Etelberto Cruz Loeza.
Por considerar que su espíritu e ideas coinciden con buena parte de mi pensamiento, transcribo casi totalmente juicios de Rafael Rojas publicados en su columna Apuntes de la Aldea Global, del diario La razón, en su edición del 10 del presente.
Siempre que se produce un diferendo entre poderes en algún gobierno de América Latina, se activa una cápsula narrativa que reduce el conflicto a la expresión “Golpe de Estado”. El término carga a su vez, con toda la historia del golpismo latinoamericano del siglo XX, desde el que derrocó a Francisco I. Madero en México en 1910, hasta el que le costó la vida al presidente chileno Salvador Allende, en 1973.
El colapso de las democracias en América latina del siglo XXI es cada vez más frecuente y enrevesado y no encaja bien en esta cápsula narrativa. Las alianzas de empresarios, bancos, ejército, Iglesia católica embajada de Estados Unidos y medios de comunicación, como tándem golpista no se reproducen de la misma forma en nuestros días.
Hay gobiernos de izquierda, como el mexicano, el chileno, el colombiano y, muy pronto, el brasileño, que sostienen buenas relaciones con el empresariado, Estados Unidos, las Iglesias y los ejércitos. Sin embargo, algunos de esos gobiernos promueven la simplificación narrativa e interpretativa de fenómenos como la caída de la presidencia de Evo Morales en 2019, en Bolivia, o el intento de autogolpe, y luego detención de Pedro castillo, en Perú.
Lo que generalmente se llama golpe contra Evo, fue en sentido estricto, la ren7uncia del presidente en noviembre de 2019, luego de un intento de tercera relección, que carecía de respaldo constitucional y fue rechazado en el referéndum de 2016. Un tribunal Constitucional, leal al mandatario, facultó la tercera reelección del presidente, pero la propia contienda electoral estuvo llena de denuncias de irregularidades en el conteo, que obligaba a una segunda vuelta.
En medio de protestas populares y de demandas de segunda vuelta, Morales, inicialmente, llamó a nuevas elecciones y luego renunció. Tras su exilio en México y Argentina, el gobierno sucesor, encabezado por Jeanine Áñez, adoptó una línea revanchista y, en efecto, golpista, pero el origen del colapso del gobierno de Evo Morales está ligado a la falta de respaldo mayoritario a su reelección.
Ahora en Perú se produce una crisis constitucional de otro tipo. Allí el diseño de poderes es una mezcla explosiva de parlamentarismo y presid3encialismo. El congreso puede inhabilitar al presidente y a su gabinete y, a la vez, el mandatario tiene incentivos para disolver el congreso y decretar el estado de excepción. Alberto Fujimori lo hizo en 90 con éxito, y Martín Vizcarra lo intentó en 2019, provocando que unos meses después el congreso adjudicara permanente incapacidad moral para gobernar.
Lo que sucedió entre 2019 y 2020, a Martín Vizcarra, se repitió con Pedro Castillo en unas horas. El presidente anunció la disolución del congreso y decreto estado de sitio, pero el parlamento y el ejército las dos instituciones que debían de ejecutar esas órdenes, lo desobedecieron. Tras la detención del presidente, muchos de los cargos de corrupción y abusos de poder, que se acumulaban en su contra, empiezan a dar forma a un nuevo expediente de lawfare, como los que tanto abunda en América Latina.
En pocas horas, los gobiernos latinoamericanos debieron reaccionar, primero al autogolpe, y, luego, al lawfare. En ambos casos predominó el rechazo, aunque ahora especialmente en el bloque bolivariano y en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador- no el de la cancillería, la narrativa del golpe blando, desplace aquélla primera reacción contra el autogolpe de Pedro Castillo.
La simplificación de la historia comienza en el tiempo presente, inmediato, como señala Enzo Traverso. Encapsular lo que pasó en Perú dentro de la narrativa tradicional del golpe de Estado de derecha – aunque la actual presidente Dina Boluarte también provenga del partido Perú Libre, que llevó a Castillo a la presidencia, permite a algunos actores de la región justificar el autogolpe como medida preventiva.
