Pasados los dÃas de la euforia electoral, de la definición de los ganadores; de la distribución de las posiciones de representación de MayorÃa Relativa; de la bufalada, etcétera y etcétera, llegan los dÃas de la calma. Este proceso electoral podrÃa dividirse en cinco partes: La precampaña polÃtico-partidista, la campaña polÃtica en sÃ, el dÃa electoral, el proceso de cómputo y validación del proceso en todos sus niveles y distritos y el momento jurÃdico, la judialización del proceso.
Las primeras cuatro partes ya están cubiertas, con la excepción del municipio de Morelia, en donde, de conformidad con un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, se está realizando un conteo de casilla por casilla y voto por voto, y por las dudas, confusiones y/o mala, y hasta perversa, elaboración de las actas de todo tipo, se empantanó el conteo. Y existe, aunque no se diga, un poco de expectación por conocer el resultado final. (Si extrapolamos este caso y lo aplicamos al nivel de la elección para gobernador, la de sorpresas que se encontrarÃan).
Dentro del momento de la judialización del proceso electoral, los tres niveles de la elección, en lo general, están en entredicho. Aparte de las anomalÃas de tipo administrativo, técnicas, de vicios y trampas denunciadas – que deben demostrarse – está el asunto de la sombra del vÃnculo con la delincuencia organizada y esto es lo que se está ventilando en la agenda nacional y como este es el siglo de la tecnologÃa de la información, la situación ya es de sobra conocida por quien quiera en todo el mundo.
El nuevo secretario de Gobernación Federal, Alejandro Poiré, los presidentes de los partidos de Acción Nacional, Gustavo Madero, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, han hecho declaraciones en este sentido, solicitando una investigación y solicitan, que quien tenga pruebas, las presenten. Y las instancias jurÃdico-electorales del estado, y de la Federación, están esperando la presentación de las demandas, denuncias y/o impugnaciones, las pruebas que las sustentan para procurar y administrar la justicia.
Desde hace un poco de tiempo se dijo que en las representaciones populares, en los puestos de elección existÃa un determinado porcentaje – muy alto por cierto – de funcionarios electos vinculados con la delincuencia organizada – quien lo dijo fue uno de los directores del CISEN, a quien por cierto cesaron -. En el umbral del proceso y durante el mismo se repitió el centro de esa declaración, mas ninguna institución polÃtica, ni jurÃdica, ni policiaca, hizo algo pro investigar; en el dÃa electoral se dieron declaraciones en el mismo sentido, agregando que la llamada delincuencia organizada estaba ejerciendo presión de todo tipo, incluyendo amenazas para inducir el voto hacia determinados personajes y tampoco se hizo nada. No se mostró voluntad polÃtica, cuando era la sus respectivas obligaciones.
Ahora, a nivel nacional está el asunto en comentario, análisis y discusión y surgen varias interrogantes: ¿Alguien expondrá su integridad fÃsica y valores materiales por denunciar esta intervención? ¿Por qué hasta ahora? ¿Habrá detenidos? ¿Y si se demuestra, qué pasará? En su caso, ¿Se repetirÃa el proceso? ¿Cómo se actuarÃa para evitar esta mano negra? Y si se determina nuevo proceso, ¿quién aportará el dinero, porque el estado está quebrado, desfundado?
Es de urgente necesidad social resolverlo y resolverlo bien.
