo el sorprendente argumento de que “consideramos que los jóvenes se merecen otro tipo de opciones… una gran inquietud se expresa por… la falta de expectativas aceptables y éticas para los jóvenes”.
¡Vaya! Lo menos que podemos decir acerca de lo expresado por el rector de la UNAM es que nos sorprende que su apreciación sea tan evidentemente discriminatoria. ¿Acaso el Dr. Narro no se da cuenta que todo país requiere de ciudadanos que generosa y operativamente defiendan la soberanía nacional, que garanticen la seguridad y presten  apoyo a la población civil cuando se requiera? ¿De dónde, o cómo, cree que deben surgir y formarse aquellas personas destinadas a cumplir con tan grave e indispensable responsabilidad?  ¿No son acaso quienes ya alcanzaron cierto nivel educativo -enseñanza medio-superior-  los que pudieran continuar, con mejores posibilidades, una formación  académica para llegar a ser buenos policías? ¿No es hoy más que nunca que necesitamos más y mejores policías?
A pesar de que en nuestro país el estado de fuerza estatal -léase policías- en promedio es de casi 4 policías por cada 1000 habitantes, es decir un poco por encima de la recomendación internacional de 3/1000, su distribución y calidad deja aun mucho que desear.
Así, entre policías estatales, municipales, custodios, policías ministeriales y de seguridad privada, en Michoacán contamos con  2.7 elementos por cada mil habitantes. Esta cifra es en el Distrito Federal de ¡10.2!  y en Coahuila, en contraparte, es apenas de 2.0.  De entrada se puede fácilmente concluir que en estas dos entidades federativas hay ineficiencia policial, en el primer caso no es explicable que haya tanta delincuencia habiendo tantos policías y en el caso del estado norteño pues es obvio que de arranque les faltan policías.
Ahora bien, si además consideramos que durante el Tercer Foro Nacional de Seguridad y Justicia, que se celebró hace unas pocas semanas, quedó más que claro que padecemos una gran dispersión en territorio mexicano de la fuerza policial en cerca de 2,200 corporaciones y que en una buena parte de ellas, principalmente en el orden municipal, existe infiltración  de la delincuencia organizada, podemos concluir, entre otras cosas, que urge la profesionalización de esta actividad ¡fortaleciendo la carrera policial!   
Se trata pues de dignificar, como debe hacerse con muchas otras actividades, el trabajo policial.  En este sentido, hay mucho que hacer, entre  lo prioritario destaca mejorar sueldos y prestaciones (el 60% de los policías municipales, que son unos 170 mil en el país, ganan menos de 5 mil pesos mensuales), unificar mandos, generalizar las evaluaciones de control de confianza (al 23 de mayo de este año el 100% de los elementos de la policía federal -35,450- se habían sometido a estas pruebas) y, por supuesto, mejorar su capacitación.
Me queda claro que el compromiso con la optimización de las fuerzas policiales es muy disparejo entre las diversas entidades federativas y muy limitado en lo municipal. Se estima que no llega al 10%  la cifra de policías estatales y municipales evaluados con pruebas de control de confianza (examen psicológico, estudio socioeconómico, toxicológico y poligráfico). En este aspecto en particular Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Colima son los estados  que más han avanzado y los que menos son Campeche, Nayarit, Quintana Roo y SLP. Pero volvamos al tema que dio origen a exponer esta realidad: ¿por qué ver con desprecio la carrera policial, tal como lo manifiesta el rector de la UNAM? Sin duda hay explicaciones más no justificaciones.
Innegablemente, de verdad lamentable, vivimos en el país de las desigualdades y de los prejuicios. Esto se refleja en toda la vida social, en el prestigio -privilegios- o desprestigio que puede significar tal o cual actividad laboral. “Vale” más socialmente hablando un arquitecto que un carpintero, aunque aquel esté desempleado y este goce del mayor éxito económico, por dar solamente un ejemplo entre todos los que quieran imaginar. En esta perspectiva los oficios y las carreras técnicas se subestiman frente a los profesionistas, cuando en gran medida la actividad económica y la productividad comercial dependen tanto de unos como de los otros.  
Comprometámonos con la justicia social. Lo que debiéramos estar discutiendo no es el valor ético que encierra la expectativa de ser policía frente a la posibilidad de llegar s ser ingeniero o licenciado, sino lo que tendríamos que estar haciendo es contribuir, cada quien desde su trinchera  -gobierno y sociedad-, en la dignificación de aquellos trabajos que se realizan en condiciones de desventaja y que por tanto estigmatizan negativamente a las personas. Así, remuneraciones justas y equilibradas, prestaciones suficientes y equivalentes para las diversas labores, adecuadas condiciones de seguridad y equipamiento, aprecio y respeto social, etc., son algunos de los elementos que una vez vigentes sin discriminación  en el mundo del trabajo irán cerrando las enormes brechas socioeconómicas que nos alejan a unos de los otros.