El miércoles pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación presentó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. De acuerdo con diversos medios de comunicación nacionales, y lo que hasta ahora se conoce del mismo, el documento señala que el ejercicio de los recursos públicos estuvo marcado por severas irregularidades en materia de gasto, tales como desviaciones, pagos en exceso, compras a sobreprecios, contratos dobles, adquisiciones sin licitar y menores en calidad a lo comprometido, así como crecimiento desmedido en las deudas federales, estatales y municipales. En este último tema, señaló como corresponsables de las excesivas deudas que tienen los estados, a la SHCP y a la CNBV.
De esta manera, el informe de la ASF deja en entredicho la eficiencia y transparencia del gobierno que encabezó Felipe Calderón en lo relativo al manejo de las finanzas públicas y la economía del país, materias de las que el gobierno calderonista siempre presumió por su supuesto buen desempeño. Algunos de los temas importantes comentados en el informe de referencia son los siguientes:
Recuerda que durante el gobierno anterior se crearon el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); se incrementó en 1 por ciento el IVA, quedando en 16 por ciento en todo el territorio nacional, con excepción de las fronteras, donde éste es de 11 por ciento; se incrementó el ISR en su tasa superior en 2 por ciento, llegando a 30 por ciento; se impuso IEPS de 3 por ciento a las telecomunicaciones, y de hasta 30 por ciento a los juegos de apuestas y sorteos, y de 53 por ciento a las bebidas alcohólicas. A pesar de lo anterior, la recaudación tributaria durante 2011 no sólo no aumentó, sino que disminuyó a niveles de 10 por ciento del producto interno bruto, de años anteriores.
El informe de la ASF también da cuenta de que durante 2011 se retornaron a los causantes impuestos por casi 285 mil millones de pesos. Del total de los mismos, reclamados por 51 mil 780 contribuyentes, 97.6 por ciento fueron personas físicas y morales, que obtuvieron retornos por 65.7 mil millones de pesos, mientras que el restante 2.4 por ciento fueron los causantes mayores, que obtuvieron recuperaciones por 284.6 mil millones de pesos. De éstas, según la ASF explicó, tan sólo 20 grandes contribuyentes fueron beneficiados con la tercera parte de las devoluciones solicitadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así, de 284.6 mil millones de pesos registrados por devoluciones, 20 causantes mayores recibieron 63 mil millones por concepto de impuestos al Valor Agregado (IVA), sobre la Renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanero (DTA). En este selecto grupo se encuentran las mayores empresas y consorcios del sector automotriz, cadenas de autoservicio, telecomunicaciones y telefonía celular, e industria alimenticia.
Las devoluciones por más de 284 mil millones representaron 13.8 por ciento de la recaudación fiscal total, mientras que un año antes las devoluciones ascendieron a 233 mil 261 millones, equivalentes a 12.9 por ciento de la recaudación.
Por otra parte, la deuda pública federal se incrementó de 2.6 billones a finales de 2007 a 5 billones a finales de 2011, mientras que la de estados y municipios, se elevó de 186 mil millones a 391.8 mil millones durante el mismo periodo. Las entidades más endeudadas son Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, el Distrito Federal y Michoacán. El motivo principal de este incremento excesivo en el endeudamiento de los estados y municipios proviene de la centralización del sistema recaudatorio nacional, de la incapacidad para generar impuestos locales de las entidades federativas, así como de la laxitud en el manejo de las finanzas públicas por parte de las administraciones estatales. De manera cada vez más frecuente, los gobiernos estatales subprograman sus presupuestos de egresos anuales, resultando éstos deficitarios al final del ejercicio, lo que los obliga a recurrir hasta entonces al endeudamiento legal para cubrir pasivos; esto es, pareciera que practican el popular refrán mexicano de “más vale pedir perdón, que pedir permiso”.
El informe señala que la ASF inició mil 633 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, emitió 110 promociones de comprobación fiscal y 409 solicitudes de aclaración.
“En este contexto, la cifra de mil 633 promociones administrativas sancionatorias, indican que en los casos correspondientes, los órganos facultados de la administración pública federal, estatal o municipal, deberán investigar las presuntas conductas irregulares de los servidores públicos”, refirió el auditor superior, citado por diversos medios. También señaló que de un total de mil 202 pliegos de observación, 81 por ciento están ligados a recursos federales ejercidos por estados y municipios.
Por otra parte, el informe observa que el nivel de los salarios en el país se deterioró en lugar de mejorar. El número de trabajadores que perciben más tres salarios mínimos se redujo en 980 mil 500 casos entre 2007 y 2011, mientras que el de aquellos que reciben entre uno y 3 salarios mínimos se incrementó en 2 millones 191 mil personas durante el mismo periodo. Es decir, que lejos de mejorar la situación salarial de los trabajadores de menores ingresos, ésta se vio fuertemente afectada durante los primeros cinco años del gobierno encabezado por Felipe Calderón. En los hechos, el nivel de los salarios se vio deteriorado en 3 por ciento durante los primeros cinco años de su administración.
De la misma manera, el número de empleos que se crearon entre 2007 y 2011 fue de un millón 580 mil, en lugar de los 3 millones 50 mil establecidos como meta en el Plan Nacional de Desarrollo.
La ASF muestra también cómo el salario mínimo es totalmente insuficiente para atender los niveles mínimos de bienestar de un a individuo, y peor aún, el de una familia. Mientras que un salario mínimo ascendía a mil 743 pesos en 2011, el ingreso requerido para atender los niveles de bienestar impersonal era de 2 mil 275 pesos; habría que multiplicar esta cifra por el número de dependientes económicos del jefe de familia para conocer el déficit que se genera entre su salario y, en su caso, el de los miembros de la misma que aportan al ingreso familiar y las necesidades de toda la familia.
El sabor de boca que queda después de conocer las cifras anteriores es de amargura, impotencia y frustración. Muestra cómo la evolución del país no sólo durante la administración que concluyó hace unos meses, sino durante todo el periodo de gobiernos neoliberales, ha ido de mal en peor. Ante esa terrible realidad no es de extrañar que la descomposición social, con todos sus componentes, se haya vuelto una constante en permanente crecimiento durante las últimas décadas en el país.
Resulta urgente por ello una profunda reforma hacendaria y fiscal, que busque generar equilibrios en la distribución del ingreso, la riqueza, el acceso a empleo, que garantice niveles de bienestar suficientes para toda la sociedad. Pero también urge una profunda reforma moral, cívica y judicial, que ponga un alto a la discrecionalidad, a la impunidad y a la corrupción con que se han venido manejando desde muchas esferas del gobierno los recursos de la nación.
