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El Gobierno de Nuevo León anunció un plan de Fortalecimiento Administrativo y Financiero para disminuir el gasto corriente y obtener un ahorro presupuestal de 500 millones de pesos, 350 para pagar el servicio de la deuda derivado de los cinco mil millones que contrata con BANOBRAS para hacer frente a los pari passus del FONDEN. Dice la nota de Dolores Ortega en El Norte que es la primera entidad en poder hacerlo. La deuda de Nuevo León registrada en Hacienda asciende a 34 634.4 millones de pesos, si descontamos 4 600 de los municipios (sin aval) son 30 mil millones. Sin embargo los 5 mil millones son nueva deuda autorizada por el Congreso, que cuando se registren sumarán ya 35 mil millones, casi 40 mil con la de los municipios.

Algo parecido ya sucedió en Tabasco, que tuvo que reducir personal, acortar horarios, implementar austeridad, aunque a diferencia de Nuevo León, su deuda no es significativa. Pero Tabasco tampoco tiene para los pari passus, años hay que evitan programas que lo requieran.

Curiosamente nuevo León y Tabasco son dos de los damnificados por las fórmulas de distribución de participaciones implementadas a partir de 2008, fórmulas que nunca contaron con el consenso de las entidades federativas. Recordemos la Controversia que presentó el DF, que se desechó por la forma, no por el fondo y las manifestaciones de inconformidad sobre lo que llamó Sistema De Subordinación Fiscal el anterior Gobernador de Sonora.

Hace un año Rodrigo Medina y Marcelo Ebrard manifestaron su desacuerdo con las fórmulas que sólo consideran la población para distribuir las participaciones, desconociendo la actividad económica y la recaudación que se genera en cada entidad federativa, lo que llamamos el efecto resarcitorio.

Imaginemos la desesperación de un Gobierno que llega y tiene todos sus ingresos propios comprometidos por muchos, muchos años; que ve que sus participaciones en 2010 están en términos reales –descontando la inflación- por debajo de los niveles de 2008; que todas las entidades federativas sólo reciben el 17 % de la recaudación participable, porcentaje que no se mueve desde 1995, tanto porque en 2008 se crea el FORTAMUN para los municipios con el 2.5 % equivalente de la recaudación participable en el Ramo 33 y para el año 2 000 el PAFEF, que se duplica a partir de 2001 equivaliendo al 1.8 % de la propia recaudación participable y que hoy con el 1.4 % forma parte del Ramo 33. Desesperación porque los llamados excedentes petroleros no se pagan desde 2009 y por la incertidumbre de los ingresos de tenencia y de 9 onceavos de las cuotas del IEPS de hidrocarburos.

En 2009 se les endeuda a todos por 19 mil millones, “potenciando” se dijo 13 mil millones del FEIEF, operación que ha generado muchas dudas, pero que las entidades aceptaron por desesperación al ver caer en casi 54 mil millones de pesos las participaciones, compensadas insuficientemente por el FEIEF y la extinción de los excedentes del petróleo que ascendieron a un promedio de 25 mil millones de pesos de 2003 a 2008.

La Procuraduría del Consumidor dice que “no te endeudes más para dejarte de endeudar”, y es lo que se está ofreciendo a las entidades ante el fenómeno del creciente endeudamiento, como es el caso del uso del 25 % del FAIS y del FAFEF como garantía de nueva deuda –le llaman anticipo a pagar cuando terminen las administraciones que las contratan-, el Fondo de Reconstrucción, pero no se revisan ni los pari passus, ni se incrementa el porcentaje participable. Tampoco se les regresan algunas potestades con potencial recaudatorio importante, ni se acepta hacer acreditables los impuestos cedulares como llegó a plantear el propio Gobierno de Nuevo León en 2007.

Ojalá que la CONAGO que encabeza hoy Marcelo Ebrard genere iniciativas que refuercen las finanzas de las entidades federativas, a partir del principio de que el endeudamiento se frenará con la mejora de los ingresos de las entidades y municipios, esto es el incremento del porcentaje participable -incluso ya hay Iniciativas que hablan del 25 al 30 % de incremento en los recursos participables- y el regreso de potestades importantes como sería la administración integral de las personas físicas o el impuesto a las ventas finales.

*Consultor en temas Hacienda Pública y Coordinación Fiscal. Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.

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