La reducción de la pobreza y la desigualdad en México han sido prácticamente nulas en las últimas décadas; de hecho, el número absoluto de pobres ha crecido sustantivamente a partir de 1950, hay enormes desigualdades regionales y la política económica no ha sido capaz de revertir los déficits estructurales que impiden un crecimiento equitativo y sostenido. No hay duda de que México tiene una gran deuda social.

 

1. En México, en la actualidad, con una po­blación total de más de 112 millones de ha­bitantes, sólo 21.8 millones no son pobres y no corren el riesgo de serlo porque gozan de la satisfacción de todos sus derechos, in­cluido el ingreso digno. Son pobres o vul­nerables las personas que tienen al menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar. Según la cifras de Con­sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 40 millones se encuentran en situación de pobreza moderada; otros 11.7 millones adicionales en pobreza extrema; 6 millo­nes 500 mil personas son vulnerables por ingreso –es decir, no tienen carencias so­ciales, pero sí un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar-, y más de 32 millones son vulnerables por carencia -tienen al me­nos una carencia aun cuando su ingreso es mayor a la línea de bienestar-.

2. En los últimos cincuenta años, los pobres en México han crecido en térmi­nos absolutos y, en relación con el total de la población, no ha habido mucho cambio. En 1968 eran 27.2 millones de personas, o sea 60% de la población total del país. Para 1981, se habían reducido a 20.7 millones, 29% del total. En 1984 creció el número de pobres y llegaron a 45.7 millones, 60% de la población y en 2010 son más de 50 mi­llones, 52% del total de la población.

3. La pobreza multidimensional consi­dera el ingreso de las personas y, además, la carencia de acceso a seis derechos sociales (con el mismo valor y peso cada uno).

4. Del total de la población en México, el 52% dispone de ingresos mensuales por persona inferiores a la línea de bienestar (2,144 pesos en las áreas urbanas y 1,329 pesos en las rurales). En algunas de las en­tidades federativas del país, la población que se encuentra en esta situación es de más de dos terceras partes del total de la población de la entidad: por ejemplo, de cerca de 81% en Chiapas (I).

5. Cerca de una de cada cinco perso­nas en el país tiene ingresos menores a la línea de bienestar mínimo (978 pesos en las áreas urbanas y 684 pesos en las rura­les) (II). En algunas entidades federativas, la población que se encuentra en esta si­tuación es mayor a un tercio del total de su población, llegando a más de la mitad en Chiapas.

6. Para 2010, de acuerdo con el CONE­VAL, la situación relativa a la población con ingresos inferiores a las líneas de bien­estar y de bienestar mínimo para algunas entidades federativas, es la que se explica en el Cuadro 1.

7. A nivel nacional, en 2010 los porcen­tajes de la población con carencias (III) son los que se muestran en el Cuadro 2.

8. Los rezagos y las carencias son dife­rentes en las distintas entidades federa­tivas: el rezago educativo fue de 9.5% del total de la población en el Distrito Federal, pero fue de 35% del total de la población en Chiapas; la carencia por acceso a los ser­vicios de salud fue de más de 39% en Gue­rrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla … y de 17.8% en Colima; la carencia por acceso a la seguridad social fue de más de 70% en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Vera­cruz … y de 34 % en Coahuila; la carencia por calidad y espacio de la vivienda fue de 40% en Guerrero y de 4.4% en Coahuila; la de servicios básicos en la vivienda fue de más de 40 % en Guerrero y Oaxaca … y de 2.8 % en Nuevo León; la carencia por ac­ceso a la alimentación fue de más de 30% en Campeche, Chiapas, Guerrero (42.6 %), Estado de México, San Luis Potosí, Tabas­co … y de 13.8 % en Tamaulipas.

9. En la pobreza multidimensional se encuentra el 46.2% del total de la pobla­ción de México, o sea 52 millones de per­sonas, y en pobreza extrema se encuentra 10% del total de la población, cerca de doce millones de personas. Ello es particular­mente agudo en la población indígena del país, donde la pobreza es de 79.3 % en del total de los indios en el país y de 40.2% la pobreza extrema.

10. Es importante resaltar la muy im­portante cuestión de la alimentación. En la actualidad, 22 millones de personas (casi 20% del total de la población del país) tie­nen ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Para cubrirlas no sólo hay que tener un ingreso mínimo, sino acceder a los alimentos. De acuerdo con un estudio del Instituto Na­cional de Salud Pública, en el 21 % de las localidades rurales con presencia indígena no se expenden frutas y en el 13 % tampoco verduras, pero en el 100 % de ellas se en­cuentran a la venta grasas, azúcares y bebi­das. La desnutrición sigue afectando a más del 30 % de los niños menores de cinco años, que por lo general se encuentran en las familias más pobres del país.

11. México, un país de ingreso medio alto -según el Banco Mundial- y una de las primeras economías del mundo por su Producto Interno Bruto, pero no es capaz en la actualidad de brindar a uno de cada cinco de sus habitantes un ingreso que les permita comer y una de cada cuatro de las personas en el país sufre carencia en el ac­ceso a la alimentación.

12. La pobreza en México está en todas partes. En las zonas urbanas y en las rura­les. Los niños y las niñas, los y las jóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad la padecen. No puede uno evitar notarla y observarla.

13. La extendida presencia de la pobre­za y del hambre en México (en algunos si­tios es más aguda que en otros) sólo se explica por la particularmente desigual distribución del ingreso (IV). Hay desigual­dad en la distribución del ingreso entre las familias, entre las clases sociales que con­tribuyen a generarlo, entre las distintas entidades federativas del país y entre cada uno de los municipios que las forman.

14. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en el país para disminuir la desigual­dad y reducir la pobreza (mucho más antes de 1982, que después de ese año), la situa­ción actual es dramática y no puede ser tolerada, mucho menos aceptada. No se puede argumentar, como con frecuencia se escucha, que lo primero que hay que ha­cer es generar riqueza para después, y con el tiempo, por la vía del goteo, distribuir­la. Por el contrario, se debe crecer distri­buyendo. Sólo con una mejor distribución del ingreso se puede fortalecer el mercado interno y reducir la pobreza. Ello entraña establecer tan sólo un objetivo de políti­ca: la justicia social, que debe ser el único rasero con el cual todas las políticas deben de ser evaluadas. La pregunta para resolver si debe o no adoptarse una política concre­ta, en lo particular, es si contribuye o no a disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, o si, por el contrario, aumenta la desigualdad y con ello la pobreza.

15. Los programas de combate a la po­breza que se están poniendo en práctica en México, por más convenientes, adecuados y bien dotados de recursos que estén (que, desde luego, no es el caso), se enfrentan a un conjunto de políticas (económicas y sociales) que, en lugar de combatir la des­igualdad y la pobreza, en la práctica la esti­mulan y promueven.

16. Buena parte de las instituciones y los programas de clara orientación social se han articulado a partir del concepto de trabajo subordinado y han tenido un ses­go marcadamente urbano. Así, existe una marcada estratificación social en el acceso a los servicios públicos. Subsiste una aso­ciación entre la calidad de los servicios y la posición ocupacional, contribución previa, capacidad de pago o poder de negociación de los grupos que la reciben.

Quienes en México tienen acceso a los servicios de atención a la salud y de segu­ridad social, por ejemplo, se encuentran ante un sistema segmentado y altamente diferenciado de servicio, que va desde cier­tos trabajadores del sector público y del privado que se benefician de un sistema privado elitista, con contratos y seguros de gastos médicos mayores, hasta el Seguro Popular, pasando por los asegurados por el ISSSTE, por el IMSS, por los que atienden a las fuerzas armadas, a los trabajadores de ciertas actividades (i.e. petróleo), a los empleados bancarios, a los empleados de los gobiernos de muchas de las entidades federativas.

La atención brindada, la calidad de los servicios, los presupuestos de que se dispo­nen, las características de las instalaciones y muchas otras cosas más, si son distintas, estimulan la desigualdad. A la desigual­dad existente entre los diversos sistemas de atención a la salud y la seguridad social, se suma la desigualdad existente dentro de un sistema. No son iguales los servicios y las instalaciones de, por ejemplo, el Insti­tuto Mexicano del Seguro Social en el Dis­trito Federal, Nuevo León y el Estado de México y las que existen en las entidades de menor desarrollo relativo, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Una situación similar sucede en los programas de vivienda, que también son marcadamente segmentados y desigua­les. Para los trabajadores formales, se tie­ne el INFONAVIT y para los que están al servicio del Estado, el FOVISSSTE. Para las fuerzas armadas se cuenta con otro programa y para los empleados bancarios con otro más. Todos ellos, aunque de ma­nera desigual, con la construcción de una vivienda y la dotación de servicios. Y para los pobres, el programa actual del gobier­no consiste en tan sólo proporcionarles un piso firme, de cemento, en lugar del de tierra que actualmente tienen. El gasto público por alumno en educación básica es mucho menor en las entidades federa­tivas de menor desarrollo relativo que el de entidades como el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y otras de mayor desarrollo.

17. Los programas de fomento a la ex­portación descansan en una política de salarios bajos. Lo que en la práctica se hace es exportar mano de obra, sin que ésta salga del país. Los salarios mínimos en términos reales han caído en picada y ahora representan apenas una fracción de lo que en otras épocas eran (el índice en la actualidad es de 26%, del 100% que era en 1982). Algo parecido es el caso de los salarios contractuales (el índice es de 47%,

del 100% de 1982).

18. La política industrial, que puede estimular el empleo formal y razonable­mente remunerado, ha brillado por su au­sencia. Y la política monetaria, ocupada por completo en mantener cierta estabili­dad en los precios, desde tiempo atrás ha dejado de ser instrumento del desarrollo económico y social del país. La política tri­butaria favorece el ingreso proveniente de la propiedad de capital sobre el que se de­riva del empleo. Prácticamente no grava a la población más rica del país.

19. Y la lista es interminable…

20. Habrá que modificar los progra­mas sociales, moverse hacia la universa­lización de los servicios. A que todos los mexicanos, por el solo hecho de serlo, e independientemente de su situación labo­ral, cuenten con todos los derechos socia­les que la Constitución establece. Que sean exigibles y no tan sólo programáticos.

21. La política social por sí sola es in­capaz de superar la pobreza masiva que caracteriza al país. Hay que estimular el empleo formal.

22. La promoción de un nuevo curso de desarrollo que se proponga como tarea fundamental la equidad en el crecimiento económico lleva necesariamente a replan­tear, para cambiarlo de raíz, el modelo de desarrollo puesto en práctica desde hace tres décadas. No fue construido y promo­vido pensando en la equidad en la distri­bución del ingreso y en la reducción de la pobreza, sino se apoyó en el funcionamien­to de los mecanismos del mercado para lo­grar crecimiento económico y bienestar social, con lo cual no alcanzó: ni lo uno ni lo otro. Muy lejos de ello, entre 1934 y 1981 el PIB por persona creció a un ritmo anual de más de 3.5 % en términos reales. Entre 1982 y 2010, a un ritmo anual de 0.5%. En este último año hay más pobres que en los años previos y, en términos relati­vos, los pobres siguen siendo la población mayoritaria.

23. Lograrlo entraña buscar un ade­cuado equilibrio entre Estado y mercado; recuperar al Estado, para que en la de­mocracia promueva de manera efectiva el desarrollo con justicia social. Convertir la democracia en mejores resultados eco­nómicos y sociales, y no solamente en un mecanismo de transmisión del poder. Es necesaria una política económica y social integral para transformar la marcha y la di­rección de la economía nacional. Una nue­va forma de desarrollo que se despliegue en un crecimiento económico acelerado, sostenido, sustentable, con una redistri­bución social y regional del ingreso y de los frutos de ese crecimiento.

Es necesario un acuerdo colectivo que articule, en función de propósitos bien de­finidos, la cooperación de los diferentes ac­tores económicos y sociales, y no se podrá lograr sin el concurso activo y sostenido de la sociedad: de sus organizaciones civiles y laborales, la población rural y sus orga­nizaciones, los empresarios, los medios de comunicación social, la academia. Un acuerdo colectivo en el que todos deben poner de su parte, pues implica cambios y sacrificios personales. Sólo así se tendrá un mercado interno robusto, fortalecido por el bien de todos. Con un mercado interno sólido y en crecimiento, habrá desarrollo económico y social sostenido.•

Notas:

I. Para facilitar la comparación histórica, en la actualidad cerca de 58 millones de personas se encuentran en condiciones de pobreza patrimonial (que es equivalente a la línea de bienestar).

II. Sería el equivalente de la pobreza alimentaria, que en la actualidad es mayor a 21 millones de personas.

III. Es importante mencionar que estos índices de cobertura no incluyen consideraciones sobre la calidad del bien o del servicio que se proporciona (i.e., lo que se consigna es si se tiene o no el servicio de salud, de seguridad social, etc. y no la calidad del servicio).

IV. Ver de Carlos Tello el libro, Sobre la desigualdad en México, Fomento Editorial de la UNAM y Facultad de Economía, 2010.

CARLOS TELLO MACÍAS

Político y economista mexicano, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México, quien ha ofrecido cursos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ha sido investigador para el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Es Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Maestro en Economía en la Universidad de Columbia y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Georgetown.


Publicado en la Revista México Social.

Liga: http://mexicosocial.org/secciones/especial/item/372-sobre-la-pobreza-en-m%C3%A9xico-2010.html

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