Presupuesto, fiscalización y autonomía de la ASF Por: David Colmenares Páramo

 

Es verdad que el verdadero discurso político está en el Presupuesto, lo cual viene a cuenta porque en los últimos tiempos su integración  ha pasado a las primeras planas de los periódicos, con un mayor peso del Congreso en su distribución, lo que ha derivado en algunos casos en su atomización e ineficiencia, como en los recursos de pavimentación, donde a cada diputado le toca su cachito.

El Presupuesto Federal se asigna en el Congreso de la Unión y ahí se dictamina más del 90 % del gasto de los estados, tanto por las transferencias no condicionadas, como las condicionadas y una parte importante del gasto de las dependencias federales para estados y municipios que requieren de un pari passu, que pocos pueden aportar.

Hay nuevas prácticas, como la procesión de los gobernadores, rectores,  las organizaciones de presidentes municipales, etcétera por el Congreso, aunque se les olvida que hay otros 31 y que todos tienen razón, necesidades y …diputados!. Hay muchas fantasías presupuestarias en los medios locales, aunque no siempre se reflejan en el Presupuesto obtenido.

Pero el Presupuesto distribuible es realmente una parte menor del gasto total: después de separar el gasto no programable – servicio de la deuda y las participaciones-, restando los irreductibles al gasto programable –subsidios, gasto corriente- queda muy poco y ese es el tamaño del pastel que al final hay que fiscalizar. Aprobado el Presupuesto, aún hay dosis de discrecionalidad y filtros administrativos en las dependencias federales y las reglas de operación para darle la vuelta a lo aprobado por los diputados. Lo importante es el control no la eficiencia de su uso.

La fiscalización tiene muchos obstáculos, como el absurdo de que los estados registren los recursos del Ramo 33 como recursos propios, cuando no lo son, como en el caso del FAEB y el inexistente federalismo educativo. Por ello existe una percepción ciudadana de que la fiscalización es insuficiente, a pesar del estupendo trabajo que está realizando la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta tiene limitaciones presupuestarias y de recursos humanos, por lo que ha tenido que realizar convenios con los órganos de fiscalización de los congresos locales, los cuales tienen menos recursos y diferentes grados de profesionalización, eficiencia y transparencia de su personal, incluso hay muchos titulares que lo son por razones políticas, no por su desarrollo profesional. Cuando el gobierno estatal y el Congreso local son dominados por un mismo partido, es evidente que la mayoría de las revisiones son concertadas y simuladas, donde muchas veces el papel del Auditor es cuidar las espaldas a quien lo puso en el cargo. Hay ejemplos de ello como parece ser el caso de Oaxaca.

La ASF a pesar de su limitación de recursos ha obtenido resultados relevantes como puede observarse en el Dictamen de la Cuenta Pública 2009. Tiene cuadros profesionalizados, está muy bien encabezada por Juan Manuel Portal y cuenta con el apoyo de la Comisión de Vigilancia. Pero le hace falta la autonomía presupuestaria, lo que es evidentemente aun no gusta a algunos diputados por razones de poder, que da  el tener la decisión presupuestaria en las manos.

Este tema, el de de la Autonomía Presupuestaria de organismos como la ASF, el SAT, los órganos garantes de la transparencia e incluso la Suprema Corte son inevitables en el corto plazo, lo mismo que la institucionalización de la participación ciudadana.

*Consultor en temas de Hacienda Pública y Coordinación Fiscal. Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.

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