La democracia occidental está demostrando su agotamiento desde mediados de la primera década del siglo XXI; efectivamente, el nuevo milenio parece demostrar la necesidad de generar nuevas opciones de participación ciudadana en los asuntos públicos y, desde luego, nuevas formas de gobierno.
La falta de credibilidad de los polÃticos, el debilitamiento del Estado, la fragmentación nacional, el uso discrecional de las leyes, la distribución de la justicia inequitativa, el desgarramiento del tejido social, el imperio de lo polÃticamente correcto por encima de lo socialmente necesario son sÃntomas de que algo está ocurriendo con las instituciones polÃticas mexicanas.
Inaugurada en el siglo XVII, la democracia moderna parecÃa ser un instrumento que evitara la actuación caprichosa del gobernante y, por tanto, generara certidumbre a quienes la requerÃan; en los albores de la modernidad, desde luego, se trataba de los agentes económicos.
No se trataba, como no se trata actualmente, de la mera elección de los gobernantes por parte de los ciudadanos, sean cuales fueran éstos. Se trata, más bien, de principios regulatorios que tienen que ver con la ley, con su ejercicio y con su respeto para gobernar.
AsÃ, la división de poderes, las divisiones polÃticas territoriales, la elaboración de constituciones, las estructuras jurÃdicas derivadas de las constituciones y elaboradas por una instancia especial (los congresos o parlamentos) estaban dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanÃa.
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Desde la perspectiva de la Ilustración, de la cual surgen los sistemas polÃticos contemporáneos, los gobernantes, legisladores y jueces son, antes que nada, representantes de los ciudadanos, elegidos para velar por los intereses de ellos, lo que requiere y garantiza al mismo tiempo la convivencia pacÃfica de los particulares.
Actualmente parece que la propuesta de la ilustración ha sido abandonada; las instituciones polÃticas, especÃficamente los partidos, han dejado de representar formas de pensamiento e intereses especÃficos de grupos de ciudadanos. Las estructuras polÃticas conformadas durante más de tres siglos dejaron de cumplir las funciones para las que fueron concebidas.
La gran recesión global de la década de los 80, que culminó con la caÃda de los regÃmenes socialistas de Europa Oriental, a principio de la década de los 90, parece haber afectado profundamente los referentes históricos de las clases polÃticas; paulatinamente han ido abandonando sus ideologÃas encontradas y las han sustituido por un claro pragmatismo hacia el poder.
Ciertamente, desde la década de los 60, la apreciación general es que en México no existÃa una democracia. Mario Vargas llosa, escritor peruano nacionalizado español, incrementó esa percepción al calificar al sistema mexicano como una dictadura perfecta. No es casual que el planteamiento de una parte importante de la fragmentada opinión pública nacional considerara que el advenimiento de la democracia en México era sinónimo de derrota del PRI.
Si Hegel consideró que la derrota de la monarquÃa prusiana en 1806 por los franceses era el fin de la historia, si para Marx el fin de la historia ocurrirÃa con el comunismo, si Fukuyama cuestionó la posibilidad de que lo fuera el triunfo del liberalismo en el ámbito global al iniciar la última década del siglo XX, para los mexicanos debió ocurrir en el 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la república.
Efectivamente, el triunfo del PAN en las elecciones del último año del siglo XX y del segundo milenio fue anunciado como la entrada de México al mundo de los paÃses democráticos.
Pero debió ser una entrada tardÃa. La apertura democrática tan ansiada en nuestro paÃs, las reformas a los códigos electorales federales, la ciudadanización de las instituciones electorales y la participación de organizaciones polÃticas y sociales, nacionales e internacionales, sólo han permitido un poco de limpieza durante los procesos electorales.
Además, la participación ciudadana se ha limitado a la organización y vigilancia de los procesos electorales; la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre lo público ha quedado marginada.
Los triunfos de la oposición de izquierda y de derecha, durante toda la década de los 90 del siglo pasado, fue seguida por una migración polÃtica constante; primero desde el partido que se habÃa mantenido en el poder por más de 70 años, el PRI, hacia el PAN y el PRD. Posteriormente, incluso, desde partidos de izquierda hacia los de derecha y viceversa.
Tal migración ha tenido menos que ver con una postura ideológica de los migrantes, o con un análisis sobre las plataformas polÃticas de los partidos expulsores y receptores; más bien ha respondido a las posibilidades de los partidos por obtener el poder y por brindar mejores posiciones polÃticas y laborales.
Actualmente, iniciado formalmente el proceso electoral federal que culminará con las elecciones en 2012, el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados, ha desacatado una orden del Poder Judicial, concretamente del Octavo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa sobre el nombramiento de tres consejeros faltantes en el Instituto Federal Electoral.
En la práctica, se trata de una crisis polÃtica que tiene su sentido en la manera en que la clase polÃtica busca mantener el poder. Pero tal crisis sólo es uno de los sÃntomas del agotamiento de un sistema que ya habÃa nacido agotado.
El crecimiento del voto nulo en las elecciones federales del 2009, los serios cuestionamientos al modelo democrático mexicano y mundial, la falta de gobernabilidad y las tendencias a la fragmentación social son los sÃntomas más claros del problema.
Como respuesta, lÃderes polÃticos de los tres principales partidos del paÃs, asà como algunos intelectuales, han levantado la voz para lograr una gran coalición de gobierno, que no de lucha electoral, si en el proceso del 2012 ningún partido polÃtico obtiene una mayorÃa clara.
Se trata, en la práctica, de mantener conectado a un muerto en vida. El problema central tiene que ver más con los espacios de participación real de la ciudadanÃa, y la concepción de los representantes populares como verdaderos representantes.
No es a los ciudadanos a quienes gobiernan los tres poderes; es al Estado. Y tal gobierno debe responder a las necesidades, intereses y derechos de la ciudadanÃa. Al final de cuentas, el bien común debe concretarse en la realidad y no en un discurso que, simplemente, pretende legitimar el poder.
Por Arturo Familiar
