Después de un prolongado silencio sobre el tema, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) anunció que entre el 14 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011 habrá una consulta pública no vinculante para discutir la pertinencia de lanzar una tercera cadena de televisión digital comercial. En caso de que esta iniciativa prospere nos encontramos ante un caso de alta relevancia para la joven democracia mexicana pues la pluralidad y diversidad en los medios es una garantÃa sine qua non para establecer un régimen democrático (Robert Dahl, 1993). En un mercado mediático altamente concentrado, como en el caso mexicano, una tercera cadena que inyecte aire fresco a la industria e incluya nuevos jugadores no es la panacea pero vendrÃa a modificar no solo la oferta de contenidos, sino que alterarÃa el balance de poder en esa industria. Por todo lo anterior, resulta pertinente preguntarnos lo siguiente: ¿Qué significa esta consulta pública? y ¿Qué debemos esperar de ella?
Como bien dice el dicho popular: En polÃtica la forma es fondo y el fondo es forma, por tanto a continuación desmenuzaremos ambas para entender porque la consulta de la Cofetel es un buen gesto pero que no hace un cambio sustantivo en la materia. En este caso fondo y forma se quedaron muy cortos.
El fondo
Como se ha documentado aquà y allá el diagnóstico en torno a la reforma de los medios de comunicación (en particular a la televisión) es muy preciso. Una oferta en televisión abierta altamente concentrada, el segundo más alta de la región, solamente después de Cuba; un mercado publicitario nacional de 57 mil millones de pesos de los cuales 33 mil millones van a parar a las arcas de las dos grandes televisoras; una ausencia total de los órganos reguladores (Cofetel y CFC); una televisión plagada de tele-basura y un largo etcétera.
Es por esto que cualquier cambio a la estructura mediática del paÃs, como lo es el lanzamiento de una nueva cadena de televisión digital, resulta ineficiente mientras no se legisle sobre un nuevo marco jurÃdico que ponga lÃmite a la concentración del espectro y a la publicidad, o que no dote a los órganos regulatorios de instrumentos reales que les permitan ser independientes y a las televisoras de mecanismos obligatorios para elevar la calidad de los contenidos.
Como se ha hecho en otras latitudes que en algún momento también padecieron concentración mediática, las experiencias de Argentina, Venezuela, Uruguay, entre otras, demuestran que es posible poner lÃmites a la concentración y alentar la pluralidad y diversidad. Pero son los poderes fácticos, que no fueron elegidos y que representan intereses particulares, los que han congelado una y otra vez las iniciativas que en esta materia han surgido (y que han impulsado aquéllas que reafirman la concentración (Ley Televisa). Por tanto, la consulta pública carece de fondo pues no se acompaña de un nuevo entramado institucional que modifique la estructura mediática nacional. Con esta iniciativa, la Cofetel construye sobre el fango.
En el fondo también es importante analizar quién toma las decisiones. La Cofetel, desde su nacimiento, tiene limitaciones que en el mejor de los casos lo convierten en una segunda ventanilla de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y que, en el peor de los casos, en un órgano sin atribuciones especÃficas. Bajo el esquema actual, por tanto, le es imposible tener las responsabilidades y funciones básicas para su desempeño. La Cofetel, además, ha mostrado muy poca independencia respecto a los empresarios que intenta regular. Ha sido, en la mayorÃa de los casos (Licitación 21, entre otros…) su comparsa. Con estos antecedentes, ¿La consulta pública sobre una tercera cadena son buenos deseos o una simulación?
La forma
En términos estrictos una consulta es un “parecer o dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de algo†(RAE). En la iniciativa de la Cofetel se solicita por escrito, vÃa internet, la participación y opinión de la sociedad civil, la academia, los concesionarios y los empresarios sobre la pertinencia de una tercera cadena. Los participantes, con previo registro, deben llenar un cuestionario de 14 preguntas en un tiempo determinado. Algunas de estas, cabe mencionar, con cierta dosis de obviedad (¿Considera que la oferta en México de televisión abierta es suficiente?). Â
Al pÃrrico cuestionario lo acompaña un documento que, entre otras cosas, se encuentra mañosamente redactado. Pues hace referencia a ciertos casos de éxito, como lo es el caso de Argentina, pero no toma en cuenta que en ese caso las “consultas públicas para reformar la ley sà fueron vinculantesâ€Â y “se generó una reforma legislativa que, entre otras cosas, limitó la concentración de la propiedad mediática, distribuyó la tenencia del espectro radioeléctrico y autorizó la participación de los sectores sociales en el otorgamiento de licencias†(AMEDI, 2011).
A diferencia de otros regÃmenes polÃticos, en la elaboración de polÃticas públicas en las democracias intervienen una serie de actores que, de una o de otra forma, el gobierno está obligado a escuchar y, de vez en vez, atender. Asà bien, respecto a estos actores, la consulta de la Cofetel fomenta un tipo de comunicación unidireccional que no permite el diálogo franco y abierto entre las partes.
Esta no es la primera que el gobierno demuestre disposición para escuchar a diferentes sectores de la sociedad en torno a la reforma a los medios de comunicación. Sobre esta reforma el gobierno ha convocado, desde 1980, una larga baterÃa de consultas públicas. Las primeras se realizaron entre 1980 y 1983, luego entre 1995 y 1997 y, finalmente, entre 2002 y 2003; el formato de todas estas fue un diálogo directo entre los interesados y no sólo una comunicación por escrito; no obstante, en ningún caso se votó iniciativa alguna sobre esta materia.
Si bien es cierto que a diferencia de las tres ocasiones anteriores la consulta que encabeza la Cofetel versa exclusivamente en torno a la pertinencia de una tercera cadena comercial, también lo es que dicha iniciativa, al igual que las anteriores, no resulta de ningún modo vinculante, por tanto, dada la suerte que han sufrido las demás, ésta, la de la Cofetel, también podrÃa seguir el mismo camino, el olvido.
A pesar de lo anterior, la Cofetel recibió poco más de 1,130 solicitudes. De este total, 4.1 por ciento corresponde a concesionarios; 4.4 por ciento a representantes de la industria; 14.1 por ciento a consumidores; 18.4 por ciento a académicos; 38.2 por ciento a particulares y 20.7 por ciento corresponden a otro tipo de actividad (Cofetel, comunicado 31/2011).
Sin embargo, algunos interlocutores de primer orden, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, han tildado de simulación la consulta pública de la Cofetel, pues como solamente se realiza vÃa internet y por medio de un cuestionario resulta imposible tener un diálogo fluido y transparente entre las partes. Â
Por último, la consulta tiene algo de novedosa, pues sorprendentemente después de 50 años de legislación esta serÃa la primera ocasión que se licitarÃa una cadena de televisión abierta. Al igual que en otras experiencias autoritarias, en México durante el ancien régime el control de la información y de los medios de comunicación eran parte medular del sistema (Linz, 1970). En ese contexto las licitaciones públicas eran obsoletas pues, al menos en materia de radio y televisión, el otorgamiento, regulación y administración de las mismas estaban subordinados a la discrecionalidad del Ejecutivo. Al parecer, entonces, en comparación con el pasado, desde el gobierno hay buenas intenciones de transformar las formas, pero la forma es fondo y ambas, en este caso, quedaron cortas.
Publicado en la Revista Gurú PolÃtico (http://www.gurupolitico.com) y reproducido con la autorización de su Director.
