Carta a Joseph Biden de AMLO‏

Respetable señor Vicepresidente:

A pesar de que a lo largo de la historia, las relaciones entre México  y Estados Unidos han sido complejas, ha habido periodos de  entendimiento político y de cooperación.

Recordemos la relación de respeto que se logró entre los presidentes  Franklin Delano Roosevelt y el General Lázaro Cárdenas del Río en los  tiempos de la expropiación petrolera. O durante la Segunda Guerra  Mundial, cuando México ayudó a Estados Unidos para satisfacer su  necesidad de materias primas y mano de obra, mediante el convenio  laboral que dio origen al programa “Bracero”.

En los años cincuenta, México impulsó el desarrollo de su industria,  lo cual requirió de bienes de capital y tecnología de los Estados  Unidos.

En los sesenta, se iniciaron en México los programas para el  desarrollo de la zona fronteriza norte, aprovechando el creciente  intercambio comercial con nuestro vecino. Al mismo tiempo, el
desarrollo de nuestro mercado interno resultó atractivo para las  empresas estadounidenses, que abrieron filiales e invirtieron en  México.

En 1993, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y,  en 1995, Estados Unidos otorgó apoyo financiero extraordinario para
superar la devaluación del peso y la crisis de confianza de ese  entonces.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la cooperación bilateral se ha  enfocado principalmente a temas de seguridad, sin atender las causas  que han originado los problemas de violencia y la creciente migración  de mexicanos a los Estados Unidos.

Es posible, ciudadano Vicepresidente, que este descuido se deba a la  falta de información de lo que realmente ha sucedido en la historia  reciente de nuestro país; y en razón de lo anterior, considero  pertinente plantearle de manera resumida nuestra visión sobre el  origen de la crisis actual, así como nuestra propuesta para lograr el  renacimiento de México.

Debe tomarse en cuenta que desde 1983, la política económica aplicada  en nuestro país sólo ha beneficiado a una pequeña minoría y ha  propiciado el abandono de las actividades productivas, la falta de  empleos, el empobrecimiento de la gente y la descomposición social que  hoy se expresa en inseguridad y violencia.

Para demostrar que la crisis de México tiene como origen los malos  resultados de la política económica, conviene explicar que en los  últimos 29 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en  promedio de 2.3 por ciento y, si consideramos el aumento de la  población, el per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas  más bajas del continente americano y del mundo.

La falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos. En los  pasados 15 años, por ejemplo, solo se han generado anualmente 500 mil  empleos formales, cuando se requieren un millón 200 mil. Es decir,  cada año 700 mil mexicanos han tenido que optar entre buscarse la vida  en la economía informal, emigrar a los Estados Unidos o tomar el  camino de las conductas antisociales.

Y lo peor de todo es que, en los últimos cinco años, durante la  “guerra contra el narcotráfico”, han perdido la vida alrededor de 60  mil mexicanos, sin considerar a los desaparecidos. En muchos casos se  trata de víctimas inocentes y, en su mayoría, jóvenes que no tuvieron  oportunidades de trabajo ni de estudio y que, obligados por las
circunstancias, se convirtieron en delincuentes. Así de inhumana y  terrible es esta tragedia.

En pocas palabras, la violencia en México se ha originado, en lo
fundamental, por la corrupción y por la falta de desarrollo. También,
por ello, han aumentado los flujos migratorios hacia los Estados
Unidos. Esta es la realidad aunque todavía no termine de aceptarse.

Por eso nuestra propuesta pone el énfasis en la justicia, en la
honestidad y en cambiar la política económica, orientando la atención
y el esfuerzo hacia la generación de empleos y el bienestar de los
mexicanos.

Pensamos lograr este objetivo manejando con disciplina las finanzas
públicas; es decir, se respetará la autonomía del Banco de México; se
mantendrán los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento se
alcanzará sin inflación ni endeudamiento. Tampoco habrá aumentos de
impuestos en términos reales ni nuevos impuestos.

El desarrollo se financiará de tres maneras: se reducirá 15 por ciento
el gasto corriente, bajando los sueldos de los altos funcionarios
públicos y suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se
combatirá a fondo la corrupción; y se eliminarán los privilegios
fiscales. Con ello se podrá aumentar al doble la inversión pública,
que se utilizará como capital semilla para atraer inversión privada y
social, en un modelo tripartita para el desarrollo y, en particular,
para el desarrollo regional.

La agenda de proyectos incluye el impulso al sector agropecuario con
miras a lograr la soberanía alimentaria; el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas que son importantes fuentes de empleo; grandes obras
de ingeniería civil e hidráulica y manejo integral de cuencas de
grandes ríos. Asimismo, trenes de alta velocidad del centro al norte
del país; un corredor en el Istmo de Tehuantepec para comunicar a
países del Pacífico con la costa este de los Estados Unidos
(utilizando los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, con apoyos
para la creación de empresas ensambladoras de manufacturas y con la
construcción de un ferrocarril para el transporte de contenedores); y
un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo.

En cuanto al sector energético, proponemos la construcción de 5
refinerías para darle valor agregado al petróleo crudo; dejar de
importar 400 mil barriles diarios de gasolinas; ahorrar costos en
fletes; generar empleos aquí y bajar el precio de gasolinas, diesel,
gas y energía eléctrica en beneficio de consumidores y de las
empresas.

Proponemos también un proyecto de desarrollo turístico para la región
maya con la construcción de un tren rápido de Cancún a Palenque, con
estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Campeche. Por último,
habrá un amplio programa de construcción de carreteras y de obras
públicas para reactivar en el corto plazo la economía y crear empleos.

Con estos proyectos, garantizando la libre competencia y no
permitiendo prácticas monopólicas, lograremos que nuestra economía
pueda crecer a tasas de cuando menos 6 por ciento anual y generar
alrededor de un millón 200 mil empleos anuales.

La fórmula es sencilla: el Estado combatirá la corrupción, ahorrará
recursos e invertirá con eficiencia. El sector privado, en un ambiente
de confianza y certidumbre jurídica, invertirá en México y pagará
impuestos. El sector social se involucrará en los proyectos, vigilando
su buena marcha y cuidando el medio ambiente.

Además de este plan económico, aplicaremos una política de desarrollo
social destinada a combatir la desigualdad y la pobreza no solo por
razones humanitarias, sino para evitar la frustración y los estallidos
de odio y resentimiento que provocan. De modo que combatiremos la
delincuencia bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son
frutos de la justicia.

Enfrentaremos el flagelo de la violencia, con una estrategia y un
enfoque distintos al actual, creando fuentes de trabajo, combatiendo
la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y
atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio.

Asimismo, las dependencias encargadas de la seguridad y de la
procuración de justicia actuarán de manera coordinada; habrá mando
único y reuniones diarias del Presidente con el gabinete de seguridad;
se dará prioridad a las labores de inteligencia; se le seguirá la
pista al dinero ilícito; se cuidará que tanto los funcionarios como
los mandos policíacos sean personas de inobjetable honestidad; habrá
una policía federal profesional y moralizada para retirar gradualmente
al ejército de las calles; mejoraremos los sueldos y prestaciones de
todas las corporaciones policíacas. Y, en todo ello, habrá un
escrupuloso respeto a los derechos humanos. En suma: vamos a serenar
al país y estamos seguros que garantizaremos a nuestro pueblo el
derecho principal a la vida y a la tranquilidad que merece.

Esta nueva política exige llevar a cabo cambios de fondo en el
gobierno, en su estructura y en su organización. Estamos convencidos
de que sin combatir la corrupción en las altas esferas
gubernamentales, no será efectiva ninguna estrategia de desarrollo ni
de seguridad. La colusión de funcionarios con negocios privados de
toda índole en perjuicio del país y la ausencia de valores éticos, han
minado las bases de la prosperidad y han producido la actual
decadencia. Ante esta degradación, nuestra ventaja es que contamos con
la suficiente autoridad moral para convocar a todos los mexicanos y
juntos hacer de la honestidad y del recto proceder un estilo de vida y
una forma de gobierno.

En este marco, ciudadano Vicepresidente, es que les propondremos
formalmente, en su momento, un cambio sustancial en la relación
bilateral entre nuestros gobiernos.

Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de
Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones, es más eficaz y
más humano, aplicar una política de cooperación para el desarrollo que
insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación
policiaca y militar.

Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de
478 millones de dólares. Esto, además de ser muy poco, casi en su
totalidad (450 millones) se destina a la llamada Iniciativa Mérida.
Con claridad decimos que nuestra propuesta es obtener más recursos y
cambiar las prioridades: lo primero debe ser el desarrollo y el
empleo.

Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas
coercitivas. Con respeto a quienes piensan de otra forma, expresamos
que no es con asistencia militar y de inteligencia o con envíos de
helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad
y de la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo
migratorio construyendo muros, haciendo razias o militarizando la
frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados
Unidos, lo hacen obligados por la necesidad. Lo arriesgan todo para
tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza.

En esencia, lo que planteamos es que el gobierno de los Estados Unidos
aumenten y den un nuevo cauce a la ayuda oficial a México. Y para eso,
estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico y
establecer una nueva relación fincada en la cooperación para el
desarrollo. Ello, desde luego, en un ambiente de respeto a la
soberanía de nuestro país. Inclusive, promoveremos la firma de un
acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a
reactivar la economía y a crear empleos en México. Con esto se
lograría atender las causas que han dado lugar a la inseguridad, a la
violencia y al fenómeno migratorio.

Al mismo tiempo, es de nuestro interés convencer a congresistas y
funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, de la
importancia de aprobar una reforma migratoria para regularizar la
situación de los mexicanos que trabajan honradamente en ese país. Y
que, en vez del maltrato, la persecución y el racismo, se reconozcan y
respeten sus derechos laborales y humanos.

Ciudadano Vicepresidente:

Por lo que a nosotros corresponde, sostenemos que, por razones
geográficas, económicas, culturales y porque millones de mexicanos
viven y trabajan en los Estados Unidos, el mejor camino es buscar una
política de buena vecindad y de mutuo beneficio, manteniendo
inalterables los derechos soberanos de nuestras naciones.

Hay voluntad de nuestra parte de procurar con el gobierno de los Estados Unidos una relación basada en la cooperación para el desarrollo, la prosperidad, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros pueblos.

En particular, reconozco a usted y a su gobierno, la decisión expresa
de no intervenir, bajo ninguna consideración, en los procesos
electorales de nuestro país, asunto que solo corresponde resolver, con
democracia, absoluta libertad e independencia, al pueblo de México.

Cordialmente.

Andrés Manuel López Obrador
Precandidato a la Presidencia de la República
por la Coalición Movimiento Progresista