Inició febrero y nuestro estado, sus instituciones políticas, sus protagonistas y la sociedad michoacana, entraron a una zona en donde lo inédito, lo inesperado, lo no vivido, ni visto, lo atípico, cotidianamente estarán conviviendo con nosotros.

Vayamos por partes: Nuestra Constitución política – la estatal – marca como término del periodo constitucional  de Leonel Godoy Rangel, el último segundo del último minuto del 14 de febrero. Pase lo que pase después, él debe retirarse de la titularidad del poder Ejecutivo.

Y pase lo que pase, antes de esa fecha y mucho después de esa fecha, demasiado de lo que suceda, será su responsabilidad e independiente de esa fecha, la Historia estatal – y la nacional y la del partido que lo cobijó para llegar al supremo poder estatal poder -, lo recordará, fundamentalmente porque fue el gobernador que le regresó el poder Ejecutivo estatal al partido revolucionario institucional. Eso nada ni nadie lo podrá cambiar, salvo una revolución. (Aquí no contará ni el monto de la deuda, las violaciones a las normas constitucionales y legislativas, las opacidades, pestilencias y desvíos  financieros  en la administración. Políticamente solo contará el hecho de haber perdido la elección).

Dado que entramos a una fecha con escenarios de sombras, poca luz y en el umbral de las conjeturas, rumores e hipótesis, suena que el aun Ejecutivo estatal no terminará su mandato constitucional, que solicitará licencia por X días, que, constitucionalmente, se encargará del despacho el secretario de gobierno y que, igual, paralela y/o sucesivamente, informará al Senado de la República que regresa a cumplir sus funciones de Senador, después de separarse de su encargo como titular del poder Ejecutivo del estado de Michoacán y, que, finalmente, su último Informe de Gobierno lo hará llegar al H. Congreso local – la LXXII Legislatura – con algún “destacado” miembro de su gabinete – secretario particular o secretario de gobierno – y saldrá por la puerta trasera.

Lo que genera expectativa en todos los sectores de la sociedad estatal e instituciones del estado de Michoacán,  es el esperado resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con la solicitud de anulación de la elección para gobernador, realizadas el pasado 13 de noviembre   y presentadas por los partidos  de la Revolución Democrática y de Acción Nacional y que debe darse “en estos días”, antes  del 15 de febrero y de  la Toma de Protesta del gobernador electo. Su resolutivo-decisión será final e inapelable. Lo que provoca más hipótesis y otros escenarios.

Además, está el asunto de la fecha de la programada elección extraordinaria del H. Ayuntamiento de Morelia que, de efectuarse ese día, o por esos días, violentará las  constituciones, Federal y local,  y la legislación electoral  – COFIPPE y Código Electoral de Michoacán y, además, para cuya realización,  hasta el momento se desconoce  a cuánto elevará su costo.

Y si a todo lo anterior lo colocamos en circunstancias en las cuales el H. Congreso local, la Llave de todo el Teatro Político, no está trabajando normalmente y aun no se encarrilla – bien por su inercia propia o por obstáculos premeditados y perversos – y los rumores, filtraciones y chismes, tenemos escenarios que se matizarían muy bien con la expresión “Dios nos Salve de los próximos 13 días”.