La sociedad nacional y las instituciones de la República, especialmente las del sector de procuración y administración de justicia, están a menos de un mes de que se cumplan 8 años de la Noche más Triste de Iguala, como la calificó una escritora, al narrar los funestos sucesos que llevaron, la noche del 26 de septiembre de 2014, a una muerte, en detalle, en forma desconocida, a más de 43 alumnos de primer grado, preponderantemente, de la escuela normal rural Profr. Raúl Isidro Burgos, establecida en Ayotzinapa, Gro.
Este dramático suceso es el escenario menos deseado para todos.
No está demás repetir lo que ya es sabido por todos: esa noche, grupo de alumnos fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y por circunstancias, verdaderamente desconocidas hasta el momento, entregados a jefes de bandas delincuenciales y asesinados – porque es verdaderamente imposible, que estén vivos – y, dadas las averiguaciones, declaraciones y confesiones, incinerados en uno o en varios lugares y sus restos, cenizas, mayoritariamente, tiradas en bolsas negras en las aguas del Río san Juan que pasa por Cocula y, otros más, esparcidos en otros riachuelos cercanos.
Este hecho, es lo que el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, llamó la Verdad Histórica, palabras que no han dejado satisfechos a casi nadie de los partidistamente interesados, ni a los diversos grupos de familiares de estos alumnos, y, que por cierto, no han podido destruir ninguno de los diferentes grupos de expertos interdisciplinarios de expertos Independientes que han participado, a petición del gobierno de la República, y que, además, no ha dejado satisfecho a muchos grupos, pero que está en los más de 10 fojas del expediente, de los análisis de laboratorio – por cierto particularmente del laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, que, científicamente hizo la identificación de tres alumnos, la pruebas periciales, fotografías, testimonios, confesiones, celulares, en fin de tantas y tantas herramientas y materiales de investigación.
Fue tan grande el clamor que ante los nulos resultados de las instituciones municipales y estatales , debió intervenir, en los primeros días de octubre de 2014, el gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República y de sus actuaciones, se detuvo casi a todo el universo de protagonistas, desde los autores intelectuales – que ordenaron las detenciones – el presidente municipal José Luis Abarca Rodríguez, en unión de su esposa, hasta los que protagonizaron los actos dantescos, homicidas y, como complemento las piran incendiarias y la llevada a las aguas del Río San Juan, en Cocula, Gro., mayoritariamente.
Lamentablemente ha sido utilizado como carne de cañón por todos los intereses, sobre todo los intereses político partidista, menos para hacer justicia y en nombre de ese valor moral, se han desarrollado muchos intereses, bastantes estructuras y creado demasiadas mentiras.
Este hecho sangriento hecho es transexenal: del sexenio de Enrique Peña Nieto pasó al de Andrés Manuel López Obrador – en lo Federal – y del Ángel Heladio Aguirre Rivero – al estatal – pasó al de Héctor Astudillo y de éste al de Evelyn Salgado, actual Ejecutiva estatal.
Deseando encontrar la verdad que deje satisfechas a todas las personas han intervenido varios organismos como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, auspiciado por la Organización de Estados Americanos y, finalmente la administración del actual presidente de la República creo la Comisión de la Verdad para Encontrar la Justicia.
Recientemente, en la tercera decena de este mes, esta Comisión de la Verdad finalizó sus trabajos y sus resoluciones señalan, entre otras cosas que:
1°. La desaparición de los 43 alumnos fue un crimen de Estado.
2° A casi 8 años de los sucesos es verdaderamente imposible – no existen indicios de que estén con vida.
3° Que la llamada Verdad Histórica fue orquestada desde palacio nacional.
4° Señala a 33 funcionarios federales, municipales – muy poco estatales – y miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos como protagonistas de los hechos sangrientos.
5° La autoridades municipales, estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes.
6° En todo momento las autoridades municipales, estatales y federales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes.
7° El grupo delictivo actuó con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado.
8° Se confirma que en ningún momento existió comunicación alguna entre los normalistas y el grupo delictivo durante los hechos.
9° Se confirma que los menos militares no realizaron acciones para la protección y búsqueda del solado Julio César López Patolzín.
10° Que al filo de las 22.45, del 26 de septiembre del 2014, tras los hechos de violencia y persecución se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
11° Se confirma que la policía de Iguala intervino en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
12° Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
13° Existen suficientes indicios para que la FGR continúe con las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.
El subsecretario Alejandro Encinas señaló, además, que durante la desaparición de los estudiantes normalistas hubo una fuerte guerra de cárteles por el control del territorio en ese momento. 15 instituciones proporcionaron información; se tienen datos de 26 personas fallecidas vinculadas con este caso y 115 personas proporcionaron testimonio.
