Cuarto poder… Débil estado que perdió el futuro

Etelberto Cruz Loeza

“ALGO ESTÁ PODRIDO EN DINAMARCA”, HAMLET, DE SHAKESPEARE.

“IMPARTIR JUSTICIA ES SIGNO DE BUEN GOBIERNO”. ANÓNIMO

Bajo la delgadísima capa de la cotidiana tensión superficial de la sociedad y envuelto en el permanente ruido causado por las cadenas televisivas, abajo, a media agua y en aguas profundas de la vida social, está la lucha, que no guerra, según rectificación del Señor Presidente, que las fuerzas del Estado libran contra la llamada delincuencia organizada y de la cual, según estadísticas oficiales, en lo que va del sexenio ya supera las 40 mil muertes vinculadas con este cáncer que se ha manifestado dentro de los organismos responsables de ofrecer seguridad y protección a la sociedad, que es la sufre los daños colaterales, que llevan sangre, dolor y lágrimas y para la, y las, que no hay ni respuesta ni soluciones, únicamente el silencio que aterra y amieda todavía más a la población.

Es deseable que eso sea pasajero, pero lo grave es que en esta lucha o guerra, que para los efectos sociales es lo mismo, está de por medio el Estado, el Estado de Derecho y sus instituciones.

No pasa un día sin que muestren en los medios de comunicación del país, del estado, que la detención de X, Y, Z mando o jefe de las instituciones responsables de ofrecer seguridad y vinculado con determinada rama de organizaciones delictivas. Esto corrobora lo que en alguna ocasión expresó Francisco Labastida Ochoa, en funciones de secretario de gobernación: “Los grupos delictivos cuentan con protección o de un grupo político o de una corporación de seguridad”, pero, no es el motivo de estas líneas.

Esta capacidad de corrupción de la delincuencia está dando al traste con las instituciones y la cuestión de seguridad nacional ya está afectando dos sectores de la vida social: los negocios y la credibilidad de las instituciones y las está debilitando. Organismos del sector empresarial ya desdijeron al fantasioso secretario: La inseguridad afecta en un 1.5% del PIB. Esa cifra será una cantidad de muchas cifras, porque todos hablan de extorsión, de secuestros, de asaltos. Hay ciudades que se están muriendo y negocios que agonizan. Eso es malo y lo grave es que no se notan sensiblemente positivos resultados en la sociedad del actuar de los cerca de 35 mil elementos de la policía federal preventiva, ni de los cuerpos del Ejército Nacional, ni de la Marina ni de la Fuerza Aérea. Siendo eso realmente grave porque genera juicios de que el Pacto Social no escrito, entre sociedad y Estado, está por romperse y necesariamente debe establecerse otro que sí dé resultados, lo prioritariamente grave, existencialmente gravísimo es que las instituciones del Estado están perdiendo – o de plano ya perdieron la credibilidad social-:

El rector de la UNAM, José Narro Robles, al inaugurar la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en democracia afirmó:

“No puede haber democracia verdadera donde no impere la seguridad y donde las instancias de impartición de justicia no cuenten con la integridad y credibilidad necesarias. La democracia moderna requiere de la confianza de los ciudadanos en las instituciones para que la vida en común transcurra en paz, con estabilidad y con posibilidades de progreso. Es necesario hacer un alto para analizar a fondo el problema de la inseguridad y la violencia y el crecimiento del crimen organizado que vive el país, donde los jóvenes juegan un papel importante. Los jóvenes mexicanos perciben claramente la falta de oportunidades laborales y educativas y resienten los problemas de la integración social, de las adicciones. Desde mi perspectiva, la inseguridad pública y los problemas de aplicación de la justicia en México tienen mucho que ver con la desigualdad social que padecemos, con la carencia de políticas públicas efectivas para abatirla y con la insuficiencia de nuestros logros educativos. A México le urge construir un verdadero Estado de Derecho”. De estas palabras ni una letra, ni un juicio son inexactos, ni inútiles.

Para completar lo anterior, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, en el mismo acto sostuvo: ”Es indispensable recuperar la tranquilidad en la vida social con crecimiento económico y superar las desigualdades sociales, pues la confianza en las instituciones del Estado han empezado a deteriorarse. En los momentos críticos exigen que en su actuación las instituciones públicas garanticen certeza, seguridad y paz social. Por eso las instituciones democráticas regidas por esos principios, se justifican más claramente en momentos de crisis. El hecho de que existan fenómenos extraordinarios de violencia en el país, no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado, en el marco de las garantías constitucionales previstas para la protección de los individuos. El Poder Judicial de la Federación encuentra su razón de ser en hacer valer esos límites día con día, de cara a la ciudadanía. Vivimos tiempos en que nos exigen lograr un balance armónico entre consolidación de un régimen democrático que conduzca paulatinamente al crecimiento económico y a la superación de las desigualdades sociales y la recuperación de la tranquilidad social. La necesidad de lograr ese balance es urgente, pues LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO HAN EMPEZADO A DETERIORARSE. (Y advirtió): DEMOCRACIA SIN DERECHOS ES SIMPLE REGLA DE MAYORÍA, ARTITMÉTICA VACÍA DE SENTIDO. La democracia es también, y fundamentalmente, un continente de Derechos: Se articula sobre derechos de participación en los asuntos públicos y tiene como límites infranqueables a su poder de decisión los derechos humanos consagrados tanto en los textos constitucionales como en instrumentos internacionales. Estamos llamados a procurar el balance entre seguridad y derechos, en un marco democrático. Este es el imperativo al que la impartición de justicia debe responder. La difícil tarea de armonizar la seguridad con los procedimientos democráticos y los derechos humanos, no solo requieren diseños constitucionales de vanguardia, dispositivos normativos que los consagren, políticas públicas orientadas a su consecución y recursos económicos suficientes, sino también poder contar con un sistema de justicia independiente, profesional y capacitado”.

Si vemos la realidad, se percibe que ese balance entre seguridad y derechos en un marco democrático es mayoritariamente inexistente, que la confianza en las instituciones del estado y de la sociedad, no ha empezado a deteriorarse. Está a punto de derrumbarse. Desde hace casi una generación inició su deterioro.

Restablecer el balance que permita mejorar la vida en sociedad implica un ejercicio de gobierno diferente a este, con visión a corto, mediano y largo plazo que lleva generaciones y procesos. Lo grave es cuando el Estado, el gobierno, tiene perdida la capacidad de conducción del país, cuando no sabes construir y menos aprovechar lo existente, con todo y sus deficiencias, pues no avanzas. (Y como expresa Rosario Guerra): Este es el drama que vivimos: un presente que culpa al pasado y que perdió el futuro. No será fácil recuperar lo perdido: Credibilidad y Estado de Derecho