Hace cuatro dÃas en el castillo de Chapultepec se dio una cita histórica entre el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y el escritor Javier Sicilia, el encuentro denominado Diálogo Nacional por la Paz estuvo lleno de momentos emotivos en donde con apertura y respeto el Ejecutivo federal escuchó las demandas, y hasta reclamos, de distintos lÃderes de la sociedad civil; asimismo el Presidente tuvo la oportunidad de exponer la importancia del combate a la delincuencia organizada, las razones para utilizar las fuerzas federales en tareas que policiacas de seguridad pública, la impostergable necesidad de impulsar paralelamente la transformación de las instituciones y la ofensiva contra los grupos criminales. En este sentido, criticada o aceptada la estrategia del Ejecutivo federal lo cierto es que existe.
La reunión también sirvió para evidenciar la pobre actividad que han tenido los gobiernos locales en el combate a la delincuencia ya que los delitos del fuero común, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2007 a la fecha, el robo, homicidio y el secuestro se han incrementado hasta en 300%.
Michoacán no es la excepción y registramos un incremento en los delitos del fuero común. Por lo que ve a los homicidios, éstos han aumentado 35% cada año; los robos, lesiones, delitos patrimoniales, secuestro y delitos sexuales, también se han incrementado. Por ejemplo, los robos denunciados entre enero y mayo de este año rondan los 1, 500 cada mes.
Es claro que la mayor incidencia de hechos delictivos se comete en el ámbito local y son por tanto los que más afectan a la población. Diariamente se denuncian 371 delitos de los que compete al gobierno federal perseguir en contraposición de los 4,448 denuncias diarias de delitos de jurisdicción estatal, donde el mas del 55% son delitos de tipo patrimonial, los cuales dañan directamente la economÃa de los mexicanos y cuyo porcentaje de solución está por ¡debajo del 10%!
Simplemente en lo que va del año en Michoacán ya se han registrado 15,177 denuncias por delitos del fuero local y lamentablemente no tenemos el dato de cuantas de de esas han sido atendidas con eficacia.
Por su parte, el porcentaje de evaluaciones de altos mandos policiales si bien ha aumentado en casi todas las entidades federativas, siguen destacando Estados como Michoacán y Estado de México que lo han hecho por debajo de la mayorÃa del resto de las entidades federativas. Destacan Nuevo León, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro y Sonora quienes ya cuentan con el 100% de sus altos mandos sometidos a los exámenes de control de confianza.
Si aún falta mucho por hacer en los Estados, los municipios siguen siendo el ámbito territorial e institucional más vulnerable, la reciente detención del ahora exdirector de Seguridad Pública de TarÃmbaro es una muestra palpable de esta triste realidad. Detenido con una bolsa con 250 gramos de cocaÃna, 73 pequeños envoltorios conocidos como ‘grapas’ del mismo enervante, 79 ‘grapas’ de la droga denominada piedra, además de dos costales con 35 kilogramos de mariguana, el funcionario municipal resulta ser sólo la punta del iceberg de una entramada red de delincuencia que hasta el dÃa de hoy ha cobrado como saldo 24 policÃas municipales detenidos.
El hecho prueba una vez más la imperiosa necesidad de impulsar reformas tendientes a la implementación de un mando único de policÃa, tal y como lo han hecho varias entidades de la república, propuesta respaldada por el representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas para el Combate a la Droga y el Delito, ya que para el organismo internacional es determinante profesionalizar a los cuerpos policiacos, situación que sólo ocurrirá si son mejor capacitados, con sueldos dignos y tecnologÃa suficiente para combatir a los criminales.
En este sentido, vale la pena recordar que a partir de este año el gobierno federal entregó a los estados más de 2 mil millones de pesos con la finalidad de fortalecer sus instituciones de seguridad pública en materia de mando único policial.
Todos los gobernadores, incluido Michoacán claro, recibieron cada uno 30 millones de pesos como primer recurso a partir del 31 de marzo, y el monto del subsidio restante se asigna a las entidades participantes que cumplan con los avances en los requisitos, hasta por 70 millones más, recursos que nuestra entidad no ha podido recibir ni verse beneficiado por la falta de cumplimiento en las metas de seguridad.
El gobierno federal está haciendo lo suyo al buscar la seguridad democrática, my diferente de la seguridad autoritaria, donde se busca la hegemonÃa ideológica y la exclusión polÃtica. No hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio de pluralidad polÃtica, que es la esencia misma de toda democracia. Sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantÃas para ejercer la oposición y la crÃtica.
La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la fuerza pública de ejercer el poder coercitivo que el Estado tiene por mandato, sino también de la capacidad del Poder Judicial de garantizar la eficaz y efectiva administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y de nosotros los legisladores de crear leyes teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad.
Que los gobiernos estatales y los jueces también hagan lo que les corresponde.
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