Ante la inseguridad y violencia que vive México es necesario corregir lo que a todas luces no está dando resultados, se requieren nuevos diseños de las instituciones y construir un verdadero Estado de derecho donde rija la ley, dijo el rector de la UNAM, José Narro.

“Debemos dejar de generar sospechas, desechar por completo las fórmulas autoritarias del pasado, y convencer a los que aún no lo están que politizar la justicia o judicializar a la política son malas determinaciones”, expuso.

Al concluir la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, cuyas conclusiones se incluirán en el documento “Política de Estado” que entregará la Máxima Casa de Estudios a los titulares de los tres poderes de la Unión, Narro reconoció que la solución a la inseguridad que agobia al país no es fácil y menos única.

El rector refirió que “sin el empleo de la fuerza pública el problema no se va a resolver, pero el solo uso de la misma lo empeorará”, por lo que es claro que se deben seguir múltiples rutas: la financiera, la de la droga, la jurídica, la de las armas la multinacional, entre muchas otras.

Por ello, destacó que durante una semana de sesiones con más de 80 expertos y funcionarios, sus aportaciones deben ser escuchadas por quienes toman las decisiones.

Narro Robles señaló que “la violencia y la inseguridad tienen su raíz en la falta de opciones de vida digna y productiva para todos. La pobreza, la insultante concentración del ingreso y la falta de opciones educativas, entre otras, son las causas profundas de la inseguridad que hoy vivimos”

Necesaria política de Estado

El rector de la UNAM, consideró que “la desigualdad de siempre está en el fondo de las dificultades que afrontamos hoy”, por lo que se requiere un cambio, pues en la situación que vive el país la víctima evidente es la juventud que “no merece ser parte de un problema que no generó, y tampoco ser criminalizada”.

John Bailey, director del Proyecto México en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, al participar en la última mesa dijo que “la competencia partidista en México impide que se logre una política de Estado en seguridad. Sin consenso no hay política de Estado”.

El experto indicó que “México hoy está lejos de ese grado de consenso, los partidos políticos manejan el asunto de la seguridad pública para su ventaja partidista, si los eventos recientes en Baja California (el caso de Jorge Hank Rhon) son el preludio al uso de la administración de justicia para propósitos partidistas, pues va a ser una temporada en México bastante difícil”.

Jorge Carpizo, director del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que encabeza la comisión que redactará la “Política de Estado”, destacó que en la conferencia los expertos expusieron la necesidad de que la Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia estatales sean órganos constitucionales autónomos. “Es indispensable que en las labores ministeriales y policiales no intervenga ningún aspecto político sino que se aplique la ley en forma estricta, clara y transparente”.

Indicó que “existen evidencias incuestionables en otros países que cuando a los ministerios públicos o a los agentes de las policías se les dan instrucciones políticas, se ejerce una gran presión hacia ellos, disminuye grandemente su eficacia y entienden que su labor no es perseguir el crimen, sino obedecer órdenes políticas; entonces, su único interés consiste en subsistir”.