Por los candidatos de todos los partidos políticos a los puestos de elección popular – desde las regidurías, sindicaturas, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, Senadores de la República, Ejecutivos estatales y titular del poder Ejecutivo Federal – se ha dicho, argumentado, acreditado y demostrado que los diversos candidatos representan grupos de poder, intereses de las cúpulas de los partidos que los proponen y no representan a las militancias de todos los partidos y que esa es la razón por la cual existe una brecha-distanciamiento entre partidos políticos-militancia y sociedad, porque los partidos políticos tiene el monopolio del acceso al poder político de la representación popular.
Tan es así que el ideal de la Representación de las Minorías se pervirtió y los representantes populares –por elección de Mayoría Proporcional – devino en acomodo de amigos, pago de facturas-favores, políticos, acomodo de y para familiares y son tan insistentes las voces que demandan el fin de este monopolio partidista de acceso al poder político que tiene las representaciones vía el sufragio que ya es promesa de candidatos a gubernaturas y a la presidencia de la República.
A nivel Federal está por finiquitarse la Gran Reforma – de tercera o cuarta o quinta generación, así como sus Leyes complementarias que permitirían las llamadas figuras de la Democracia representativa y popular: el Plebiscito, referéndum, Ratificación de mandato, la Consulta e iniciativa ciudadanas, la Segunda Vuelta y las candidaturas independientes. Se espera que a nivel federal en este año se dé luz verde a esta reforma constitucional y se fortalezca nuestras prácticas políticas y nuestro sistema partidista y electoral.
El pasado 14 del presente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación validó la reforma constitucional y electoral del estado de Quintana Roo, y declaró legal que un ciudadano, fórmula o planilla por demarcación, según el caso, pueda ser registrado como candidato independiente, ampliando las vías de la democracia y refuerza su carácter ciudadano. Este resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfecciona los mecanismos de una democracia cada vez más ciudadanizada y una mejor, y más democrática, actuación del sistema de partidos.
El ciudadano con mayor apoyo ciudadano podrá ser registrado como candidato independiente y será acreedor a recursos públicos y demás prerrogativas con la finalidad de que compita de manera equitativa con los candidatos partidistas.
Esta figura jurídica-electoral encuentra en la propuesta del Ejecutivo de Quintana Roo un modelo de aplicación exacta, transparente y exhaustiva en cuanto a todos los temas que otras legislaciones estatales han dejado sin resolver. También se garantiza la transparencia en el origen y destino de recursos, incluso de origen privado, que utilizarán en las campañas los candidatos independientes, pues quedarán obligados a la fiscalización en igual circunstancia que los candidatos de los partidos políticos.
Lo cierto es que con la competencia política se empieza a arrebatarle a rescatar, a quitarles a los partidos políticos el monopolio del acceso al poder.
