El candidato triunfador, Bonilla, ha manifestado que los que (los partidos y diputados) están quejándose fueron los primeros que aceptaron el acuerdo, pero no expresó cantidades ni más detalles.
En el seno del congreso de la Unión – particularmente la H. Cámara de Diputados – individual y partidistamente expresan rechazo sobre tal acción legislativa y la califican como “albazo legislativo”, calificándolo de inconstitucional y que, además, y es interesante, como una desviación – demagógica – de las instituciones republicanas y democráticas, rompiendo el Estado de Derecho y debilitando las instituciones jurídicas, republicanas y democráticas del país.
Además, organizaciones empresariales tanto estatales como nacionales – como el Consejo Coordinador Empresarial – CEE – se han expresado negativamente en contra de estas acciones de la legislatura saliente baja californiana afirmando que presentarán en tiempo y forma recurso de inconstitucionalidad de dicha acción.
Ahora bien, ¿cómo se ven las cosas?
Simples: el acto no es ley, aun, y el gobernador actual de ese estado puede regresar el decreto acordado, con anotaciones para su corrección y muy seguramente llevará las indicaciones jurídicas.
La ley – el encaje legal – es muy clara: no se puede alargar un periodo de algún titular del Ejecutivo, ni de representantes populares, si no ha sido determinado por los electores, es decir, mediante un proceso electoral, vía las urnas.
Aquí se puede caer en discusiones y ajustar convenencieramente interpretaciones: los diputados son electos vía electoral por los ciudadanos con sus derechos a salvo por lo que, en el fondo existe una elección popular, aunque sería por representantes populares, mas la ley – la Constitucional federal y la del estado, Baja California – son sumamente claras -: vía electoral, vía el voto.
Es casi un hecho que cuando se presenten en oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos de inconstitucionalidad de todos los interesados o la misma Corte atraiga el hecho por ser marcadamente valioso para las instituciones republicanas del país, sea señalada su improcedencia e inconstitucionalidad y Bonilla deberá aceptar la resolución del máximo órgano jurisdiccional del país= del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta otro hecho, que no se puede comprobar, pero que no debe dejarse pasar por alto: la cúpula Morenista: la cúpula morenista está experimentando varias vías y acciones para o fortalecer y/o conservar=ampliar su poder.
Intentó saber y valorar la movilización social con los cierres de las válvulas de los ductos que entregan combustibles a las estaciones regionales de la para estatal PEMEX y percibió el rechazo social y la movilización. ¿Y aceptó que ése no era el camino? No lo sabemos.
Con la militarización= ocupación del país = distribución – por la Guardia Nacional, no ha habido rechazo social, porque está expectante de resultados.
Esta acción legislativa estatal está mostrando la reacción de instituciones, Medios de Comunicación – tradicionales y contemporáneos – las demoniacas redes sociales+columnistas, organismos privados, la opinión pública y la sociedad nacional y están valorando esta vía.
La forma como se resuelva esta situación, la respuesta de la sociedad nacional y la actitud del presidente de la República indicarán pautas y rutas.
