Nuestro país tiene, y disfruta y de eso hace gala, un sistema democrático – republicano, representativo – cuya base y centro es, aparte del pueblo, el Instituto Nacional Electoral, cuyas funciones están normadas y establecidas por nuestra Constitución Política y sus leyes secundarias y otras instituciones que complementa el aparato jurídico–político-electoral de nuestro sistema político partidista electoral.

                Aunque no viene al caso somos un país con una pluralidad política y diversidad ideológica, que ya no es característica.

                Una de las varias características y notas distintivas de nuestro sistema político electoral es la estructura y configuración del Instituto Nacional Electoral, cuya nota básica, esencial, fundamental, prioritaria, es que las decisiones las toman los ciudadanos por medio de los consejeros ciudadanos y uno de ellos es su presidente, como como toda forma de poder está limitado por la norma: tiene su vigencia de ejercicio de ese mandato, lo mismo lo de sus consejeros ciudadanos.

                En la estructura y funciones del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, los poderes – Ejecutivo y legislativo – están representados, pero en el seno de sus trabajos-deliberaciones, tienen voz, pero carecen de voto: las decisiones, sean del tamaño que sean y de la materia que sea, son tomadas por los consejeros ciudadanos.

                Partiendo desde su origen, su sostenimiento – recibe su presupuesto PROPIO, por parte de la H. Cámara de Diputados, como institución autónoma, NO como dependencia del presidente de la República, NI del poder Legislativo, del H. Congreso de la Unión – Diputados y Senadores – ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

                Esta autonomía le permite soberanía, libertad, objetividad, legalidad, certeza, independencia y objetividad, que no tendría si fuera secretaría de Estado o institución descentralizada o desconcentrada o, también, sostenida por particulares. NADA DE ESO. TOTAL, AUTONOMÍA.

                Esta autonomía tiene un costo y es elevado y a muchos podrá no gustarles o podrán no ser de su agrado los resultados electorales, pero, ¿CUÁNTO CUESTA LA MADUREZ, CIVILIDAD, CIVILISMO Y TRANQUILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL?

                ESTO NO TIENE PRECIO.

                Es indudable que hemos avanzado; que nuestras instituciones político-partidistas y sociales se renuevan y existe alternancia – si así lo ordenó el pueblo con su voto – en tiempo y forma. Y Todos tranquilos, acaso no muy contentos, pero sí estables y seguros y tranquilos.

                ESE ES EL VALOR Y EL COSTO DE NUESTRA DEMOCRACIA.          

LO QUE SE DEBE HACER AHORA ES MEJORARLO Y PERFECCIONARLO: URNAS ELECTRÓNICAS Y VOTO ELECTRÓNICO