El asunto del periodo gubernamental de Bajacalifornia ampliado – de 2 a 5 años – por Decreto de Reforma Constitucional del H. Congreso local de ese estado, está por definirse por la máxima instancia jurídica del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre otras instituciones estatales y nacionales – partidos políticos como el PAN, MC, PRI, el mismo INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos – Causa Común, se sumó a las acciones promovidas por entidades públicas, autónomas y privadas para solicitar la intervención de la Suprema Corete para anular el decreto de reforma constitucional y de ampliación de mandato del titular del Ejecutivo estatal, Jaime Bonilla.
El PAN cuestiona la ilegalidad y acusa que el objetivo es perpetuarse en el poder. Movimiento Ciudadano demanda respetar el orden constitucional y la democracia mexicana. El PRI impulsa la exigencia de dejar sin efecto el cambio avalado por el congreso estatal. El INE promueve recurso de inconstitucionalidad por ser una reforma fuera de tiempo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncia contra le reforma constitucional del H. Congreso de Bajacalifornia y pide impedir extender el mandato y, como complemento diversas organizaciones privadas se pronuncian contra la reforma constitucional y piden que se confirme la ampliación del periodo gubernamental.
Causa Común, utiliza el recurso jurídico AMICUS CURIAE – Amigos de la Corte -, firmado por 137 ciudadanos, para que el máximo tribunal del país considere la norma internacional y las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Causa Común considera que la gestión de Jaime Bonilla representa, y es, una afectación no sólo para la entidad, sino para el federalismo mexicano; precisa, además, que debe ser anulada y que, también, cualquier intento de debilitar a las autoridades y/o a las instituciones será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.
Además, detalla en ese documento el daño que genera al sistema democrático del país, debido a que desde el H. Congreso local, se trasgredió la decisión de la población, vulnerando valores democráticos como el respeto al voto, ya que el H. Congreso suplantó la voluntad popular de los electores al elegir de facto a un gobernador tres años más, sin que se realizaran elecciones, con lo que vulneró la idea de soberanía popular.
Con esta reforma se contravienen normas constitucionales debido a que cualquier modificación a la legislación se deben hacer 90 días antes de que inicie un proceso electoral, no después de que se lleve a cabo, y mucho menos para alterar la voluntad ciudadana al modificar el periodo de tiempo de una gubernatura; contiene efectos retroactivos en perjuicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos al modificar los resultados de la elección en la que votaron, y afecta la certeza de los gobernados, porque el poder Legislativo cambio las reglas del juego democrático en un momento posterior a la expresión del voto.
Causa Común pide que la norma impugnada y expulsada del ordenamiento jurídico de Bajacalifornia porque tiene suficientes elementos para considerarla inválida.
