La llamada política pública del gobierno federal – de Andrés Manuel López Obrador – en el área de migración y específicamente con las caravanas de migrantes centroamericanos – guatemaltecos, salvadoreños y hondureños está determinada por dos fuerzas:
La primera, la del entonces candidato a la presidencia de la República, por la alianza Juntos Haremos Historia, aglutinados en MoReNa, Andrés Manuel López Obrador, quien en condición de aspirantes al poder Ejecutivo a los migrantes centroamericanos prometió Puertas Abiertas=libre paso por el país por diferentes rutas hacia los Estados Unidos – alimentos, seguridad, asistencia médica y hasta trabajo, además de apoyos-plazas-empleos laborales y en la búsqueda de opciones hasta millones de dólares a los gobiernos de El Salvador y Honduras para el desarrollo de sus zonas y evitar estructuralmente el conflicto, – pero lo que urgía no era el futuro, sino el presente –.
La segunda, de acuerdo con la física, con la determinación del presidente de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump que amenazó con aplicar crecientes aranceles=impuestos mensuales – que serían del 5% hasta el 25% – a nuestras exportaciones, sino cambiaba su política pública migratoria y cerraba sus puertas.
Nuestro país debió dar un giro de 180 grados a su política pública migratoria y en este momento, superado ya el segundo semestre del 2019 que generó excesos de conflictos en todas las rutas usadas por los migrantes, pues ni las autoridades municipales ni estatales tuvieron dinero para cubrir todos los gastos de alimentación, salud, protección y hospedaje de los migrantes, están ya por lo menos dos columnas de caravanas-migrantes en territorio nacional y tocando puertas en la frontera sur – en el Suchiate.
Y lo que no deseaba Andrés Manuel López Obrador – ser calificado como represor – está sucediendo en esa zona, vigilada por elementos de la Guardia Nacional quienes ya se enfrentaron con escudos, gases y choques físicos.
La presidencia de la República a respuesta a carta firmada por cientos de migrantes que piden “libre tránsito – que no se les dará – y permiso de movilizarse libremente por tierras mexicanas – algo extremadamente difícil de conceder, por no precisar imposible -”.
En respuesta, el gobierno Federal ofrece 4000 empleos en distintos puntos del sur de nuestro país, además de becas y acceso a programas sociales – luz de la calle, oscuridad de tu casa -, opciones poco atractivas por las condiciones de inseguridad y bajísimos salarios, que caracterizan a nuestro país, similares a los de que huyen de sus países de origen.
Otra piedra más en el zapato de la administración Pública federal, que, muy posible y probablemente, resultará con el calificativo de represor, que no deseaba, pero…
