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El Congreso de la Unión es, sin lugar a dudas, una de las instituciones con menos opiniones favorables entre la ciudadanía de nuestro país. Diputados y senadores, cuentan con una muy baja aprobación, son percibidos como actores ineficientes que devengan una fortuna de sueldo y votan en el pleno tomando en cuenta los intereses de sus partidos, o los propios, antes de los del  bien común.


En este contexto, se ha convertido en un clamor popular eliminar a los plurinominales, a los legisladores que sin hacer campaña obtienen un escaño, se benefician del sistema electoral y el control que, de alguna u otra forma, tienen dentro de sus partidos políticos y les permite encabezar las listas con las cuáles son asignados estos espacios, y brincar, cómodamente, de la Cámara de Diputados al Senado de la República para mantener el hueso  y velar por los sagrados intereses de sus partidos sin enfrentar jamás el juicio ciudadano por sus acciones, como por ejemplo,  el caso del “Nino verde”.

La lógica detrás de esta idea es que si se eliminan los 200 diputados  y 32 senadores electos bajo este principio, entonces se logrará reducir  una parte importante de los costos de nuestra maltrecha democracia representativa, se eliminarán los representantes populares que menos rinden cuentas a los ciudadanos y más a sus partidos, y de la mano se inyectará mayor eficiencia al proceso de toma de decisiones. La idea de fondo, pues, es que con menos legisladores hay más ahorro, rendición de cuentas y posibilidad de acuerdos.

Sin embargo, no hay nadie que defina claramente cuál es el propósito real de eliminarlos, si reducir los costos de nuestra democracia, aumentar la rendición de cuentas, o simplemente castigar a nuestros villanos favoritos.
Y en ese sentido, poco se repara en las posibles consecuencias que esto generaría si no vienen de la mano otros cambios en el sistema político,  no se toma en cuenta que a la par de aumentar la eficiencia en la toma de decisiones a través de la sobre y sub-representación de los partidos, se puede dar un paso atrás  en nuestra historia política si no se incluye un poder de veto a las decisiones de mayorías artificiales, electas por una minoría de mexicanos.

Para eliminar el principio de representación proporcional en la asignación  de escaños, es necesario contar con  mecanismos de participación ciudadana como  el referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular, para poder mantener a raya la dictadura de mayorías legislativas. Herramientas que nos permitan a los ciudadanos vetar cualquier  legislación contraria a nuestros intereses y castigar a los responsables  de promoverlas, son necesarias porque sin ellas corremos el riesgo de perder espacios en los que se refleje la riqueza de nuestra pluralidad de visiones y pensamiento, así como los pesos y contrapesos indispensables para que nuestro sistema presidencial funcione óptimamente.
Para eliminar los pluris y  operar dentro de un sistema electoral de mayoría puro, es decir, sin ningún grado de representación proporcional, sería deseable,  también, adicionar nuestro sistema con más medidas que relajen la cohesión partidista: la reelección legislativa inmediata y las candidaturas independientes. Con ello, se puede propiciar entre los legisladores más votos basados en la conciencia individual, en función de los intereses de los votantes de los distritos a los cuales tendrán que acudir en las siguientes elecciones para poder continuar en el cargo, y tener claro en el trayecto que cuentan con una alternativa para contender en el proceso electoral en caso de que a consecuencia de sus votos el partido decida no postular al diputado o senador en funciones.
Sin embargo, si lo que se busca con la propuesta de eliminar los diputados  y senadores plurinominales es meramente mitigar dispendio de recursos económicos en nuestra ineficiente democracia representativa, entonces el camino es equivocado, pues se podría generar un ahorro mucho más significativo eliminando el  principio de mayoría dentro  de nuestro sistema electoral. Podríamos, no solo dejar de erogar los sueldos de los 300 diputados y 64  senadores, sino también la fortuna de dinero que se da a los partidos políticos para financiar esas campañas, más los recursos adicionales que se destinan de manera ilegal para estas campañas desde las administraciones estatales y municipales.
De cualquier forma, la piedra angular para llevar los cambios en el sistema electoral, en cualquiera de los dos sentidos, y la consecuente reducción del  tamaño del Congreso, es, precisamente, complementar nuestra democracia representativa con los mecanismos de democracia participativa que permitan hacer de la rendición de cuentas un proceso abierto, permanente, sin una fecha previamente establecida, rígida y determinada por la dinámica electoral.
Contar con la revocación de mandato, referéndum, plebiscito e iniciativa popular  nos faculta, no solo a aspirar a hacer más eficiente la construcción de acuerdos sino también a ahorrar recursos  y  generar mayor rendición de cuentas pero primero debemos definir si deseamos minimizar los costos de la democracia o maximizar la rendición de cuentas, para tomar en conjunto el mejor camino posible.
Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com)  y reproducido con la autorización de su Director.

Politólogo. Líder nacional de Insurgencia Participativa. Estudió la licenciatura en ciencia política y la maestría en Políticas Públicas en el ITAM. Asesor político en el ámbito federal, estatal y municipal desde 2001. Fue primer regidor del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. http://www.facebook.com/zanabar Twitter: @RobertoEstradaM