Son Estados temerosos y antidemocráticos.
Y ese temor los orilla, los lleva, a aplicar un relativismo de los valores, entre ellos los valores de la democracia, del principal y esencial de la democracia: el principio de la mayoría, de que la Mayoría manda y la minoría debe aceptarlo.
Si bien, en nuestro país desde Mariano Otero – en 1848 -, se presentó el derecho de las minorías de ser escuchadas y representadas y en nuestra legislación político-electoral está considerado este derecho y específicamente existen posiciones para que estas minorías sean representadas – que se haya pervertido, esos es cuestión convenenciera de los partidos políticos -, la realidad es que los grupos de presión, por convenir a sus intereses de grupo o de X,W,Z, protagonistas político económico y sociales -, no han dado pasos hacia la formación de partidos políticos – que sería lo lógico y congruente – ni se sujetan a la legislación constitucional y administrativa y hacen uso de la fuerza y abusan de la actitud “incívica” de las autoridades.
Además, estos gobiernos, desde esas fechas, – 1968 a la fecha – , que fueron llevados al poder por partidos políticos de la llamada izquierda o derecha o centro, aplican el relativismo de los valores: les importa mucho más la minoría que la mayoría; mucho más los pocos, que los muchos, que los integrantes del tejido social y hacen sinónimos dos palabras muy diferentes.
Y eso es, política y éticamente un error.
No es lo mismo reprimir que hacer uso del derecho del monopolio de la fuerza para contener, disuadir, convencer y hasta aplicar la fuerza, pero hasta y como la última instancia
Real y democráticamente, somos un Estado, una nación y un país, y su sociedad, de instituciones que nos llevaron por lo menos dos siglos para crearlas, desarrollarlas, mejorarlas y consolidarlas, que, muy seguramente, no son perfectas, pero sí mejorables.
Y si bien, por nuestra democracia, porque vivimos en un sistema democrático, como lo dijo el Gral. Carlos Galván Ochoa, en su célebre discurso del 22 de octubre del 2019, a nombre de las Fuerzas Armadas…”tenemos un gobierno que representa aproximadamente a 30 millones de mexicanos, cuya esperanza es el cambio que les permita subsanar lo que ellos consideran un déficit del Estado para dicho sector poblacional y que se sustenta en corrientes pretendidamente de Izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”, a quien le importa muy poco las instituciones y por eso, -regreso al discursos señalado, “ante los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido el fortalecimiento del Ejecutivo”, desea, si no desaparecerlas, si desgastarlas mucho más hasta hacerlas inoperables, no funcionales.
La autoridad – el gobierno, el Estado, el presidente de la República – , está obligado a respetar el Estado de Derecho, la Constitución política y las leyes que de ella emanan y cumplir y hacer cumplir la Constitución, donde sobresalen los artículos 6°, 7°, 87°, 88°, 89° – señalo las fracciones V y VI -, los Derechos Humanos y sus Garantías individuales y ejercer legalmente el monopolio del uso de la fuerza pública para conservar y ofrecer a la sociedad nacional seguridad interior en el país.
Como sociedad debemos demandar, exigir, reclamar que el gobierno, el Estado, no renuncie a sus obligaciones constitucionales y que no aplique selectivamente ni el uso de la fuerza, ni la aplicación de los instrumentos de procuración y administración de la Justicia.
Sobre todas las cosas, que la autoridad, el gobierno, el mismo Estado, preserven el Estado de Derecho; que no sea omiso ante los vandalismos y flagrantes violaciones la normalidad democrática; que se aplique la ley, sin partidización alguna, porque, inicial y finalmente, gobierna a más de 120 millones de mexicanos, no únicamente a los poco más 30 millones que votaron por él.
