Continuando con el asunto de la inseguridad social, desde nuestra zona de confort es muy simple señalar responsable, porque los culpables materiales, e intelectuales, incluso, son los ejecutores y realizadores de los hechos delictivos y los responsables son el Estado, en sus tres niveles de gobierno y nosotros, como sociedad y como individuos.
Como Estado-gobierno, por las vertientes siguientes: 1°.- La escasa eficiencia en el arte de gobernar; si bien se llega al escalón de poder por la línea democrática – vía electoral – la democracia no lleva como valores agregados la gobernabilidad, ni la eficiencia, ni la honestidad, ni la experiencia, ni el conocimiento ni la competencia, lo que genera las posibilidades de realizar un ejercicio del poder completamente ineficaz, ineficiente, malo y hasta pésimo, calificaciones que a quienes están en el poder, les importa un centavo y gobiernan – si a eso que hacen, se le puede llamar gobierno – con los medios de comunicación o chantajeando o cohechando o hasta asesinando a sus oponentes.
2° Inexistentes políticas públicas alejadas de las necesidades de la sociedad, y en el mejor de los casos, ineficientes, lo que genera planes y programas de acciones públicas totalmente incongruentes, desperdiciadas y hasta onerosas, si no es que corruptas; particularmente las referidas a la seguridad pública, sin percibir la realidad, que es la fuente del conocimiento para la toma de decisiones; concretamente, con planes y programas de acción contra la inseguridad realizados o en escritorios o sin información, sin datos duros; sin objetivos, sin finalidades, sin metas congruentes, accesibles, sin acciones realistas y sin contener los cómo, los con quiénes y los cuándos y los con qué.
2°. 1 Dentro de estas políticas públicas, el Estado – en sus tres órdenes de gobierno – Federación, estados y municipios – olvidó el apoyo, coadyuvante de la Educación como servicio público – fortalecimiento de planes y programas de asignaturas dentro del planes y programas de estudios que fortalezcan el civismo, ética, lógica y valores sociales y humanos – y la colaboración indispensable de las familias para la formación de hábitos de respeto a la ley y a la norma con la finalidad de restablecer, sanar y fortalecer el tejido social y la vigencia del Estado de Derecho, que mostraría que somos una sociedad que vive en Estado de Derecho y donde existen instituciones.
3° Planes y programas de acción contra la inseguridad que parten de cualquier otra parte – posiblemente de datos estadísticos – que por muy regionalizados y focalizados que estén, deben iniciar, desarrollares y terminar en el municipio. Los municipios son constitucionalmente los responsables de ofrecer seguridad a sus habitantes – inciso h, de la fracción III del artículo 3° Constitucional y ratificado por el contenido literal y en espíritu del artículo 21° de la misma constitución; bases jurídicas que obligan a reformar la procuración y administración de la justicia, las asignaciones presupuestarias – ministerios públicos, corporaciones policiacas – sus mandos y titulares -, equipo, remuneraciones, prestaciones sociales, etc. – Siendo el municipio la cuna de todos los causantes de la inseguridad, también debe ser la llave de su solución.
Pero no.
El Estado prefiere la vía coyuntural, la corta – la del enfrentamiento, el choque físico, la guerra, la confrontación, que tiene demasiadas posibilidades de fracasar. Lo más grave es que, aparte del derramamiento de sangre y lo oneroso de esta vía, si el Estado es derrotado, atrás de él ya no hay ninguna otra barrera y se vivirá dentro de la anarquía, la barbarie, la Ley del Más fuerte, la Ley de la Selva. – y no la larga – la de la educación familiar, institucional, planes y programas basados en la realidad municipal y gobiernos eficientes, honestos, transparentes y sensibles a la sociedad: generadores de gobernabilidad político-social y estabilidad social.
Por eso la seguridad está mal y de malas en todo el país, básicamente.
