La llamada Ley Bonilla ha sido muy criticada por su abuso de poder, inclinación de representantes populares locales – sumisión ante el poder – y por su naturaleza antidemocrática; una chicana da, comentó el presidente de la República desde el púlpito de palacio nacional por ser una burla al encaje legal constitucional y al votante al manipular e interpretar a su conveniencia la voluntad popular, en beneficio exclusivamente de Jaime Bonilla, su grupo y MoReNa.
La reforma fue aprobada y su publicación retardada para que en su lapso de tiempo entre las impugnaciones que aguardaban y la toma de posesión, este 1° de noviembre, fuese insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera resolver, estrategia orquestada desde el primer círculo del gobernador electo, que pretende tres años más de poder, a cualquier costo.
La Suprema Corte de Justicia admitió 4 acciones de inconstitucionalidad en contra del robo que significa la Ley Bonilla. El ministro Fernando Franco es el encargado de procesar estos reclamos y valorarlos, a la luz del espíritu y letra de la Constitución: El Ministro no concedió la suspensión del acto, es decir, Jaime Bonilla protestará el cargo como está previsto, el 1° de noviembre.
Sin embargo, la Corte advierte que Jaime Bonilla tomará posesión porque el efecto reclamado está protegido; si en seis o doce meses la SCJN resuelve que la reforma que extiende de dos a cinco años el periodo de gobierno es inconstitucional al haberse efectuado después de las elecciones, entonces el gobernador deberá dejar el cargo al cumplir dos años.
La Ley Bonilla está en capilla: la SCJN tiene el asunto en sus manos y las probabilidades de que el proyecto de sentencia del ministro Franco sea opuesto a la extensión de mandato, sin altamente probables; la ausencia por renuncia de uno de sus ministros obliga a un consenso casi absoluto; la única posibilidad de que Jaime Bonilla se salga con la suya es la división de criterios e interpretaciones en el seno de los ministros de la SCJN.
La Ley Bonilla está siendo combatida por el INE: consejeros electorales solicitaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definir el periodo para el cual Jaime Bonilla protestará este 1° de noviembre.
Al articulado de argumentos que alertan lo absurdo de la pretendida extensión de mandato, se le suman un par de acciones contundentemente superiores : por un lado, la revisión del máximo tribunal constitucional y, por el otro, la intervención de la última instancia judicial en materia electoral que abren posibilidades para impedir la violación constitucional en Baja California, el cual, de realizarse inaugurará no deseable vía para burlar las reglas mínimas de la democracia, razón por la cual se dice que este hecho – todo el proceso de la Ley Bonilla -, es ensayo de laboratorio social, de los que ya ha realizado la cúpula de MoReNa.
La gestión de Jaime Bonilla iniciará manchada de por su intención de prolongar el mandato para el cual sus paisanos votaron; varios de sus meses de gestión estarán determinados por la incertidumbre de lo que la SCJN y el TEPJF resuelvan, el resto del tiempo será un suspiro para él. La Ley Bonilla quedará como un ejemplo o de desaseo o de audacia y ambición política – mediante artilugios, chicanas y hechos amparados dentro de la sombra del poder y como un ensayo político social que puede resultar.
