Nuestro país es una república democrática.

                Sus tres poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo se ejercen libremente.

                Varias de sus instituciones autónomas – como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales –INAI – de 7, trabaja pero sin acuerdos  – faltan tres de sus miembros, que no han sido designados por capricho y obstinación del presidente de la República (que ha ordenado su desaparición-destrucción), Instituto Nacional Electoral – INE, con nuevo Consejo General está teniendo otra visión, más está a prueba y una de ellas será la realización de los procesos electorales en estado de México y Coahuila y – y otros comités regulatorios .  –  están – con limitaciones e impedimentos – en funciones.

                La Suprema Corte  de Justicia de la Nación  resolvió recursos de inconstitucionalidad presentado por el INAI en el año 2021 contra el llamado decretazo  presidencial que estableció, así, por decreto presidencial que las obras prioritarias de la administración López Obrador – Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles –AIFA- , la refinería 2 Bocas, el Tren Maya, el corredor transístmico y los polos de desarrollo en la región maya –BBBBBBB,XXXXXXX, CCCCCC y otras más sean categorizada como elementos de seguridad nacional, suficiente razón para que no sean ni auditadas  no se brinde ninguna información sobre ellas.

                Pues bien, el pasado jueves 18 del presente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, por votación de 8 a 3 que ese decreto es anticonstitucional y debe aceptarse conceder información y auditarse.

                Curiosamente: 1° Quienes votaron a favor fueron las ministras Yazmín Esquivel Mossa, XXXXXXXXXXX y el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Ralea.

                2°. Ese mismo día, pero en su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó otro decreto igual que el decretazo anulado por la suprema Corte de Justicia y categorizando a las mismas obras emblemáticas del Lopezobradorismo como elementos de seguridad nacional.

                La pregunta obligada es ¿por qué razón lo hará?

                Posibles repuestas:

 ¿Sabe que violaron normas?

¿Que las protege para evitar su detención y definitiva suspensión?