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El sistema político mexicano actual, es heredero del presidencialismo de antaño. Quizá lo fundamental estriba en reconocer que a las disfuncionalidades del viejo sistema, que llevaron a su agotamiento en algunos rubros fundamentales, se agregaron nuevas fuentes de inflexibilidad, consagradas en la legislación respectiva: las reformas electorales de la década de 1990, que incorporaron nuevos elementos y tornaron la tradicional inflexibilidad en parálisis.
El hecho de que el erario financie a los partidos y a las campañas, convierte al sistema partidista en un negocio y confiere a las franquicias de los partidos un valor económico extraordinario. Si no hubiera los dineros que hoy existen, no existirían fenómenos como los del Verde, Nueva Alianza, el ahora sedicente Movimiento Ciudadano y demás.

Adicionalmente, tampoco habría espacio para la ofuscación que hoy caracteriza a partidos como el PRI, el PAN y el PRD, donde existen conflictos intestinos obvios y profundas diferencias internas que, sin embargo, no se pueden resolver porque es prácticamente imposible salir del partido y seguir legítimamente en la política.
Por si eso no fuera suficiente, la legislación electoral crea un distanciamiento estructural entre los partidos y los ciudadanos. Una metáfora que puede servir para ejemplificar el problema, es la siguiente: cuando una empresa resulta incapaz de hacer frente a sus obligaciones contractuales y se declara en quiebra, tiene siempre dos opciones.
La primera, buscar formas para llegar a un acuerdo con los acreedores a fin de que, con un poco de flexibilidad y buena disposición entre las partes, se reconstituya una base sana de operación y se mantenga la cercanía con la clientela. La alternativa sería que, con todas las partes dogmáticamente aferradas a su posición, se acabe condenando a la empresa al fracaso, se cancelen las oportunidades que podrían aprovecharse y se arrojen por la borda los empleos.
El punto es que el sistema político mexicano ha llegado a un momento de enorme riesgo, donde las únicas opciones siguen siendo renovarlo o fracasar. Hay un sinnúmero de componentes que tendrían que replantearse y corregirse, para que se modernice y adecue a las nuevas realidades del país.
Sin embargo, si aceptamos que el objetivo medular de una reforma institucional, incluyendo la del sistema electoral y partidista, tiene que ser la ampliación de su representatividad y el desarrollo de una capacidad efectiva para tomar decisiones, entonces resulta bastante evidente lo que se debe hacer, a menos que se prefiera continuar con negocios caciquiles como los de los González, Elba Esther Gordillo o Dante Delgado y compañía.
La capacidad de tomar decisiones depende de la capacidad de los políticos, comenzando por los legisladores, para negociar sus posiciones respecto a un determinado tema, e intercambiar apoyos en legislaciones que convienen a cada una de las partes. Esa es la forma normal de operar en las democracias modernas, misma que resulta prácticamente imposible en un país con las enormes rigideces que caracterizan al México actual.
Por lo que toca al sistema de partidos, la legislación electoral debe facilitar la creación de todos los partidos que se quieran, limitándolos no en el momento de su formación, sino en su acceso al Congreso de la Unión y a los órganos legislativos estatales; y restringir el financiamiento público de manera drástica.
Es decir, si en lugar de hacer prácticamente imposible la creación de un partido, se facilita; y, a la vez, se eleva el umbral de votos necesario para tener presencia en la Cámara de Diputados, muchos políticos podrían encontrar atractiva la formación de un nuevo partido para que sean los votantes y no las burocracias partidistas que crearon la inflexibilidad, quienes decidan sobre lo atractivo de las ideas y posturas de esa nueva entidad. Los mismos ciudadanos, además, tendrán alicientes para apoyar financieramente a las opciones de su preferencia.
Renovar o fracasar: esa es la disyuntiva. Los procesos de reforma y cambio son complejos y conflictivos, toda vez que alteran las formas tradicionales de hacer las cosas, afectan los intereses creados y, al modificar las relaciones de poder, crean nuevas realidades que no a todos satisfacen.
En ausencia de una capacidad sistemática para encauzar y conducir los procesos de reforma, así como de un liderazgo competente y visionario, corren el riesgo de estancarse y arrojar resultados parciales que dejan insatisfechos a todos, a la vez que abren espacios para que aquellos grupos con un intereses que necesitan proteger, o bien empeñados en recuperar o lograr privilegios, busquen ganancias en la pesca a río revuelto.
Hay opciones, claro, mientras tengamos país y sistema a los cuales sea posible encaminar hacia la renovación. Porque con una política adversarial sin frenos ni límites, como la que se ha llevado hasta sus últimas consecuencias en la docena trágica del panismo empoderado, con la obsecuente complicidad de una seudoizquierda voraz, caníbal y acomodaticia, el estallido social no es una conjetura teórica, sino una amenaza del mañana inmediato.
Publicado en la Revista Gurú Político (http://www.gurupolitico.com)  y reproducido con la autorización de su Director.