Ante las dificultades que tienen las entidades federativas para financiar el desarrollo regional, el debate público sobre la deuda local y el uso que se ha hecho de ella en los gobiernos estatales, resulta relevante analizar los alcances de los mecanismos vigentes de financiamiento para impulsar el desarrollo en el paÃs.
Muchas han sido las crÃticas que se plantean respecto al “irresponsable†endeudamiento de los estados de la república. La SecretarÃa de Hacienda puso a disposición de toda la ciudadanÃa información estadÃstica que busca sustentar con evidencia los abusos locales, asimismo diversas organizaciones han presentado análisis al respecto. Sin embargo, el argumento parece contradictorio cuando se observa que la misma SecretarÃa de Hacienda fue uno de los agentes promotores en la discusión presupuestal del uso de una lÃnea de crédito (deuda) para las entidades federativas.
Uno de los instrumentos novedosos de financiamiento que se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, recientemente aprobado por el Congreso, se refiere a la aprobación del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad. Este instrumento de financiamiento tiene las mismas caracterÃsticas que el Fondo de Reconstrucción para entidades federativas aprobado en 2011 y consiste en la apertura de una lÃnea de crédito, también llamada bono cupón cero, que es administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).
Este bono otorga financiamiento concesional a las entidades federativas para que cuenten con liquidez, bajo condiciones preferentes, para realizar obras estatales y municipales. Se supone que a través de este mecanismo, los estados acceden a financiamiento para la construcción de infraestructura (carreteras, presas, infraestructura hidráulica, étc.). De esta manera, se contrata “deuda†a 20 años en la cual, al final del dÃa, es el gobierno federal quien termina pagando el capital y los estados van pagando los intereses correspondientes.
Para 2012, se aprobó un bono cupón cero por 16 mil millones de pesos. No obstante, cabe mencionar algunas sutilezas de este instrumento de financiamiento y su impacto en la promoción del desarrollo. Por un lado, el financiamiento que se otorgarÃa a cada entidad federativa se define a través del coeficiente del Fondo General de Participaciones que le corresponde a cada estado. Sin embargo, este coeficiente favorece, en mayor medida, a las entidades federativas más desarrolladas del paÃs con lo cual, utilizar esta medida para asignar la lÃnea de crédito seguirÃa manteniendo las condiciones inequitativas en el acceso del financiamiento para aquellas entidades menos desarrolladas.
Por otra parte, de acuerdo con el artÃculo vigésimo sexto transitorio del Decreto de Presupuesto 2012, se establece que los recursos que no hayan sido comprometidos por los estados o que no hubiesen cumplido con los requisitos para la obtención del financiamiento a más tardar el 30 de junio de 2012, serán reasignados a otras entidades federativas abriéndose nuevamente la posibilidad de asignar la lÃnea de crédito de manera discrecional.
Por último, las implicaciones contables de contratar un bono cupón cero suponen para las entidades federativas el registro de deuda directa, lo cual no es un asunto menor dado que las empresas calificadores monitorean la relación deuda/ingresos estatales, con lo que se verÃa afectada la calificación del estado, lo cual implica un aumento de la prima de riesgo y se eleva el costo del financiamiento, además de afectar la obtención de futuras lÃneas de crédito. Esta condición no es favorable para algunas entidades las cuales seguramente no contratarán el bono cupón cero, disminuyendo sus fuentes de financiamiento para generar desarrollo. Algunos otros gobiernos estatales no tienen opción y están obligados a recurrir a este mecanismo.
El tema de fondo no es la promoción del uso de la deuda estatal por parte del Ejecutivo, del Legislativo o desde las propias entidades federativas. El instrumento no es pernicioso en sà mismo si se emplea para financiar el desarrollo regional y atender de manera eficaz los rezagos en infraestructura del paÃs. El problema es el verdadero uso que se da al instrumento y que la inversión en infraestructura no contempla una propuesta equilibrada para la promoción del desarrollo regional. La pregunta relevante es: ¿Cómo financiar de manera equitativa el desarrollo nacional sin que se excluya del acceso al financiamiento a las regiones que más requieren de inversión?
