Los graves sucesos bélicos – porque eso fue, una abierta guerra urbana – de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, están demasiado tratados por la boca, en la pluma de todos y en todos los dispositivos individuales.
Dejemos a un lado el amarillismo, sensacionalismo y la inmediatez y reflexionemos un poco sobre el hecho de política pública de seguridad en sí.
Se muestra una fuerza militar superada, cuantitativa y cualitativamente, superada por los integrantes del cártel de Sinaloa.
Se muestra una fuerza-comando carente de información en tiempo real, de planeación y con ausencia de coordinación., con improvisación en exceso e inexperiencia, a más de ineficaces.
Se ha filtrado que los secretarios de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Fuerza Aérea están molestos por todo el evento, pero sobre todas las circunstancias, porque: 1° No se les tomó en cuenta; que fue decisión del secretario de seguridad ciudadana – Alfonso Durazo – y del titular del Ejecutivo federal – Andrés Manuel López Obrador – quienes trataron de recuperar imagen con la captura del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio – el Ratón -, Guzmán López. 2° Porque los del Cártel de Sinaloa, sitiaron y se hicieron del control de la unidad – colonia habitacional de los jefes militares donde radican sus familias y hasta las tomaron como rehenes y amenazaron con masacrarlos. 3° Los militares del operativo y de la zona habitacional fueron capturados, humillados, despojados de sus armas y vehículos desarmados, y fueron objeto de negociación para la liberación de Ovidio, hijo del Chapo Guzmán. 4° es la primera ocasión en la historia del país que elementos del ejército nacional son humillados, capturados, despojados de sus armas y vehículos y utilizados como recursos de negociación para liberar a un delincuente.
Estas situaciones, en sociedades y Estados menos políticos, más democráticos y con suficiente honor, orgullo, valores éticos y dignidad, obligarían a una renuncia obligada y natural de los responsables del área en entredicho: Alfonso Durazo y los mandos de la Guardia Nacional que participaron en el operativo.
Mas, igualmente, obligaría a que el titular del Ejecutivo federal reflexionara su política pública sobre seguridad nacional y a la intervención de los otros dos poderes de la Unión para, una, construir un frente común, legal y de procuración de justicia, contra la delincuencia organizada y, dos, proponer una seria evaluación de todo el proyecto-programa de seguridad pública nacional, porque no está dando-ofreciendo ningún resultado positivo para la sociedad nacional. 3° Hacer, obligados, cambios en su gabinete de seguridad…O renunciar.
El titular del Ejecutivo federal está obligado a revalorar sus actitudes y aceptar que por muy franciscana que seas sus actitudes, las guerras – porque estos hechos no so0n casuales: son una guerra y las guerras no se ganan con estampitas, ni con jaculatorias, ni con palabras franciscanas, pidiendo a los delincuentes que se acuerden de sus mamás, papás y abuelitos…es una lucha de sobrevivencia y se trata de que el Estado mexicano sobreviva y sea hegemónico y no coexista dependiendo de los delincuentes y aquí, Andrés Manuel López Obrador, está incumpliendo el artículo 87° de la nuestra Constitución Política: mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación. Y se lo podemos demandar.
